En el estallido de la difusión y discusión pública sobre los linchamientos contra presuntos delincuentes anida, además de la reapertura de un hondo debate sobre las garantías y los derechos más elementales, una nueva versión de la controversia sobre la función de los medios de comunicación como mero reflejo de “la realidad” o bien, por el contrario, como productores e instigadores de asesinatos. Es decir, como inventores de realidad. Esta controversia es antigua y fundante del campo de estudios sobre la comunicación masiva a través de investigadores que pretendían medir los efectos de los medios y de la propaganda en distintos sectores de la población.
Los medios construyen versiones de la realidad y la eficacia de esta operación está condicionada por tantas variables que es imposible definir en abstracto sus contornos tanto como su credibilidad. Los mecanismos que emplean son diversos, además, lo que contradice aún más la generalización. Frente a situaciones de anomia, por ejemplo, las condiciones de circulación y recepción de mensajes institucionales difieren sustancialmente de las que se registran en contextos de relativa estabilidad. Y los medios son instituciones centrales de la vida comunitaria como agencias de producción de sentidos y, por lo tanto, de socialización.
Décadas de estudio de la labor de los medios de comunicación constatan que éstos brindan marcos interpretativos y disponen de un repertorio de significaciones posibles que inciden en la percepción y en la opinión de la ciudadanía. Por supuesto, el grado de eficacia y el nivel de concreción de esas posibilidades del repertorio configurado por los medios dependen de su asociación con sentimientos socialmente arraigados, como el miedo o la esperanza. Y también dependen de la competencia de otras fábricas de significaciones contemporáneas a la acción de los medios. También son potentes fábricas de significaciones las otras instituciones de socialización como la familia o el Estado.
Por eso, en un plano analítico es improductivo afirmar que los medios dictan conductas o manipulan conciencias, inyectando odio o segregación de modo omnipotente. Esta perspectiva coloca en los medios toda la responsabilidad por los comportamientos violentos y resuelve así confortablemente el origen del malestar social, licuando el efecto de las políticas públicas y de la conducta de algunos grupos de la sociedad. Es una forma de tercerizar el conflicto.
Sin embargo, el esfuerzo de comprensión de escenas de acción colectiva violenta como los linchamientos merece una reflexión más profunda sobre el tipo de influencia que ejercen los medios en directa relación con el contexto. Es aquí donde la referencia al Estado, a los distintos poderes en los que el Estado se estructura, es fundamental, porque los medios pueden operar como relevos de contención o de agitación/movilización de pulsiones en diálogo con la intervención estatal y con las vivencias sociales directas.
Los medios de comunicación no actúan, pues, en un contexto de ingravidez política, social o económica sino que su actividad se halla ceñida por las otras instituciones que troquelan la agenda pública, y por la experiencia vivencial de los distintos sectores sociales.
Por otro lado, y como en el cuento de Borges “Del rigor en la ciencia” en el que el arte de la cartografía había logrado una perfección tal que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, es desatinado postular que los medios reflejan todo cuanto acontece. En rigor: los medios recortan porciones de la realidad y las re-presentan ante su audiencia. Esa re-presentación no es aséptica, no puede serlo. La designación de las cosas nunca es neutra; el enfoque de la realidad jamás es imparcial; en la selección de los hechos, de las fuentes y de los testimonios hay tendencia. La representación de algunas porciones de la realidad merece estudiarse en relación con aquellas que no son representadas por los medios. Lo que aparece en ellos y lo que es omitido (por criterios de noticiabilidad siempre falibles), construye a su vez un marco de agenda que instala unos temas y valores determinados, en detrimento de otros.
El supuesto de la libre circulación de informaciones, opiniones e interpretaciones que es mandato de la Declaración Universal de los Derechos Humanos impide adoptar medidas de censura previa y el marco legal vigente en la Argentina, respetuoso de la doctrina interamericana del derecho a la comunicación, permite sancionar ex post la apología del crimen o la incitación explícita a la comisión de delitos, como son los linchamientos. En la medida en que sea respetado, ese marco normativo es necesario y suficiente para encausar el comportamiento de los medios de comunicación frente a los graves hechos de violencia o asesinato grupales registrados en las últimas semanas.
*Doctor en Ciencias de la Información, profesor de UdeSA, UNQ y UBA, investigador independiente en Conicet.
