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SOCIEDAD / Derechos humanos
sábado 9 marzo, 2013

La tortura persiste en la Argentina

Informes oficiales confirman que la tortura es práctica corriente en la mayoría de las cárceles del país.

por Redacción Perfil

Foto: Cedoc

A treinta años de la recuperación de la democracia, y pese a los significativos avances logrados en los derechos humanos, una práctica infame e incompatible con el Estado de derecho persiste en la Argentina: la tortura. Así lo confirman entidades oficiales, como la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) o el Comité Provincial por la Memoria (CPM). Más aun: el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, asegura que "los futuros agentes penitenciarios aprenden a torturar en la escuela en la que se forman".

PERFIL intentó recabar la reacción de los servicios penitenciarios denunciados, pero sus voceros declinaron efectuar cualquier comentario.

La bienvenida.
"Los penitenciarios casi me matan, estuve a punto de desmayarme, me daban la cara contra la pared, me cortaron la oreja y me decían: ‘Viniste al infierno’".

El testimonio, que aparece en Cuerpos castigados, un libro publicado por la Procuraduría de Mugnolo, ejemplifica una de las diversas formas que puede adoptar “la bienvenida”, un rito que enfrenta gran parte de los presos al llegar a las distintas cárceles del país. Es, también, uno de los tantos casos que explican por qué desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su informe 2012 sobre derechos humanos en Argentina, señalaron que “la tortura y los malos tratos afectan de forma cotidiana a las personas privadas de libertad, como práctica extendida en todo el territorio nacional”.

Según los resultados del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), realizado por la PPN, el Comité Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudio sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA (GESPyDH), en 2011 se registraron 791 casos de torturas y malos tratos en 21 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y seis del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Si se consideran también las torturas psicológicas, el CPM presentó, durante 2011, 2.338 acciones judiciales urgentes que dieron cuenta de 7.018 actos u omisiones violatorias de los derechos humanos (por aislamiento extremo, golpizas, amenazas de muerte, etc.).

Estos números, si bien permiten dar cuenta de lo habitual de este tipo de prácticas, son apenas aproximaciones a lo que realmente sucede ya que, además de no incluir las cárceles provinciales, una gran cantidad de abusos, malos tratos o torturas no son denunciados por temor a recibir nuevas represalias. Esto da lugar a la existencia de una “cifra negra” que puede hasta triplicar las estadísticas alcanzadas.

Cómo pegar, dónde pegar.
Submarino seco (poner una bolsa plástica en la cabeza del preso hasta que su propia respiración lo ahogue), submarino húmedo (maniatar al reo e introducirlo de cabeza en un tanque con agua salada, orina u otro líquido con las piernas suspendidas hacia arriba hasta que empieza a ahogarse), picana eléctrica, palazos con bastones de madera o goma maciza, puntapiés, golpes de puño, “plaf-plaf” (golpes muy fuertes en ambos oídos con las palmas de la mano), duchas o manguerazos de agua helada para borrar los hematomas, “pata-pata” (golpes en las plantas de los pies con palos o mangueras), “chanchito” (obligar a una persona a permanecer en el piso esposada de pies y manos), “criqueo” (violencia ejercida al llevar el brazo del detenido por atrás de la espalda hasta la nuca y con fuerza). Estas son algunas de las torturas habituales en las cárceles que, según el procurador Mugnolo, “se enseñan en las escuelas penitenciarias, donde se explica cómo pegar, dónde pegar y demás prácticas de esta índole”.

Eva Asprella, abogada del CELS, señala: “El Servicio Penitenciario está autogestionado. No tiene control. Se ejerce violencia sobre los detenidos para garantizar el buen funcionamiento de las cárceles. Hay una especie de ‘arreglo’ entre el poder político y el servicio penitenciario para que no haya grandes situaciones de desborde. Entonces, yo no te investigo ni veo lo que hacés pero vos mantené cierto orden, que no haya motines ni grandes conflictos. Esto da lugar a un nivel de violencia impresionante”. En un sistema penitenciario con poco menos de 60 mil detenidos (29.060 en el SPB, 9.778 en el SPF y 20 mil en las cárceles de todas las provincias), la violencia es así la manera de garantizar el control.

