Hay decisiones que terminan pesando más por el impacto político que tienen que por su efecto real. La movida del Gobierno de sacar el régimen de extinción de dominio a través de un DNU se enmarca en esa clasificación.
Pase lo que pase, Cambiemos ya ganó. Los puristas de la ley -muchos hoy en el oficialismo- seguirán cuestionando su legitimidad (¿había necesidad y urgencia?) o incluso su constitucionalidad (¿legisla en materia penal?).
Sin embargo, la política y las elecciones ya van marcando la cancha. Desde que Mauricio Macri anunció la firma del DNU puso a la oposición frente a un brete: oponerse por formalismos a una medida que apunta a recuperar bienes de la corrupción o avalarlo y dejarle la iniciativa al Gobierno en el tema.
Cuáles son los puntos clave del decreto de Extinción de Dominio
El kirchnerismo fue un especialista en la materia. Proyectos cuyos títulos eran muy difíciles de cuestionar, pero que sus formas o su eficiencia en el largo plazo eran criticables. En el debate por la eliminación de las AFJP, por tomar un caso, la oposición pedía una reforma integral del sistema jubilatorio y por eso algunos votaron en contra. Ahí, el kirchnerismo ganó.
Este martes, los opositores empezaron a tomar una decisión. Todos unidos emitieron un dictamen rechazando la validez del DNU. Kirchneristas y no kirchneristas votando juntos, el escenario ideal para el Gobierno. Pero el DNU todavía sigue vigente. Ahora necesitan que ambas cámaras lo rechacen.
Curiosidades de la legislación argentina: una ley necesita ser aprobada por las dos cámaras, pero un DNU con que sólo una lo apruebe ya es ley. Algunos oficialistas, cuando eran opositores, pedían cambiarlo. Hoy se benefician.
Extinción de dominio: la oposición se unió para rechazar el DNU de Macri
Ante este escenario, cada vez que la oposición se reúna para juntar quórum e intentar sepultar el decreto macrista, el oficialismo sacará a relucir la máxima de “ellos o nosotros”. Y de concretarse, la oposición estaría sentando a sus diputados y senadores para votar “en contra de recuperar de bienes de la corrupción”. Un costo muy alto, en pleno proceso electoral.
