Actores, derechos de imagen y un juicio

La demanda fue hecha en abril. Pero fue recién esta semana que el fiscal César Augusto Troncoso consideró que había que hacer un llamado a indagatoria y se lo pidió a la jueza Karina Marina Zucconi, poniendo una vez más a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), dirigida por los actores Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Jorge Marrale, Osvaldo Santoro y el abogado Sebastián Bloj, en el centro de la polémica.

Sagai fue creada en 2006 por decreto por Néstor Kirchner, y su fin es “gestionar y administrar colectivamente los derechos de propiedad intelectual generados por la comunicación pública de las interpretaciones de actores y bailarines”, según reza su sitio oficial. Algo que está puesto en tela de juicio por uno de sus socios, Mario Galvano, quien acusa a la comisión directiva por el delito penal de administración fraudulenta de los fondos de la entidad pertenecientes a sus socios por la causa Direct TV, cerrada hace un año.

La misma fue iniciada por Sagai a la señal de cable porque ésta se oponía a pagar las regalías que obliga la ley de derechos de autor. Galvano afirmó que, a pesar de tener un fallo para que la entidad cobrara $ 350 millones, más otros 100 millones de intereses, de parte de la señal satelital, por un acuerdo extrajudicial el monto se redujo a 111 millones. “Llegaron a ese acuerdo espurio sin haber convocado a una asamblea, como corresponde en un tema de estas características”, sostuvo. “Echarri me dijo: ‘Mejor pájaro en mano que mil volando’. La comisión es incapaz de gestionar. Y ese acuerdo es producto de la soberbia con la que manejan la asociación”, enfatiza quien tuvo el apoyo del fiscal, quien pidió la indagatoria de los actores y el abogado. “La comisión decidió de modo arbitrario y despótico qué hacer con la plata de sus socios, que nos pertenece porque es el fruto de nuestro trabajo, cuando por estatuto no puede. El trato se cerró por mucha menos plata que la que correspondía. Y los abogados se llevaron una fortuna por hacerlo. Es sospechoso”, insiste Galvano.

En tanto, Cristian Cúneo Libarona, quien tomó la defensa de Sagai, explicó a PERFIL que “hubo un decreto en 1973 que les reconoció a los actores el derecho de propiedad intelectual. Luego hubo una sucesión de leyes que le dieron la potestad a Sagai de cobrar esos derechos a los distintos canales de televisión, y de repartirlos. Costó un monton que los canales de televisión aceptaran eso, lo cual motivó que Sagai realizara distintos reclamos judiciales, al Grupo Clarín, a Telefe, a Canal 9, a los operadores del interior, etc. Y, en todos los procesos judiciales, los terminaba arreglando antes de tener una sentencia definitiva, y acordando una remuneración acorde a lo que dicen las leyes. Todos esos juicios siempre los resolvió la comisión directiva. En todos los casos, nunca fue por asamblea. Siempre evaluando los riesgos, los montos y la conveniencia de cerrar un acuerdo”. Y contradijo a Galvano asegurando que “por estatuto, la comisión directiva está habilitada a resolver las cuestiones vinculadas a la recaudación. Después vienen las asambleas, que aprueban los balances”, consideró el defensor. En cuanto a los honorarios de los abogados, sostiene que “cobraron barato porque siempre es un porcentaje”. Y sumó: “Echarri y Seefeld están indignados. Como era tanta plata, decidieron consultar a un técnico en la materia, por lo cual le pidieron un dictamen a Germán Gutiérrez, que es un abogado de Argentores. Y siguieron sus recomendaciones. Las cuales se basaron en que Direct TV apeló y planteó la inconstitucionalidad del decreto que les da a los actores el derecho al cobro de la propiedad intelectual y que Sagai pueda recaudar”. De esto se desprende, según el abogado, que si se perdía le juicio ningún actor iba a poder volver a cobrar, y era un gran riesgo; y Sagai no tendría razón de existir.