La Auditoría General de la Nación (AGN) está “considerando” una solicitud para que se examinen las licitaciones de obras públicas adjudicadas por el Estado argentino a empresas que protagonizan el escándalo de corrupción brasileño Lava Jato. Según supo PERFIL, en el organismo estudian si sería viable una auditoría de esa naturaleza. Si la AGN resolviera auditar dichos contratos, la Argentina seguiría los pasos de Perú, Ecuador y Panamá, que ya iniciaron acciones para indagar si las compañías montaron en dichos países esquemas fraudulentos similares a los investigados en Brasil. El pedido de revisión fue presentado a la AGN por el diputado y ex fiscal Manuel Garrido, en una nota formal que envió la semana pasada al presidente del organismo, Leandro Despouy. Allí le solicitó “realizar un examen especial sobre las contrataciones que realizó el Estado Nacional en las cuales resultaron adjudicatarias empresas investigadas en la República Federativa del Brasil en el marco del proceso conocido como Lava Jato”. La solicitud menciona algunas de las empresas señaladas por la Justicia brasileña, como las constructoras Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez. El ex fiscal pidió revisar las obras adjudicadas a esas firmas en los últimos cinco años. Como miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, Garrido solicitó a la AGN que incorpore el tema a su Plan Operativo Anual. El organismo está realizando consultas y sondeos al respecto, mientras se espera el consenso de los siete auditores generales para incluir el pedido en la agenda. Las primeras sospechas de que el escándalo no se limitaba a Brasil surgieron en diciembre, cuando la policía brasileña halló en la casa del cambista “arrepentido” Alberto Yousseff, preso por lavado de dinero, un registro de 747 obras llevadas a cabo por 170 empresas –la mayoría constructoras– en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y otros países. El juez federal brasileño Sergio Moro calificó ese hallazgo como “perturbador” y sugirió que “la red criminal podría ir mucho más allá” de Petrobras. Según los investigadores, el esquema montado en Brasil consistía en el pago de sobornos a dirigentes políticos por intermedio del cobro de sobreprecios y a cambio de la cartelización de las obras de la petrolera estatal, en manos de un conjunto de grandes constructoras.
Alcance regional. La Justicia de Perú decidió enviar dos fiscales a Brasil para recolectar pruebas de posibles delitos cometidos en la adjudicación de obras públicas. En Ecuador, el presidente Rafael Correa ordenó una auditoría de todos los contratos concedidos a Odebrecht. La Contraloría de Panamá ordenó examinar la construcción del metro capitalino a cargo de la misma empresa. Por su parte, Transparencia Internacional anunció esta semana que abrirá una investigación en varios países sobre las prácticas de las empresas cuestionadas. En la Argentina también hay obras que llamaron la atención de los investigadores brasileños. Entre los documentos de Yousseff se destacaba la mención de un proyecto para construir gasoductos en Córdoba, que iba a contar con una financiación de 257 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes). OAS y Andrade Gutiérrez compitieron por la licitación, pero la obra nunca se llevó a cabo. Además, la prensa brasileña reveló en febrero que los investigadores del Lava Jato habrían hallado “rasgos comunes” entre el esquema de corrupción en Petrobras y el caso argentino Skanska.
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