El CELS le pidió a Kirchner que abra el acceso a la nómina de todos los agentes que actúan en la SIDE

Con el objetivo de identificar la nómina de agentes involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó ayer al presidente Néstor Kirchner la "desclasificación" de archivos de la SIDE. Además, exigió al Congreso desplazar a los espías que actuaron durante la última dictadura militar.

El organismo dirigido por el periodista Horacio Verbitsky instó a Kirchner y a la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso a "separar de sus cargos a aquellos miembros de la SIDE" que "continúan en funciones" pese a estar "vinculados" con delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976-83.

La información fue difundida esta tarde mediante un comunicado de prensa en el que el CELS consignó que el reclamo hacia el Gobierno "se originó" con la difusión pública del cargo que ejerció en el organismo, entre 1981 y 1984, el actual diputado nacional Juan José Alvarez, cercano actualmente al ex ministro de Economía y posible candidato presidencial, Roberto Lavagna.

El CELS pidió a Kirchner "la desclasificación y el acceso" a la plantilla de agentes de la SIDE en el período 1974-83, y datos sobre la cantidad de hombres de Inteligencia que, habiéndose desempeñado en la Secretaría durante la dictadura, aún permanecen en funciones.

Además, requirió precisiones respecto de las medidas adoptadas por el Gobierno para "evaluar la idoneidad ética" de los agentes "como integrantes de un organismo del Estado.

Paralelamente, los abogados Carolina Varsky y Gustavo Palmieri, asesores del Centro, solicitaron a la administración Kirchner la sanción de leyes que garanticen "el acceso a la información y a documentos de Inteligencia en causas judiciales".

También exigieron legislación específica para transparentar el uso de fondos reservados de la SIDE que, según se ventila en varios procesos penales, habrían sido utilizados para financiar maniobras de corrupción, como el supuesto reparto de coimas en el Senado que habría enmarcado en 2000 la sanción de la ley de Reforma Laboral.

" La SIDE, que fue parte del aparato represivo de la última dictadura militar, ha sido una institución perjudicial para el estado de derecho durante la democracia. Ha sido utilizada en forma sistemática, por distintos gobiernos, en forma ilegítima, y ha estado envuelta en los escándalos políticos más graves, además de no ser útil para impedir hechos delictivos que afectaron la seguridad nacional", sentencia el comunicado de prensa.

Para el CELS, "la enorme discrecionalidad en el manejo del secreto" que protege la labor de los agentes de la SIDE "ha redundado en un monopolio de la información utilizado en reiteradas oportunidades contra los ciudadanos, por lo que el conocimiento de los funcionarios y miembros de la Secretaría" que cumplieron tareas en la dictadura "sería un gran avance en el sentido del control efectivo de la población sobre los actos de gobierno".