Una discusión seria sobre el modelo de política de seguridad, sobre todo cuando conmovedores sucesos alertan cotidianamente a la sociedad, no puede evadir cuestiones que hacen al delito en sí mismo y a los fenómenos sociales que conforman el mapa del mismo.
Tampoco puede obviar cuestionarse las políticas que están vigentes y deberían reformularse o las grandes carencias que hacen del sistema de seguridad una maquinaria tan ineficiente como injusta.
¿Las villas del Conurbano donde se instalan las cocinas del narcotráfico no son el resultado de la ausencia de políticas de Estado? ¿No son los delitos del mundo adulto los que mantienen a jóvenes como rehenes con el consumo de paco que termina matándolos? ¿La venta de armas que se utilizan para delinquir, para matar, acaso no es patrocinada por adultos (con formato de mafias organizadas)? ¿La trata de niños, niñas y adolescentes no es otro tema que los pone como víctimas de adultos organizados? ¿La ausencia de fuerzas de seguridad capacitadas velando por los derechos de los ciudadanos no son decisiones del mundo adulto? ¿La administración de justicia no debe ser revisada por adultos? ¿La violencia institucional a la que debe enfrentarse cualquier ciudadano cuando solicita hacer efectivos sus derechos no genera más violencia y reproduce nuevas desigualdades sociales?
La necesidad de una legislación específica, un verdadero hábeas normativo para jóvenes en conflicto con la ley penal debe superar las concepciones y prácticas actuales altamente ineficientes, y tener en cuenta la real dimensión del problema social.
El Congreso de la Nación discutió, durante los últimos años, intensamente la Responsabilidad Penal Juvenil. Con el objetivo de terminar con la ley vigente desde la dictadura, que no resuelve las cuestiones básicas en la materia, se ha buscado establecer un régimen especial para jóvenes infractores –entre 14 y 18 años– con las garantías del debido proceso junto a un conjunto de medidas socioeducativas para atender la problemática.
El Senado de la Nación consiguió en 2007 construir los consensos necesarios, incluso con la participación de diputados y la consulta de numerosos expertos. No obstante, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó por resolución a una comisión. Con el objetivo de desnaturalizar el ámbito de creación y sanción de las leyes, el ministro Aníbal Fernández mantiene en una suerte de “cajoneo” el trabajo parlamentario obstaculizando y paralizando el trabajo realizado no sin esfuerzo.
Consecuentemente, la UCR decidió insistir y presentó en mayo del año pasado otra iniciativa que recupera esos consensos con la meta puesta en abrir nuevamente el debate, aún frente al silencio oficialista.
Alejándonos de las ideas simplistas y mediáticas que aparecen como reacciones espasmódicas sobre la baja de la edad de imputabilidad dentro del régimen penal de adultos, las políticas públicas no pueden quedar libradas, como ha ocurrido hasta ahora, a la discrecionalidad. Tradicionalmente, se ha ido desde no hacer nada a encarcelar a todo niño, niña o joven en conflicto con la ley penal. Esta ausencia absoluta de reglas ha posibilitado y legitimado los peores abusos y arbitrariedades y, también, ha profundizado la desconfianza de la población en la administración de justicia.
La adopción de medidas estructurales y de fondo es imprescindible. Estos temas son ineludibles a la hora de diseñar una verdadera política de seguridad. Se requieren políticas sociales universales e inclusivas que busquen superar la desigualdad.
En la provincia de Buenos Aires, cada año quedan 500 mil chicos fuera del sistema escolar; aumentan los índices de embarazo adolescente; numerosos grupos de jóvenes con sus credenciales devaluadas encuentran mayores dificultades para ingresar al mundo del trabajo y, por ende, son excluidos de sus mínimos derechos.
Con 22 años en el gobierno de la Provincia, el justicialismo debe ser claro, sensato y maduro con su propuesta. Abandonar el facilismo y el oportunismo es la clave, porque la solución debe ir de la política para el conjunto social.
En materia penal para jóvenes infractores es esencial abandonar la concepción tutelar punitiva para asumir definitivamente la perspectiva de una justicia participativa, que sustente la concepción de responsabilidad mediante procesos socio educativos y restaurativos, considerando que se trata de personas en desarrollo. La intervención del Estado debe tener siempre como fundamento el interés supremo de los más jóvenes y en el marco de su protección integral.
La judicialización de la pobreza debe superarse con una propuesta de protección integral. La respuesta posible y responsable, en democracia, a las cuestiones complejas es un régimen penal específico para personas entre 14 y 16 años. La solución está íntimamente ligada a un incremento en la calidad de vida de los sujetos y los pueblos.
*Senador. Titular Comité Nacional UCR.
