El gobierno nacional sufrió un tropezón parlamentario por la imposibilidad de avanzar en la aprobación definitiva de la ley que busca establecer parámetros epidemiológicos para tomar medidas sanitarias en pandemia que, de acuerdo a la idea inicial, servía para evitar los DNU presidenciales. Como conclusión, la ley no salió y Alberto Fernández prorrogó por dos semanas más las medidas vigentes a la espera de una activación en el Congreso que parece cada vez más complicada.
“Estamos llegando a un punto en el que esperaba que una ley resolviera cómo seguir trabajando el tema, deberemos esperar una semana más”, dijo el Presidente ayer, en un directo mensaje a la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo dictamen de comisión pero no pudo ser llevado al recinto por no reunir el número necesario para incluirlo en el temario de la jornada.
El proyecto tiene múltiples denominaciones de acuerdo a quién la invoque: desde la formal “Ley de Parámetros Epidemiológicos y Sanitarios”, pasando por “Ley Covid”, “Ley Pandemia” y “Ley Semáforo”, pensadas para simplificar su significado pero también conocida como de “delegación de facultades” o de “superpoderes”, estas dos últimas de acuerdo a la mirada opositora.
En la lectura del día después, en el oficialismo reconocen que hubo al menos una desorganización en la convocatoria sobre la hora de la comisión que trató el tema, con la complicación posterior para incorporarlo al temario, lo cual requería el aval de los tres cuartos de los diputados para lograrlo.
Juntos por el Cambio dice
que se trata de un “cheque
en blanco” al Poder Ejecutivo
Pero al mismo tiempo dejaron trascender que en muchos de los polémicos proyectos que vienen del Poder Ejecutivo “hacen como que hacen”: defienden la idea, dan la discusión y encaran las negociaciones preliminares y luego todo queda estancado. Lo mismo sucedió con la reforma del Ministerio Público Fiscal, otro tema que tiene dictamen pero por ahora es difícil que sea votado. La explicación es que hay que “aflojar tensiones” con el ala dura pero lo cierto es que en varios asuntos no hay mucha convicción, señalan.
La ley enviada por el Poder Ejecutivo tuvo el respaldo del Frente de Todos y un aval con disidencias del jefe del interbloque Federal Eduardo “Bali” Bucca, y otros dos dictámenes en rechazo de Juntos por el Cambio y de Graciela Camaño, que presentó una alternativa propia.
Por la oposición, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Gustavo Menna fue quien estuvo a cargo de la elaboración del texto en rechazo y durante la reunión de dicha comisión con Salud marcó su claro rechazo a la iniciativa. “Es una ley delegativa que otorga un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, sin bases concretas ni temporalidad, avanza sobre la intimidad de las personas, establece la juridización y penalización de la vida privada y habilita el poder sobre una sola persona”, dijo el chubutense. Camaño, por su parte, fue otra de las legisladoras con un fuerte mensaje e insistió que fue “una ley contraria a la Constitución” que además “los gobernadores no están obligados a cumplirla”.
En el escenario actual resulta complicado que salga la ley la semana que viene como pidió el Presidente. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, involucrado en la suma de voluntades, estará de viaje en Estados Unidos y por ahora no hay variantes claras sobre cómo reunir los 129 votos. Camaño, junto a Consenso Federal ya dieron su rotunda negativa, lo mismo que la izquierda, los dos referentes socialistas de Santa Fe Enrique Estevez y Luis Contigiani y los cuatro representantes de Córdoba que trabajan en línea al gobernador Juan Schiaretti.
