La polémica sobre la distinta asignación de responsabilidades a “los dos lados del mostrador” de la corrupción, el Estado y un privado, no se había hecho tan explícita con el caso de Lázaro Báez porque al presumirlo un testaferro de Néstor Kirchner no había dos lados sino uno solo que actuaba en ambos, como una versión santacruceña del “L’Etat, c’est moi” de Luis XIV. Pero la aparición de José López irradiando el carácter corrupto sobre toda la obra pública, y ya no sólo sobre la de Lázaro Báez, obligó al kirchnerismo a construir una nueva narrativa que redujera los daños que está sufriendo frente a la opinión pública. Y lo hizo extendiendo las responsabilidades no sólo al gobierno K (el Estado entre 2003 y 2015) sino esencialmente a los privados como “agentes corruptores”.
Algo ya se había insinuado con la mención recurrente de Lázaro Báez al primo de Macri, Angelo Calcaterra, dueño de la constructora Iecsa, contratista de obra pública en la era K. Y también antes de irse del gobierno, en agosto de 2015, cuando De Vido difundió la lista de las principales empresas de obra pública y, junto con Iecsa, mostró en los primeros puestos a Techint, Corporación América, Odebrecht, Cartellone, Rovella Carranza y Roggio, además de las asociadas directamente al kirchnerismo como Electroingeniería, Esuco, JCR y Lázaro Báez.
La tesis del kirchnerismo sobre la corrupción, colocando en el mismo nivel de responsabilidad al funcionario que recibe la coima y al empresario que la paga –y hasta peor: colocando al contratista como el corruptor del funcionario–, cae en la falacia que tanto criticó para la teoría de los dos demonios, a la que se acusó de explicar la violencia de los años 70 colocando en planos similares al Estado represor ilegal con la guerrilla, siendo claramente el Estado un responsable de otra magnitud.
Salvando las enormes diferencias en las consecuencias físicas de la represión en los años 70, tanto el argumento del mayor poder del Estado frente a los civiles como el de la mayor obligación moral del Estado de dar el ejemplo en el cumplimiento de las leyes podrían ser utilizados por los contratistas de obra pública ante la autoridad discrecional que tiene el Estado para generar las condiciones para que gane una licitación un proveedor y no otro.
Esto no quita responsabilidades a los empresarios que pagaron coimas porque el sistema de corrupción en la contratación con el Estado ha sido estructural y preexistente al kirchnerismo, por lo que no vale el argumento de que llegó un gobierno que aplicó prácticas nuevas dejando sin alternativa a empresas con grandes estructuras ya montadas y que no podían deshacerse de la noche a la mañana. Pero nunca es igual la responsabilidad de quien ejerce el poder del Estado. Además, el kirchnerismo aumentó drásticamente el grado de esa corrupción estructural.
El libro clásico sobre el tema: ¿Remedios contra la corrupción?, del profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Yale Michael Reisman, lo explica de la siguiente manera: “En cualquier proceso social, un observador puede distinguir un sistema mítico que claramente expresa todas las reglas y prohibiciones (las acciones buenas y malas expresadas sin tonos ni matices) y un código práctico que dice a los operadores cuándo, cómo y por qué pueden hacer las cosas malas. Hay dos sistemas normativos pertinentes: uno que se supone se aplica, y que las elites continúan alabando de la boca para afuera, y otro que se aplica en la realidad. El sistema mítico no expresa valores caducos, más bien refuerza esos valores que continúan siendo individual y socialmente importantes; (sin embargo) un gran segmento de la ley formal, que los miembros de la comunidad aún consideran como la ley y no están dispuestos tampoco a negarlo, no sólo no será aplicado diligentemente, sino que su violación será aceptada como la manera en que las cosas se hacen”.
Cuando la sociedad otra vez puso el foco sobre la corrupción, a finales de la década menemista, Gallup consultó entre otros a 111 de los empresarios más importantes de Argentina preguntando si era común para las compañías sobornar a miembros del gobierno o a funcionarios públicos a cambio de favores. Y el 87% respondió que la mayoría de las empresas o muchas sobornan a empleados públicos (el 44% dijo que la mayoría de las empresas, y el 43%, que muchas).
La corrupción, al igual que la violencia física como forma de resolver conflictos, es un problema cultural que resulta de los valores y la dosis de tolerancia a su incumplimiento. El grado óptimo de corrupción –como el de violencia física– puede no llegar a ser cero, pero es posible enseñar y aprender una especie de pedagogía de la virtud donde individual y colectivamente se transformen las prácticas y la cultura política. Así como los argentinos aprendimos que la violencia de los años 70 es intolerable comenzando por penar más duramente a miembros del Estado que utilizaron ilegalmente la fuerza, lo mismo irá pasando con la corrupción.
Tenemos un gran aliado: la tecnología. Es evidente que la aparición simultánea de casos de corrupción en Brasil y Argentina, y hasta en la austera Chile, guarda relación con la mayor visibilidad a la que están expuestos los políticos y todas las personas gracias a la infinitamente mayor cantidad de cámaras y registros informáticos que dejan huellas que antes eran imposibles de rastrear. Y en el caso del kirchnerismo, se suma, al no adecuarse a la mayor exposición, que ni siquiera fue discreto:
Fariña y la abogada hot reflejan también su gusto por lo bizarro.
