En los tribunales federales hay causas emblemáticas a las que les llaman “manchas venenosas” porque contaminan todo lo que tocan. En todos los casos, las cepas del veneno son los servicios de inteligencia. AMIA y la muerte de Nisman son los más resonantes, pero hay decenas y decenas de causas por corrupción, de los últimos 26 años, que siguen el mismo patrón.
La investigación contra el presidente de Boca Juniors, Daniel “Tano” Angelici, por su actuación como supuesto operador de Mauricio Macri en la Justicia comienza a meterse con los agentes de ese veneno.
Los últimos testimonios incorporados por el fiscal Federico Delgado en la causa por supuesto tráfico de influencias abrieron el radio de investigación. La fiscalía federal número 6 no sólo investiga a Angelici y su rol en los tribunales. En los últimos días comenzó a concentrarse en otros operadores que integran junto con Angelici o en otros grupos de abogados la intromisión en la vida judicial desde hace años. La lista comenzó a trazarla Elisa Carrió durante su testimonial: incluye a Hugo Anzorreguy -jefe de la ex SIDE de Menem-, y los operadores radicales que actuaron a favor de Fernando De La Rúa y los Kirchner, como los abogados Darío Richarte y Javier Fernández. Hay más, aseguran en la causa.
Delgado pidió al juez Sebastián Casanello una nueva testimonial: quiere que declare el ex Procurador Esteban Righi, un hombre de confianza de los Kirchner que debió renunciar ante el avance del caso Ciccone. Amado Boudou era defendido por el estudio de Richarte. Delgado había pedido los testimonios del ministro de Justicia, Germán Garavano, y uno de los principales asesores jurídicos de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -enemigos de Angelici, ambos-. Pidieron declarar por escrito.
El fiscal también solicitó al magistrado que obtenga a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones el listado de líneas telefónicas de Angelici y el grupo empresario que lo rodea para cruzar las llamadas en las fechas en las que supuestamente intentó torcer decisiones judiciales.
El accionar de los operadores puede encuadrar en el delito de tráfico de influencias. El operador actúa por orden de un superior o cliente y a cambio de una contraprestación.
Un fiscal que definen como “un bicho raro”
La luz del despacho del fiscal Federico Delgado es una de las primeras que se ilumina en los tribunales de Comodoro Py. El hombre que imputó a Mauricio Macri por los Panamá Papers llega en bicicleta, en jeans, zapatillas y remera negras. De perfil bajo, entre sus colegas del fuero despierta tantas simpatías como rechazos. De “tipazo” a “delirante”, el objeto de la mayoría de los comentarios pasa por su personalidad más que por su trabajo. Fanático del tenis y de su rol como docente universitario, es también el hombre que denunció al ex juez Norberto Oyarbide por “falso testimonio”, llevó la causa por la tragedia de Once a juicio oral en tiempo record, y comandó dos de las causas que involucraron a Fernando De la Rúa: Megacanje y coimas en el Senado. Fue uno de los primero en imputar a Cristina Kirchner en 2007, por el caso Chapel.
En octubre pasado, también avanzó contra el macrismo con una investigación por el reparto de la pauta del gobierno porteño.
“Es un bicho raro, pero tipazo”, sintetizó alguien que lo conoce de cerca. “Solo podés comunicarte con él vía mail”, completó. “Es su forma de separarse, pero hasta acá no llegas si no vas aceptando los códigos de tribunales”, definió otra fuente.
