POLITICA
CORRUPCIN

Denuncian que desde 2013 el PAMI pagó millones para comprar medicamentos de afiliados muertos

La suma ascendería a $500 millones de pesos anuales. Hubo un profesional que realizó más de 39 mil recetas en un año.

Carlos Regazzoni responsabiliza a la gestión anterior de las irregularidades en el organismo.
| Dyn

La nueva administración del PAMI, dirigida por Carlos Regazzoni, denunció a la gestión anterior por diversas irregularidades que detectaron en las cuentas de la entidad. El último descubrimiento sobre el organismo fue la compra de medicamentos para afiliados muertos desde el 2013 cuyo costo ascendería a unos 500 millones de pesos anuales. 

"Había más de 7 mil personas muertas que seguían recibiendo recetas, meses y años después de fallecidos", explicó Regazzoni al canal de cable Todo Noticias. Y puntualizó: "El padrón no estaba bien cruzado con los de la ANSES y el Registro Nacional de las Personas, no se hacían auditorías respecto a los consumos irregulares".

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Regazzoni detalló que "hubo un supuesto profesional que habría recetado en un año 39 mil recetas, cosa que es imposible, eso es un fraude. Había un sistema de gente que trabajaba y que usaba el nombre de esta persona para la prática". El actual titular del PAMI resaltó que desde la institución "no se hicieron los controles adecuados y no se tomaron en cuenta las alarmas que se hacían respeto a estos desvíos" dado que el organismo era "reiteradamente advertido por diversas entidades" sobre las irregularidades que se cometían durante la gestión de Luciano Di Césare pero que nunca se llevó a cabo una investigación de los hechos.

El funcionario apuntó contra su antecesor: "Hay responsabilidad, y tenemos la obligación de poner estos temas en manos de la justicia". El pasado diciembre Regazzoni denunció penalmente a Di Césare por supuestos manejos irregulares en los fondos de la obra social de jubilados y pensionados.

La presentación legal planteó que se debía investigar si Di Césare perpetró tres delitos: "defraudación contra la administración pública", "defraudación por administración fraudulenta", y "negociaciones incompatibles con la función pública".