Esquema Ponzi: denuncian que un agente del Servicio Penitenciario estafó a más de 100 compañeros

Más de un centenar de efectivos del Servicio Penitenciario de Salta denunciaron haber sido perjudicados por una presunta estafa piramidal —conocida como Esquema Ponzi— que habría operado dentro de la propia fuerza. La acusación se da en un contexto de crisis de ingresos en las fuerzas de seguridad y militares del país.

La pesquisa inicial estima que el circuito financiero delictivo habría movilizado más de $2.700 millones, sostenido en promesas de ganancias elevadas y en un mecanismo interno de captación de dinero.

Este jueves, agentes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, junto con personal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), llevaron adelante siete procedimientos simultáneos bajo la conducción de la fiscal penal interina, Ana Inés Salinas Odorisio.

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Los operativos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad de Salta —barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta— y en la localidad de Cerrillos.

Las presentaciones judiciales realizadas por los agentes apuntan contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, a quien señalan como el oferente de un supuesto “sistema” de inversiones que, de acuerdo con su relato, se encontraría en funcionamiento desde el período de la pandemia.

“El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital”, destaca el parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

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Según relataron los damnificados, en una primera etapa del mecanismo se habrían concretado pagos parciales de intereses e incluso reintegros de capital, una dinámica habitual en este tipo de maniobras que reforzó la confianza de los aportantes y favoreció la continuidad de los depósitos.

Sin embargo, con el correr del tiempo, comenzaron las demoras, los pedidos de prórroga, las transferencias mediante cuentas de terceros y, finalmente, la interrupción total de las respuestas por parte del supuesto líder del esquema.

Varios de los denunciantes afirmaron haber entregado cifras millonarias al cabo investigado con la expectativa de obtener rendimientos. Algunos señalaron aportes cercanos a los $7 millones, mientras que otros indicaron montos que alcanzaron los $24 millones.

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“A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores detectaron 409 operaciones concentradas en sólo tres cuentas virtuales del investigado —Mercadopago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas”, destacaron desde el MPF salteño.

Desde la investigación también informaron que el volumen de fondos en circulación superaría los $2.702 millones. Además, se estableció que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transferencias al denunciado, junto con personas registradas como visitas, ex internos y terceros sin vínculo formal con la institución.

La estructura interna

Uno de los puntos incorporados al informe judicial es que el cabo investigado no habría actuado de manera individual. La evidencia reunida hasta el momento indicaría la existencia de una organización interna, integrada por otros efectivos que habrían cumplido funciones activas en la captación y canalización de los fondos de terceros.

Entre los episodios analizados se destaca el caso de una funcionaria penitenciaria —última denunciante en incorporarse a la causa— cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias que realizó al acusado por un monto superior a los $118 millones. Situaciones de características similares se repiten en otros agentes de la misma fuerza.

Para la fiscalía, la operatoria respondería a un esquema de tres niveles: el cabo denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como presunto organizador del sistema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y concentradores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre colegas; y una base extensa de aportantes conformada por más de un centenar de efectivos penitenciarios.

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Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, documentación considerada relevante para la investigación y $1.317.000 en efectivo. Además, por disposición del MPF, fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y a la plataforma Cocos, a la que habrían sido transferidos $120 millones.

Por último, se confirmó que tanto el principal acusado como una mujer vinculada a la causa fueron citados a audiencia de imputación, en el marco del avance del expediente judicial.

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Crisis en las fuerzas de seguridad: deudas, suicidios y Uber

Este viernes se conoció el fallecimiento del soldado voluntario Facundo Gabriel Lima, integrante de la Guarnición del Ejército en Mendoza. El joven fue encontrado sin vida por sus propios familiares en el interior de su vivienda, ubicada en la localidad de Las Heras, y es el tercer caso de la semana de presunto suicidio dentro de las fuerzas de seguridad.

La investigación por la muerte quedó bajo la órbita de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien tomó intervención en el caso. De acuerdo con las actuaciones iniciales, las primeras hipótesis apuntan a que el hecho habría sido un suicidio, aunque la causa continúa en etapa preliminar.

Según informó el medio MDZ, en el domicilio no se detectaron indicios que sugieran la intervención de terceras personas. No obstante, aún se aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias correspondientes para confirmar las circunstancias del fallecimiento.

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El primer caso, el más llamativo, sucedió este martes por la madrugada en una de las garitas de vigilancia de la Quinta Presidencial de Olivos. Allí apareció muerto el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, donde cumplía funciones de custodia. La línea investigativa predominante apunta a un suicidio. El hallazgo se produjo luego de que el joven dejara de comunicarse en los horarios previstos, un hecho que encendió alertas dentro de la cadena de mando.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del episodio, entre las 05:15 y las 05:30 de la mañana, efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo se dirigieron al puesto asignado al soldado ante la ausencia de respuestas. En ese lugar encontraron a Gómez con una herida de bala en la cabeza y el arma reglamentaria apoyada a su lado. La zona fue inmediatamente aislada para permitir las pericias correspondientes.

Gómez era oriundo de la provincia de Misiones, integraba el Escuadrón Chacabuco y llevaba un período breve afectado a tareas de custodia presidencial. Fuentes del caso indicaron que atravesaba una situación económica compleja, con numerosas deudas. En la garita se encontró además una carta de despedida dirigida a familiares y compañeros, que fue incorporada como prueba al expediente.

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Un día después, este miércoles, el suboficial principal Juan Pereira, de 48 años, fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros de la provincia de Corrientes, en un caso que también es analizado bajo la hipótesis de suicidio. El efectivo fue hallado sin vida tras un ahorcamiento, aunque el contexto y las causas del fallecimiento todavía no lograron ser determinados con precisión.

En ese contexto, volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre los bajos salarios que perciben los integrantes de las fuerzas de seguridad. El exministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que “hay personal militar que cumple sus horas de trabajo en alguna dependencia y el resto del tiempo hace Uber, Cabify, o alguna cuestión de esas para completar su salario”.

En la misma línea, Rossi sostuvo que “la baja de los salarios” implicó “una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 30%”.

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El exjefe de Gabinete recordó además que durante la administración anterior se aplicaban “dos adecuaciones salariales en enero y marzo, que el Gobierno del presidente (Javier) Milei apenas asumió, suspendió”.

Por último, Rossi cuestionó la política oficial hacia las Fuerzas Armadas al señalar que “el gobierno tiene un discurso que reivindica y trata de empatizar con las Fuerzas Armadas, pero poco ha hecho para mejorar la performance y la calidad de vida del personal militar”.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

NG/ff