El ex gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag, fue acusado de haber intentado abrir una cuenta en agosto de 2008 en la Banca Privada D’Andorra. Según la investigación que llevó a cabo el diario El País, de España, la entidad lo rechazó como cliente por considerar que sus fondos provenían de "coimas del petróleo de los Kirchner".
El dato salió a la luz luego de que trascendiera que el subsecretario de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocultó en sus declaraciones juradas un depósito de US$ 1,2 millones en la BPA.
Sapag usó su perfil de la red social Facebook para negar las acusaciones. "Ante la nota publicada en la edición de hoy del Diario El País de España en la que se hace mención a mi persona, quiero manifestar que niego terminantemente que haya abierto o intentado abrir una cuenta bancaria, ni en la Banca Privada D’Andorra, ni en ninguna otra entidad bancaria fuera de mi país en toda mi vida", consignó.
El ex mandatario provincial neuquino apuntó contra la entidad, de la cual recordó que hasta hace un año regía el secreto bancario: "Es, al menos llamativo, que se me quiera inculpar de un hecho hipotético por supuestos dichos de terceras personas a ex funcionarios actualmente procesados de un banco intervenido por el gobierno de Andorra por graves irregularidades. Conversaciones que habrían sucedido hace casi 10 años".
"Pero no me extraña ser blanco de difamaciones, ya que las inversiones que se han desplegado en nuestra provincia, a partir del desarrollo de Vaca Muerta propiciado por nuestro gobierno, han generado innumerables peleas y fricciones con factores de poder muy fuertes en estos últimos años", sostuvo.
En referencia a la explotación de la mina, amplió: "Cada una de las prórrogas de los contratos de las concesiones de gas y de petróleo han pasado por un proceso público y transparente y cada una de ellas han sido aprobadas por la Legislatura provincial en el marco de una Ley que fue tomada siempre como ejemplo por otras provincias. Los ingresos y egresos de los fondos han sido también auditados por la propia Legislatura, la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas. Cada una de las Empresas que renegocio sus concesiones con la provincia son firmas de renombre internacional, que informan sus operaciones a sus accionistas y a las Bolsas de Valores donde cotizan".
"Mi patrimonio y mis ingresos constan en cada una de mis declaraciones juradas y son de público conocimiento", resaltó. "Por respeto a mi familia y a mis seres queridos y en defensa de mi buen nombre y honra, he decidido presentarme ante la justicia para que se investiguen los hechos mencionados", concluyó.
