La política frena a Brasil

El Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), lanzado esta semana por el presidente Luis Inácio Lula da Silva, prevé inversiones por 250.000 millones de dólares (R$ 503.900.000 millones) hasta 2010, con prioridad para la infraestructura.
Son 50.000 millones de dólares por año; y la mayor parte proviene de la inversión de las empresas estatales; en primer lugar, Petrobras, con 70.400 millones de dólares hasta 2010. El gobierno federal invertirá 32.000 millones de dólares (R$ 67,8 billones) entre 2007 y 2010.
El objetivo del Plan de Aceleración es crecer 4.5% en 2007 y 5% entre 2008 y 2010; y, para eso, el instrumento central es el aumento de la inversión pública, sobre la premisa de que, si se invierte un real con fondos públicos, arrastra 1,5 real de inversión privada.
La razón del carácter prioritario de este plan es que, en las últimas dos décadas, la tasa media de crecimiento de Brasil fue entre 2 y 2,5% anual, con un aumento del ingreso per cápita del 0,4% anual promedio, uno de los más bajos del mundo.
Los recursos fiscales para el plan se toman, fundamentalmente, del superávit primario efectivo, que cae de 4,25% a 3,75% del PBI. Todo esto, sobre la presunción de que la deuda líquida del sector público, que hoy es del 49,3% del PBI, pasa a ser 39,7% en 2010, una disminución de casi 10 puntos porcentuales en 4 años.
El programa está acompañado por recortes de impuestos, que este año ascenderán a R$ 6 billones, casi 3.000 millones de dólares. Brasil tiene, en relación con el producto y población, uno de los niveles de presión tributaria más elevados del mundo: 38% del PBI.
El plan no prevé medidas para enfrentar el déficit del Sistema de Seguridad Social, que ascendió a 42.000 millones de dólares (estimados) en 2006, una cifra cercana a lo que invertirá el PAC por año.
El crecimiento del ingreso por habitante en Brasil fue 4,3% anual promedio entre 1950 y 1980, uno de los niveles más elevados del mundo en ese período; pero,entre 1980 y 2004, fue 0,4% anual, una caída de más del 90% en 50 años.
Brasil fue uno de los países de mayor crecimiento económico en las primeras siete décadas del siglo XX, con un aumento anual promedio del 7%; y, entre 1980 y 2001, el PBI creció 2,06% anual promedio. En este período, el gasto público aumentó 4,49% por año y la presión tributaria se incrementó 3,9% anual. En Brasil, en síntesis, en las últimas tres décadas, mientras la economía se encogía, crecía el aparato del Estado y aumentaba su presión sobre la sociedad.
En este período la productividad tuvo un crecimiento ínfimo o negativo (-0,7% a 0,65% por año), con un leve aumento a partir de 1994 (Plan Real: eliminación de la mega/hiperinflación), compensado por una baja contribución de la fuerza de trabajo y un menor aporte, todavía, de la acumulación de capital. La tasa de inversión (medida en precios corrientes, a valores constantes) es hoy la misma que la que era en 1964; entonces fue 19,8% del PBI y hoy es 20,4%. Pero si la tasa de inversión es la misma, el costo de invertir es significativamente mayor, con un aumento del 30% entre 1964 y 2005.
Brasil tiene una economía estable, con alto nivel de reservas (80.000 millones de dólares), con un superávit de cuenta corriente de 46.000 millones de dólares, y un superávit fiscal primario de 4,35% del PBI. Pero su tasa de inversión es baja; el gasto público, elevado, la deuda pública es la mayor del mundo emergente, el crédito al sector privado, reducido (25% del PBI), y la economía, una de las más cerradas del planeta (el comercio internacional representa el 22% del PBI, mientras que en China es el 75%).
Por eso, el crecimiento del ingreso por habitante es nulo o negativo en el largo plazo. No es una historia reciente. En Brasil el futuro llegó; el largo plazo es éste; son tres décadas de estancamiento económico que coinciden, precisamente, con el surgimiento y desarrollo de la globalización.
La causa principal del bajo crecimiento económico brasileño reside en la estructura de su sistema político. El sistema permite la estabilidad, al colocar el control de la política macroeconómica (fiscal/monetaria), en el corto plazo, en manos del Ejecutivo. Pero el centro de las decisiones políticas está en el Congreso, una institución extraordinariamente atomizada, con partidos políticos débiles, carentes de lealtad partidaria; y es en el Congreso, base del sistema político brasileño (una república presidencialista superpuesta a una república parlamentaria), donde se requieren amplias mayorías para realizar cualquier reforma estructural, mayorías difíciles de obtener y más difíciles de mantener todavía.
“Los sistemas políticos y económicos están orgánicamente vinculados, ambos son parte del mismo orden social; y ningún cambio fundamental puede ocurrir en uno de ellos sin que ocurra en el otro”, dice Douglass C. North.
“La transición exitosa hacia un alto nivel de crecimiento en el largo plazo es siempre discontinuidad”, afirma North; y en Brasil todo es continuidad.