En la India colonial la división política se sostenía en base a la estratificación social. La estructura piramidal estableció grupos jerárquicos que prevalecieron en relación con las condiciones de poder imperante en ese momento histórico. Según han podido establecer distintos sociólogos, la estratificación de estas características, también tiene un sustento religioso.
La palabra “casta” proviene del latín “castus”. Se aplicó a los grupos sociales de la India, de una unidad étnica mayor que se diferencia por su rango, impone la endogamia y la pertenencia es un derecho de nacimiento. Como veremos más adelante, comparar esta descripción con la clase política argentina es, cuanto menos, aventurado.
El sistema de castas en la India ubicada a los brahmanes en la cúspide y a los “intocables” en la base.
Javier Milei se impuso en la pugna electoral bajo la premisa discursiva de terminar con la “casta política”. Esa concepción tan abstracta como efímera, engloba a supuestos segmentos sociales que gozan de “privilegios” económicos y políticos asistidos por el “colectivismo” estatal.
La apropiación del sentido común de una parte del electorado encontró asidero en deterioro económico que desde hace años agreden notoriamente a la clase media y a los sectores populares. Sin embargo, la libertad avanza definió como “casta política” precisamente a estos segmentos sociales, a los que considera privilegiados por su sentido de aspiración al bienestar. Es decir: para Milei quienes impiden el crecimiento de la riqueza del país son aquellos que sirvieron como base de sustento de su acumulación electoral.
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Sin analizar las estructuras de acumulación de riqueza, ni desentrañar los condicionamientos socio-culturales impuestos por los grupos dominantes, el actual presidente se precipitó sobre el escenario nacional agrediendo la configuración social con un marasmo de teorías que no encuentran correlato en la práctica.
¿El combate a la “casta política” presupone una contrapartida en la estructuración de la “anti-casta”?; lo que el discurso avala la práctica lo desmantela.
La conformación de su gabinete puso en contradicción la noción de “casta política” y al mismo tiempo de la anti-casta. Con Luis Caputo, en el Ministerio de Economía, promotor de la deuda histórica que condena a la Argentina al sometimiento sistemático del Fondo Monetario Internacional y de Patricia Bullrich en Seguridad, se revela el desorden que imparten las ideas que maneja Milei. La calificación “liberal-libertario” o, como él prefiere que se lo defina, “anarco capitalista”, una contradicción en sí misma no fue más que un mote para encubrir su perspectiva adosada a un neoliberalismo radicalizado.
Tanto el DNU 70/2023 como la Ley Bases evidencian que el programa de gobierno no es anti-casta sino que reproduce una política económica que encontró su punto de partida con la dictadura cívico militar. Federico Sturzenegger, mentor de ambas iniciativas oficiales, es un fiel representante de ese modelo.
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El esquema se reduce a una ecuación de simple comprensión: El mentado ordenamiento económico no es más que un ajuste brutal que posibilita la transferencia de riquezas de manera vertical desde la clase media y la clase popular hacia la oligarquía. Para ello se necesita imponer, de manera violenta, el disciplinamiento social. Por eso necesitan quebrar al Movimiento Sindical, como se pretendió en otros tiempos.
Si Caputo y Sturzenegger, plasman el plan de gobierno de los grupos dominantes, Patricia Bullrich, opera como el brazo armado de la reacción. La funcionaria, fanática del orden y enemiga acérrima del sindicalismo, no sale del horror de su pasado, está atrapada en ese pasaje temporal que la lleva a abrazar la violencia como resolución del conflicto social. Su pasado condena su presente. El estatuto de los bastonazos y la represión es la lógica de su gestión.
Como se puede observar insisten con esquemas que han fracasado para la mayoría del pueblo; al mismo tiempo, se reproducen consignas de caro porte social que impiden elevar la vara en la discusión por las mejoras de las condiciones sociales. Se pasó del “vamos por todo” al “todo o nada”. Esta última consigna no tiene mucha originalidad puesto que era el lema que los partidarios del ERP enarbolaban.
