El Ministerio Público Federal brasileño, encargado de analizar las declaraciones del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizadas el viernes pasado, dejó trascender que evalúa abrir en su contra una acción civil que le impida ser candidato en los comicios de 2018.
El viernes pasado, la policía de Brasil realizó varios allanamientos en tres estados del país, entre ellos la residencia del ex mandatario en Sao Bernardo do Campo. La operación formó parte de la indagatoria de crímenes de corrupción y lavado de dinero vinculados a la trama que desvió más de 2.000 millones de dólares de Petrobras. Tras el procedimiento, Lula fue llevado por la fuerza a la localidad de Congonhas a una dependencia policial para declarar.
Cuando concluyó su declaración ante la Justicia, Lula mostró sus intenciones de postularse como candidato presidencial por sexta vez en las elecciones generales previstas para octubre de 2018 por el Partido de los Trabajadores para tomar la posta de quien fuera su creación política, la presidenta Dilma Rousseff.
El "Grupo de Tareas" del Ministerio Público Federal de la causa Lava Jato (Lavado Rápido) trabajó todo el fin de semana sobre los documentos, teléfonos y computadoras secuestrados en el domicilio y las oficinas de Lula. Los fiscales estiman que el ex mandatario puede ser imputado por "improbidad administrativa" por haber recibido apoyo económico ilegal de empresas constructoras antes de dejar el gobierno el 31 de diciembre de 2010, según informó la agencia Folhapress.
El coordinador del cuerpo de fiscales, Carlos Fernando dos Santos Lima, declaró el viernes pasado que existen "indicios" serios sobre la relación del ex presidente con la organización delictiva que perpetró estafas millonarias contra Petrobras. También sobre la titularidad de Lula de un departamento en la playa de Guarujá y una quinta en Atiabia, dos localidades del interior de San Pablo.
Lula siempre negó ser propietario del departamento y la quinta, pero de comprobarse que realmente le pertenecen pese a no estar a su nombre, sería causal para la acción civil que analiza promover el Ministerio Público Federal. La pena por ese delito puede ser la casación de los derechos políticos, incluso el de ser candidato, por hasta 10 años, lo que impediría al ex mandatario de postularse como el sucesor de Rousseff.
