El ejército en las calles y toque de queda; todos los datos personales, aún los más privados, en manos del Estado, que vigila todos nuestros pasos con la última tecnología; la prensa bajo un escrutinio permanente; una ciudadanía que denuncia con entusiasmo a quienes infringen las leyes: los gobiernos nunca tuvieron tanta facilidad para acumular poder, aplicar el control social y restringir nuestras libertades. Lo aceptamos para detener la pandemia. ¿Pero qué sucede con aquellos autócratas o autoritarios que nunca dudan en afectar los derechos civiles? ¿Qué pasará cuando todo esto se acabe?
“No debemos olvidarnos que antes del Covid-19 en varios países del mundo el uso de tecnología para vigilar a las personas presentaba un problema que afectaba gravemente los derechos individuales”, recuerda a PERFIL Santiago Cantón, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cantón advierte que “si bien el uso en las circunstancias actuales de esos poderes puede ser legítimo, considerando la situación excepcional que estamos viviendo, indudablemente la tentación de que se sigan usando para fines ilegítimos una vez finalizada la pandemia nos debe preocupar a todos”.
El coronavirus ya contagió a más de un millón de personas en el mundo
El mundo parece darle la razón. En Hungría, el primer ministro Viktor Orban ya puede gobernar con decretos, ignorando al Parlamento. Los ministros británicos tienen un poder inédito para detener personas y cerrar fronteras. Benjamin Netanyahu cerró los tribunales israelíes cuando estaba por comenzar el juicio por corrupción en su contra.
En Chile, Sebastián Piñera volvió a aplicar el toque de queda, pero sin las violentas protestas de hace apenas unos meses. Y la pandemia permite a líderes como Jair Bolsonaro redoblar sus ataques a la prensa, a la que acusa de un “complot” para exagerar la gravedad de la pandemia.
Siguiendo el “modelo chino”, Corea del Sur e Israel aplican el big data y hasta información de contraterrorismo para rastrear posibles infectados. Singapur publicó en la web datos médicos muy detallados de los ciudadanos “sospechosos” de Covid-19.
“Cuando todo esto termine, muchos gobiernos no van a querer ceder ese poder fácilmente. En el mundo pospandemico, vamos a presenciar un grave retroceso en el goce de los derechos sociales, por la profundidad de la crisis económica y, en los derechos políticos, por el aumento del poder estatal para controlar la ciudadanía, agrega Cantón.
Un ejemplo muy claro es el de la “Ley Patriótica” que el Congreso norteamericano aprobó tras los atentados del 11-S de 2001, que permitió al gobierno de George W. Bush, entre otras cosas, montar un gigantesco sistema de espionaje interno, y que sólo fue modificada en 2015 para asegurar que no violara derechos consagrados por la Constitución.
Con el tiempo, los decretos de emergencia impregnan las estructuras legales y se normalizan, explicó al New York Times el jurista Douglas Rutzen, presidente de un think tank jurídico de Washington. “Es realmente fácil construir poderes de emergencia. Lo difícil es ponerles fin”.
Como advirtió el pensador israelí Yuval Harari en un impactante artículo en el Financial Times: “En este tiempo de crisis, enfrentamos dos opciones particularmente importantes. La primera es elegir entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. La segunda es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global”.
Pandemia: cómo responden las dictaduras y las democracias
Para el politólogo latinoamericanista Augusto Salvatto, “el retroceso de la democracia liberal en muchos países se viene dando consistentemente en la última década, y el efecto coronavirus solo lo está acelerando. El miedo actúa como una de las principales fuerzas legitimadoras del autoritarismo y puede provocar la concentración del poder político. Tal como se está viendo en Hungría, Turquía, o Israel”.
En Hungría, ejemplo de lo que pueden hacer autócratas con el miedo, como el que genera la pandemia, el primer ministro Orban asumió el poder de extender cuando quiera el estado de emergencia, durante el cual, por ejemplo, no se puede convocar a elecciones. Y aprobó una ley que prevé hasta cinco años de cárcel para quien difunda noticias que “entorpezcan la respuesta” a la pandemia. Una forma ambigua que puede alcanzar, por ejemplo, a periodistas que divulguen las cifras verdaderas de casos.
