Los cambios en la cumbre del Poder Judicial quedaron en medio de un tembladeral. La semana próxima, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, regresará de sus vacaciones para enfrentar la acusación de la diputada, Elisa Carrió, quien lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito.
Un sector del Gobierno cree que la diputada quedó envuelta en una espesa trama por el control de la Corte, y lo asocian al hackeo telefónico de los celulares de Lorenzetti y del jefe de Gabinete, Marcos Peña. En paralelo, la Corte se prepara para recibir la supervisión de las escuchas telefónicas de los servicios de inteligencia. Y entre tanto, los candidatos a ocupar las vacantes del Tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, esperan un acuerdo entre el PRO y el peronismo para destrabar su aprobación en el Senado.
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Macri por ahora resiste la presión del PJ para ampliar el número de integrantes y ganar lugares para intercambiar figuritas. La combinación de ingredientes es una olla a presión.
Los principales protagonistas de la historia comparten la sensación de estar en el medio de una guerra fría. Pero nadie se anima a certificar de dónde provienen los disparos.
Frente a la casa de la madre de Lorenzetti, en el centro de la localidad santafesina de Rafaela, apareció una pintada que aludía a los presuntos fondos en el extranjero del magistrado. La leyenda fue capturada fotográficamente a través de un teléfono. Luego transmitida a otro. Y finalmente enviada al celular del jefe de Gabinete, Marcos Peña, como si proviniera de un número de la Corte Suprema. En paralelo, la misma fotografía llegó al celular de Lorenzetti. El remitente era el celular de Marcos Peña. Pero ninguno de los dos la había transmitido. La Policía Metropolitana investiga ahora cómo se interceptó el teléfono del jefe de Gabinete. Asimismo, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich trabaja sobre el celular de Lorenzetti.
Dos semanas después del hackeo, Carrió presentó la denuncia contra el presidente de la Corte. Ayer volvió a acusarlo de haber “escondido o no declarado” a la AFIP “dos millones de dólares”. Frente a quienes leen jugadas políticas detrás de sus movimientos, Carrió argumenta que su único objetivo es denunciar la corrupción. Lorenzetti aún no hizo su descargo. Mañana regresa de Rafaela. A su alrededor creen que detrás de la denuncia se esconde la puja por el futuro de la Corte y que Carrió impulsa a Rosatti para encabezar el tribunal. A Rosenkrantz lo quitan de la contienda, en su caso simplemente lo emparentan con el Grupo Clarín.
Los ministros del Gobierno, por las dudas, entregaron sus teléfonos celulares para mejorar su protección frente al espionaje. Algunos dejaron de usar WhatsApp, que fue el servicio de mensajería por donde ingresaron las fotos. Ahora prefieren la encriptación de Telegram.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, tomó distancia de la denuncia de Carrió. En su interior también se extendió la certeza de que existe la intención de enfrentar al Gobierno con la Corte. Argumentan, por caso, que se hizo trascender que había diferencias frente a la decisión de transferir al tribunal el control de las escuchas cuando en realidad había sido acordado con Lorenzetti. Apuntan contra “los desplazados” de la Agencia Federal de Inteligencia.
Por ahora se impone el desconcierto. La incertidumbre remite a la falta de control que impregnó la búsqueda de los prófugos del triple crimen de General Rodríguez. Hay círculos de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia que al macrismo se le escapan de las manos.
Un mecanismo de intimidación emparenta ambos casos. El primer día de la fuga, los colaboradores del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, recibieron en sus celulares fotos personales hackeadas. Hasta ahora, ni en Nación ni en Provincia descubrieron el origen.
