La acción de los gobiernos debe responder a las demandas de los diferentes grupos de la sociedad: desde mayorías ciudadanas que buscan soluciones concretas para sus problemas cotidianos, empresarios que reclaman seguridad jurídica, trabajadores que buscan empleos con buenos salarios y organizaciones civiles con intereses diversos, hasta cientistas sociales y filósofos que buscan influir en la organización social con aportes que le otorguen una base ética y republicana.
Demandas diferentes que deben ser compatibilizadas, ya que cuando esto no ocurre surgen acusaciones cruzadas como las que hablan de populismo versus democracias formales, según se entienda que se privilegian las demandas materiales de las mayorías en detrimento de principios y valores, o lo contrario.
A esa obligación de compatibilización e integración, debe agregarse otra fundamental: que ningún gobierno deje de atender demandas esenciales tanto en el campo de lo material como de lo institucional. En cuanto al primero, son tareas impostergables: crear condiciones para un desarrollo económico con alta productividad, generador de empleos y buenos salarios, sin inflación que los corroa, condiciones laborales dignas y seguridad social, así como garantizar educación, salud, vivienda, servicios públicos de calidad para todos y políticas culturales inclusivas.
En cuanto a lo institucional, debe distinguirse entre la elaboración de conceptos que aportan valores y principios éticos a toda organización social, y la acción concreta de ponerlos en práctica, asegurando su vigencia. Lo primero es tarea de científicos sociales y filósofos en sus respectivas organizaciones civiles, mientras que la puesta en práctica, así como asegurar la vigencia de esos principios, es responsabilidad impostergable del gobierno.
El gobierno de Alfonsín es un buen ejemplo de los problemas que surgen cuando no se tienen claras estas diferencias y se descuidan algunas de las funciones impostergables. Rodeado de destacados intelectuales, Alfonsín se dejó llevar por su interés en reflexionar sobre desarrollos conceptuales al servicio de proyectos de larga duración, sin tomar debida nota de los graves problemas que día a día sufrían las mayorías ciudadanas.
Nunca descuidó sus obligaciones institucionales específicas, ya que puso en vigencia los principios republicanos que aseguraron un respeto irrestricto de los derechos ciudadanos, coronando su labor con el hecho histórico de llevar a juicio a las juntas militares.
Pero sí se descuidó la atención de problemas concretos graves: una crisis económica y una inflación descontrolada que obligó a humildes trabajadores a entrar en maniobras financieras, colocando una parte de sus salarios en plazos fijos a siete o catorce días para intentar paliar con esos intereses la pérdida cotidiana de sus ingresos; medios de transporte sin mantenimiento que hacían de todo viaje una pesadilla (viajando en el tren El Libertador desde Mendoza a Retiro, me tocó soportar el cambio de siete locomotoras, dado su mal estado, llegando a destino con catorce horas de atraso); falta de teléfonos de línea, lo que llevaba a que los avisos de venta de departamentos destacaran como dato central que contaban con línea telefónica (lo que de todas maneras exigía que para hablar a larga distancia se debía ir a la oficina de Corrientes y Maipú y esperar horas antes de conseguir una comunicación); falta de gas en invierno para cocinar y para la calefacción y cortes de luz que hacían lo suyo en los veranos. Estas deficiencias generalizadas llevaron a que Alfonsín dejara el gobierno antes de término, facilitando además las privatizaciones menemistas.
Esta experiencia viene a ratificar los problemas que surgen cuando un gobierno se queda en el debate sobre las formas de la democracia, con descuido de las políticas que hacen al cotidiano vivir de las mayorías ciudadanas.
*Sociólogo.
