“En este país hay cinco poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la prensa y Comodoro Py”. El autor de esta frase, lanzada al pasar ante PERFIL mientras Amado Boudou ya estaba preso, es uno de los integrantes del edificio enclavado en los confines de Retiro, escenario de una desatada carrera de detenciones que nadie sabe hasta dónde puede llegar.
En despachos oficiales dicen que los jueces están descontrolados, aunque algunos son más escépticos. “¿Descontrolados o asustados? –preguntó ante PERFIL una voz del Gobierno al evaluar lo que sucedió esta semana–. La detención de Boudou pareció desmedida, casi un manotazo de ahogado innecesario. Y no está relacionado sólo con la auditoría sino con las derivaciones que pueda traer aparejadas el caso Freiler”, agregó.
Es que el encarcelamiento de Julio De Vido, con el decisivo rol del Congreso para quitarle los fueros, fue celebrado en el oficialismo, que lo vivió como un triunfo propio. Pero el arresto inesperado del ex vicepresidente kirchnerista, en la mañana del viernes, ordenado por el juez Ariel Lijo, sacudió a la Casa Rosada y también a muchos de los jueces y fiscales, que miraron la escena con desconcierto e incomodidad. “El Gobierno no tiene nada que ver con todo esto, pero sí el juez –aseguró enojado el abogado Matías Molinero, defensor de José María Núñez Carmona, amigo de Boudou y detenido junto a él–. Conozco a Mauricio Macri y sé lo que opina de los jueces federales porque él lo sufrió. Lo sufrió en carne propia y lo sé de parte de él”.
La detención de Boudou –que desde tribunales sostienen que ya estaba decidida desde hace rato– fue el corolario de una semana eterna, que se inició con la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, referente de Justicia Legítima y procesada da por fraude en la compra de un edificio, y las palabras de Mauricio Macri contra la feria judicial y los horarios de tribunales. “Uno de los pocos temas que tocó (el Presidente) fue la Justicia, a la que criticó, sin encontrar ninguna virtud. Si ése es el nivel de discusión sobre esto, la verdad que empezamos mal”, disparó el juez Claudio Bonadio ante los periodistas.
Para ese momento, el Consejo de la Magistratura ya había activado denuncias contra los jueces Ariel Lijo y Daniel Rafecas, por los resultados de una auditoría que reportaba demoras en ciertas causas de corrupción en sus juzgados. Hubo otros jueces cuestionados porque no habrían presentado a tiempo sus informes, algo que los protagonistas desmintieron. El problema de esa auditoría no sólo eran los nombres que aparecían, sino los de los magistrados que no aparecían. Eso mortificó a los jueces señalados y provocó suspicacias por los ausentes.
“Están empezando una caza de brujas –dijo un magistrado enojado en los pasillos de tribunales–. Nos están mandando un mensaje a todos”. La lectura de esa interpretación estaba unida a los votos que se necesitan en el Jury del Consejo de la Magistratura para desplazar al camarista Eduardo Freiler, acusado de mal desempeño y de enriquecimiento ilícito. Y la pieza que –al no renunciar, como buscaba el Gobierno– derivó en esta embestida.
Tal como había anunciado PERFIL, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, apareció el jueves en un congreso que había organizado la liga de jueces federales (Ajufe), por primera vez dando un respaldo público. Ahí estaba el ministro de Justicia, Germán Garavano, defendiendo los reproches de Macri a la Justicia y haciéndoles saber que no es un problema de recursos lo que tiene el Poder Judicial.
“Están dentro de los sueldos más altos del país, de la región y hasta del mundo”, se le escuchó decir. Casi en paralelo, se difundían los sueldos de las jubilaciones de los ex ministros de la Corte Suprema, encabezados por Raúl Eugenio Zaffaroni. Lorenzetti le reprochó al ministro que hace diez años que vienen pidiendo reformas, y este Gobierno, con dos años de administración, aún tiene vacante el 30% de los cargos en la Justicia.
En ese escenario, llegó la detención de Amado Boudou. Al precedente que disparó el camarista Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, pidiendo nuevos parámetros de excarcelaciones y arrestos para los acusados de corrupción que aún conservan lugares de poder, se le sumó ahora otra rueda del engranaje: la posibilidad de morigerar condiciones de detención y reducción de condenas, en un tiempo exprés, para quienes brinden datos “precisos, comprobables y verosímiles” en la recuperación de dinero ilícito o en la identificación de autores de delitos de corrupción. Toda una invitación a arrepentirse.
En ese clima trabajan hoy los jueces federales. Y nadie se anima a predecir las consecuencias.
Los dos modelos de jueces de la Casa Rosada
En la Casa Rosada tienen dos modelos de jueces federales. Uno parece reunir todos los requisitos de lo que, siempre según los criterios de los principales referentes de Cambiemos en el Gobierno, está bien. El otro, en el oficialismo no tienen dudas, representaría todo lo que habría que desterrar para siempre de la Justicia. En ambos casos, esos modelos tienen nombre y apellido: Martín Irurzun (presidente de la Cámara Federal y el habitante de Comodoro Py preferido del Gobierno) y Ariel Lijo (el juez federal más cuestionado por el macrismo). Curiosamente, los dos tienen muy buena relación con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Y curiosamente también, un fallo de Irurzun le dio pie a Lijo para detener el viernes a Amado Boudou en una causa en la que el ex vicepresidente no había sido procesado y ni siquiera indagado.
Todo esto fue posible a partir de un fallo de Irurzun sobre la situación del ex ministro Julio De Vido que amplió los criterios para rechazar las excarcelaciones y avalar detenciones en casos en los que los imputados de corrupción pudieran conservar vínculos con áreas de poder que permitieran la destrucción de pruebas. Aun antes de ese fallo que sentó una nueva jurisprudencia, en la Casa Rosada era frecuente escuchar este tipo de comentarios: “Necesitamos más jueces como Irurzun”.
En ese mismo despacho de Balcarce 50, ocupado por un hombre que conoce al presidente desde hace muchos años, también era común escuchar una opinión muy distinta de un juez federal de primera instancia: “No queremos más jueces como Lijo”. Le cuestionan, entre muchas otras cosas, su perfil más político que jurídico. El juez, se sabe, suele jactarse de que su juzgado “parece una unidad básica”.
Tanto Irurzun como Lijo saben lo que piensan de ellos en la Casa Rosada. Lo que no se sabe es cuánto de eso influye a la hora de dictar sus fallos.
Candidato para ser camarista
El Consejo de la Magistratura avanzó esta semana con la designación del concurso para reemplazar a un juez que integre oficialmente la Sala I de la Cámara Federal. Se trata de un concurso que estaba trabado desde hace años, que tuvo numerosos cuestionamientos y por el que competían muchos de los protagonistas de Comodoro Py. De cuarenta inscriptos que hubo en 2008, cuando se abrió el concurso, tan sólo siete se presentaron al examen. Según pudo saber PERFIL, aunque se creía que iba a ser anulado, en comisión se aprobó un dictamen para que sea analizado en el plenario. Dicen que el nombre elegido sería Mariano Llorens, secretario de un tribunal oral criminal de la Capital. Una nota del diario Clarín de 2015 señalaba que el candidato era primo de Julio De Vido, ahora detenido. La incorporación de un juez a la Sala I de la Cámara implicará el desplazamiento de Leopoldo Bruglia, que desde hace un año se desempeñaba como subrogante.
