La corrupción no sólo amenaza la institucionalidad del Estado y desvirtúa los valores y derechos de todos, sino que también mata. Cuando el Estado no ejerce los controles hacia sus funcionarios, cualquiera sea el estamento en que se encuentren, suceden hechos como Cromañón, la tragedia de Once y tantos incontables casos que se nos vienen a la memoria, donde la víctima es un ciudadano desprotegido y vulnerado en sus derechos.
Pensando en las carencias que tiene el Estado, y su diseño normativo e institucional, en la corrupción que poco a poco fue enquistándose y transformando en habituales conductas que incumplen las leyes, es que resulta necesario un nuevo compromiso ético por parte de todos los actores sociales, para generar así un cambio de paradigma, una nueva conciencia donde la corrupción ocupe el lugar del delito y no del poder.
Con el objetivo de propiciar un marco legal que contemple la transparencia, dado que en nuestra ciudad es una materia aún pendiente, desde mi lugar de legisladora presenté en los últimos siete meses dos proyectos de ley que apuntan a regular la responsabilidad del Estado para que responda sin límites ni restricciones a los perjuicios que pueda generarle a los ciudadanos. Por otra parte, otro proyecto (que también está en tratamiento en la Legislatura), trata de la creación de una fiscalía de investigaciones administrativas, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, especializada en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas, encargada de recibir denuncias y realizar investigaciones en torno a conductas reprochables de funcionarios en el marco del ejercicio de sus funciones.
Ambas iniciativas apuntan a brindar un marco legal que aún tiene vacíos e incongruencias, entre tanta profusa legislación vigente. Por lo tanto, de aprobarse, le estamos proporcionando al pueblo de la CABA recursos accesibles e idóneos para transparentar el ejercicio de la función pública.
Los organismos internacionales sugieren que para afrontar la corrupción hay que contar con acceso a la información pública, oficinas anticorrupción independientes y capaces de alcanzar resultados exitosos, regulaciones precisas sobre el uso de técnicas especiales de investigación, normas efectivas sobre prevención de lavado de activos, políticas que resguarden adecuadamente la integridad y la independencia de la magistratura judicial y el ministerio público, y especialmente fiscalías especializadas en delitos contra la administración pública; nuestro país adhirió a varios tratados internacionales en materia de corrupción.
Estos resortes legales les permiten a los ciudadanos protegerse, reclamar, demandar o denunciar a todo aquel funcionario público que cometa alguna acción y de alguna manera lo perjudique, incluidos aquellos pertenecientes a empresas contratistas; el Estado deberá responder con sanciones y/o indemnizaciones, no eximiéndolo de sus obligaciones.
En el año 2011 en el ranking global denominado Indice de Percepción de la Corrupción, que elabora Transparencia Internacional, Argentina obtuvo apenas 3 puntos sobre 10 posibles y compartió la posición 100 del listado de 183 naciones con otros 11 países. En el año 2012 nuestro país ocupó el puesto 102 de un total de 174 países en el citado Indice de Percepción de la Corrupción, lo cual demuestra a todas luces la gravedad de la situación.
Leyes hay muchas, varias sin reglamentar, una gran cantidad sin cumplimentarse. Están abordadas casi todas las problemáticas posibles, llegando incluso hasta el ridículo; sin embargo, mientras las instituciones no establezcan un nuevo contrato moral, un cambio ético profundo donde la decisión política vaya en consonancia con la rendición de cuentas, no será posible cambiar el modelo corrupto por uno justo y pacífico.
*Legisladora porteña por Coalición Cívica-ARI.