La situación, agrega Mugnolo, incluye parte del sistema médico que “muchas veces es cómplice, y yo mismo lo pude comprobar más de una vez. Te dicen en un parte médico que el preso se cayó de la cama cuando tiene 14 puntos en la cabeza, o te dicen que se autolesionó”. Otro sector cuestionado es el sistema judicial. Para el procurador, “hay un consentimiento judicial por inoperancia. No hemos encontrado resultados por la escasa investigación de los fiscales a denuncias que realizamos desde la Procuración. Mandamos pruebas que conseguimos, enviamos nuestros propios médicos a las cárceles, conseguimos declaraciones y nada”. Desde el CELS, agregan: “Estos casos no se investigan. Y es por falta de interés de la Justicia y del poder político. No hay política criminal. Entonces, si vos no sancionás, la situación no se modifica y todo sigue igual”, dice Asprella.

Violencia natural. Golpes habituales y multiformes, requisas abusivas y aislamientos prolongados que se consideran parte orgánica del funcionamiento dentro de las cárceles, enfermerías que tergiversan los hechos o los disfrazan, juzgados, fiscales y jueces que miran para otro lado, montañas de causas archivadas, sanciones leves, desinterés político. Todos estos factores articulados dan lugar a una naturalización de la violencia que es marca del sistema penitenciario argentino. Tanto los presos como sus familiares la consideran una fatalidad incorporada y que es necesario modificar para que pueda ser superada. En este sentido, Eva Asprella recuerda: “La hermana de Jonathan Barros Cisneros, un joven asesinado el 28 de enero de 2012 en la Unidad 46 de San Martín, dijo en un acto: “No tenemos que naturalizar lo que pasa acá dentro”. Y esto tiene que ver con la manera en la que está naturalizada la violencia dentro de las cárceles. A veces nos llaman detenidos para pedirnos médicos porque les dieron dos puntazos. Y lo que piden es médico, no la denuncia. Esto es porque lo tienen naturalizado”.

¿Nunca más? El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Iñaki Rivera Beiras, escribe: “La Argentina vivió hace tres décadas su propia tragedia y demasiados silencios y paralizaciones permitieron la consumación de la barbarie. Posteriormente, se ganó un respeto en el mundo por la lucha contra la impunidad en el campo de los derechos humanos. Pero no ha sucedido lo mismo en el ámbito de los derechos fundamentales de los presos, allí hay todavía un inmenso agujero negro, una verdadera zona de no-derecho”.

Este vínculo entre el pasado y el presente, entre los años más oscuros de nuestra historia y un presente que aparenta ser distinto, es señalado por Mugnolo en un detalle que da cuenta, a su vez, de la necesidad de una reforma profunda: “Para modificar una realidad, primero hay que aceptarla. Y lo que pasa es que la doctrina penitenciaria dice que el control debe realizarse a través de la violencia. Se trata de un sistema penitenciario cuya ley orgánica es de la época de la dictadura”.

 

Mecanismo Nacional contra la Tortura

Después de una mora internacional de cinco años, Argentina aprobó a finales de 2012 la ley que establece la creación de un Mecanismo Nacional contra la Tortura (MNCT), que prevé la creación de un comité nacional y de comités locales a nivel de las provincias con el propósito de monitorear los lugares de privación de la libertad con miras a prevenir la tortura. Un punto que llamó la atención fue la modificación de la composición de la comisión nacional que, por exigencia del bloque de senadores del oficialismo, pasó de 9 a 13 miembros, lo cual le estaría dando un mayor control al Ejecutivo sobre la misma. Tanto la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) como la diputada del FAP Victoria Donda, que fue quien presentó el proyecto, llamaron la atención sobre este aspecto, que le quita la autonomía original al Mecanismo. El CELS coincide en que “la manera en la que se aprobó el MNCT no fue como las organizaciones queríamos. Pero el tema es que se aprobara. Ahora tenemos que ver cómo se va a implementar. El MNCT es un avance sobre el control que se va a poder tener sobre las penitenciarías del país”, dice la abogada Eva Asprella.

 

Las voces del silencio

Las siguientes declaraciones forman parte del Registro Nacional de Casos de Tortura presentado en julio de 2012 por la PPN, el CPM y el GESPyDH.

“Me meten en buzones (celdas de castigo), me sacan al pasillo y me golpean entre cinco, con patadas y piñas, me agarraron los testículos. Estaba tirado en el piso y me tenían los brazos.”

“Me empezaron a pegar y me dejaron desnudo tres días. Me hicieron pata-pata, me ahorcaban, me asfixiaban para dejarme sin fuerza. Me llevaron a la ducha y me dejaron ahí tres horas bajo el agua fría”.

“Me hicieron desnudar y me daban piñas en la nuca para que no me quedaran marcas. Me dieron patadas en las piernas con las botas, me torturaron. Me dejaron todo el día desnudo”.

“Me dejaron dos horas parado y esposado, mirando hacia la pared, y cada penitenciario que pasaba me daba un cachetazo en la nuca”.


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