En la región. Las medidas de control plantean un desafío especial para países como los latinoamericanos, donde las instituciones son débiles y las democracias relativamente jóvenes. "En América Latina tenemos muchas debilidades institucionales, por eso esta situación debería servirnos para generar medidas apoyándonos en la ley. Porque si lo hacemos violando la ley, será muy difícil volver atrás", advierte Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA.
Edison Lanza, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH, destaca que “casi todos los países de la región han reaccionado a la pandemia con un estado de excepción o emergencia, algunos con decretos muy amplios y vagos, donde se establecen restricciones a varias libertades, y otros con algunos más puntuales”.
“Hay muchas libertades que están siendo afectadas, en muchos casos no de mala fe, pero siempre hay que recordar que ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’, agrega el jurista y comunicador uruguayo.
Covid-19 y el plan de EEUU podrían derribar a Nicolás Maduro
Como ejemplo, Lanza destaca la medida provisoria del gobierno de Bolsonaro, que suspende los pedidos de acceso a la información pública, o el caso de Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro detuvo arbitrariamente a un periodista y a un médico por criticar la respuesta oficial al Covid-19, y luego los procesó en base a una “Ley contra el Odio” preexistente, que entre otras cosas sanciona la “incitación al pánico” por Internet.
Otros países, como El Salvador, también han suspendido la posibilidad de que los periodistas pregunten cuando se brindan los datos sobre el virus. “Sólo se leen boletines oficiales”, apunta Lanza.
Para el investigador Augusto Salvatto, “en América Latina, donde la democracia está menos arraigada, la tentación autoritaria es mayor, y los mecanismos de control, tanto sociales como institucionales, menores. Esto tiene que ver con que el autoritarismo político descansa en un autoritarismo social latente, que pone en riesgo las bases mismas de la democracia”.
Sin embargo, hay quienes también tienen una mirada más optimista y no ven muy cercano el riesgo de una “tentación autoritaria”.
“La tentación existe, pero no es materializable”, dice a PERFIl el poiltólogo chileno Patricio Navia. “Las sociedades democráticas no toleran ese tipo de poderes extraordinarios cuando no existe emergencia sanitaria. De hecho, en Chile, la crítica a Piñera ha sido que no ha adoptado medidas más drásticas, como la cuarentena nacional”, explica.
Navia, profesor en la Universidad de Nueva York, cree que “efectivamente existe en el mundo el riesgo de que ahora los gobiernos toman medidas drásticas para restringir la libertad en su lucha contra el coronavirus”, las cosas no vuelvan a tras cuando pase la amenaza, pero no para Chile, “porque la sociedad es lo suficientemente fuerte como para resistir esos intentos y porque el gobierno de Piñera no parece interesado en aprovechar la ocasión para ceder a tentaciones autoritarias que en realidad nunca ha tenido”.
Por su parte, el politólogo Facundo Cruz, Coordinador Académico del Departamento de Gobierno de la UADE, ve en estas preocupaciones “una falsa dicotomía entre salud y libertades civiles o equilibrio institucional”.
“Lo que estamos viendo en toda la región es una fuerte impronta de los Poderes Ejecutivos para tomar iniciativa, adoptar e implementar decisiones, pero siempre en un esquema de coordinación multisectorial”, sostiene, y destaca que la única excepción es Brasil.
El verdadero desafío de la región, apunta Cruz, es la capacidad de los Estados para enfrentar la pandemia. En América Latina “el Estado no llega siempre a todos lados, aparecen ‘zonas marrones’, como decía Guillermo O'Donnell: lugares donde no hay autoridad estatal, sino de grupos privados, y a veces de nadie. Ahí es difícil poder contener el virus”.
Cruz no imagina “Estados que asuman mayores niveles de control en distintas esferas de la vida diaria para luego no volver a los límites constitucionales establecidos. Es una situación excepcional que demanda soluciones excepcionales. Terminado el caos, vuelve el balance”.
Salvatto, en cambio, ve un panorama más oscuro: “probablemente en los próximos años veamos un debilitamiento de la democracia liberal en la región, y el surgimiento de liderazgos fuertes ante una situación económica y social muy compleja”, agravada por la pandemia.
