Las cajas que guardan las pruebas del caso Hotesur secuestradas por orden del juez Claudio Bonadio tuvieron un vieja agitado en el último mes. Fueron secuestradas entre el 13 y 14 de julio en Río Gallegos y Capital Federal, en un raid de operativos de la Policía Metropolitana que desató la furia tuitera de la Presidenta. El 13 estaba festejando los dos años de su nieto mientras Bonadio allanaba los hoteles de la familia Kirchner en busca de la documentación que determinara si las habitaciones contratadas por las constructoras de Lázaro Báez realmente fueron ocupadas o existió una maniobra de presunto lavado.
Hoy, las cajas están apiladas en un depósito del área de Delitos Económicos de la Prefectura, cerca de los tribunales de Comodoro Py, por orden del juez Daniel Rafecas, quien ordenó a esa fuerza que digitalice todo. Hay también tres discos rígidos, varios DVD’s y pendrives, pero la mayoría está en papel.
Esta causa comenzó en 2014 por una denuncia de la candidata presidencial Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades en la administración de Hotesur. Como reveló ayer PERFIL, los registros de los huéspedes del Hotel Alto Calafate están hechos a mano. Estaban en una carpeta en 230 hojas con fichas de arribos/partidas y datos de movimiento de pasajeros, según el acta de allanamiento a la que accedió este medio. Los huéspedes, sus entradas, salidas y consumo de frigobar, están registrados a mano y con información incompleta.
Hay más. Se llevaron una carpeta tipo bibliorato de cartón que contiene 358 hojas con fichas de egresos, ingresos y detalles de los pasajeros del hotel Las Dunas –otro de los presidenciales–, junto con 190 vouchers de distintas empresas, y 32 hojas de cuentas de gastos de clientes.
No es tan simple conseguir documentación oficial de la empresa de la Presidenta, que al menos en 2014 controlaba su hijo Máximo. Según las actas de los allanamientos, cuando fueron a buscar información sobre Lázaro Báez, Cristóbal López –quien también alquiló a los K–, Osvaldo Sanfelice, Alto Calafate Hotel Patagónico, Hotesur, y las gerenciadoras Idea SA y Valle Mitre, en la sede central de la AFIP la subdirectora general de Operaciones Impositivas en el Interior dijo que esa documentación se encontraba en la agencia Río Gallegos y tuvo que pedir que personal de allí viaje a Capital Federal para traerla.
Cuando fueron a la Procelac –encargada de la investigación y prevención del lavado de dinero– se llevaron información más que interesante sobre Cristóbal López y Lázaro Báez. Pero no había documentación sobre Hotesur.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó un expediente de ocho cuerpos de 2013 sobre la empresa Paraná Metal SA, de Cristóbal López, y otro expediente con once Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Báez.
Las defensas de la familia Kirchner, de Báez y Sanfelice, gerenciadores de algunos de los hoteles presidenciales, tenían tiempo hasta el viernes para apelar la decisión de Rafecas quien determinó que las pruebas contenidas en estas cajas, vigiladas por una cámara de seguridad de forma permanente, son válidas y podrán usarse en la investigación. Sin embargo, nadie se presentó. Los abogados tal vez estén más concentrados en preparar los argumentos para que la causa quede en manos de la Justicia Federal de Río Gallegos.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decidió que la causa Hotesur debe seguir siendo investigada por Rafecas, pero no es definitorio. La Cámara Federal porteña debe dar su veredicto en aproximadamente un mes. Si no se ponen de acuerdo, la causa seguirá congelada hasta que decida otro tribunal.