En un sistema democrático de pesos y contrapesos, el ejercicio político debe tender hacia el equilibrio. El principio tiene que estar marcado por medidas que se sostengan en el tiempo brindando seguridad jurídica. La política de shock de Javier Milei converge hacia un terremoto económico-social de insalvables consecuencias. Porque el ahondamiento de las desigualdades es como un volcán en tensa calma y nadie está seguro de cuándo puede entrar en erupción.
Durante el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente expuso una serie de desatinos a los que revistió de una supuesta superioridad moral. Se remitió a un universo global que ya no existe insistiendo sobre un diagnóstico que avizora el avance del socialismo internacional, sus palabras llegaron a tratar de héroes a los empresarios y condenar al colectivismo estatal. Aun así, el parloteo vacío y vetusto no logró disimular las conocidas recetas que quiere aplicar en el país, donde la crisis la pagan los “intocables” como si él fuera un mesiánico brahmán hindú.
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Fue allí, en Davos, donde reiteró su más férrea idea de aceptación del capitalismo salvaje bajo la orientación del dogma del libre mercado y la eliminación de toda intervención estatal.
Resulta claro que lo que se pretende imponer tanto a través del DNU como de la Ley Bases, es la reproducción de un sistema que volverá a generar sismos letales para la mayoría de la población. La memoria reciente nos remite al 2001 aunque existen procesos anteriores donde la crisis recayó sobre las espaldas de los más humildes.
Allá por los ’90 se desguazó la estructura estatal. Aquello tuvo un costo espantoso en términos sociales y también en ocupación territorial soberana. Esto implicó la destrucción del sistema ferroviario complementada por la liquidación de la Marina Mercante. Efectivamente, ello derivó en aumentos de costos logísticos internos y consecuentemente perdimos presencia en la Cuenca del Plata… Hasta ahora nada se hizo.
Pero si hay una instancia que es gravitante para los cambios estructurales de la administración Milei es la promoción, tanto a través del DNU como de la Ley Ómnibus, del establecimiento de cerrojos y normas que restringen la protesta social al mismo tiempo que la criminaliza. Abriendo un debate que expone las consecuencias mientras oculta las causas.
Los cortes de calles han oficiado como nicho cultor del desprestigio de la acción social en un terreno que le es adverso a los sectores reaccionarios; podemos encontrar esta discusión en distintos momentos históricos. En marzo del 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa enunció:
“Vamos a tener que legislar y actuar ante estos casos, porque no podemos solo organizar las cosas, todos tenemos derecho a protestar pero hay que respetar a los demás. Tenemos que lograr entre todas las fuerzas políticas un acuerdo de una vez por todas”... Coincidencias con una parte de la ciudadanía que ve afectado su derecho a circular ante la protesta social.
Este sustento parece soslayar el problema de fondo que es en realidad el que debería atacarse para evitar, precisamente, las acciones en la calle. La violencia económica que se ejerce sistemáticamente sobre los más pobres, que es persistente, dura, inflexible, sin pausa ni final es la causa. La dimensión del problema no está en las formas sino en la resolución de fondo.
Limitar la protesta social en todas sus esferas no significa satisfacer las demandas de los sectores involucrados. Eludir esta respuesta para justificar la represión en sus distintas formas implica perder la noción del valor democrático y subestimar a las fuerzas populares.
El estallido del 2001 se produjo en las calles y superó cualquier estamento orgánico. No se puede tapar una olla a presión ejerciendo más fuerza sobre una tapa que más tarde o más temprano va a volar. ¿Será por eso que Bullrich dictó en el DNU un protocolo anti-piquetes que criminaliza a las víctimas del programa de gobierno e intenta imponer penalidades a quienes se atrevan a desafiarlo? La “casta gobernante”, que en definitiva no ha hecho mucho para diferenciarse de la casta que tanto demoniza, dicta normas que tiende hacia la proscripción de las libertades.
Ciertamente no se pueden reclamar medidas económicas que reparen el navío de un día para el otro, pero el capitán tiene que elegir el mejor soldador a bordo para obturar el rumbo debajo de la línea de flotación, de lo contario, el agua primero inundará la bodega, después los camarotes y por último llegará al puente de mando.
JUAN CARLOS SCHMID
SECRETARIO GENERAL DE FEMPINRA
