En un rincón, los intendentes. En el otro, los gobernadores. Una puja latente, silenciosa, se está desarrollando dentro del amplio mundo del justicialismo. Se desenvuelve en paralelo a la campaña electoral, cuyo resultado alterará el peso relativo de cada una de las facciones contendientes. Resaltan naturalmente los componentes fiscales (¿quién pagará una porción mayor del costo del eventual ajuste, si es que gana Cambiemos?), y en materia de gobernabilidad (¿quién está mejor posicionado para aguantar la volatilidad de los mercados y los cimbronazos que ello traería aparejado si en la provincia de Buenos Aires resurge el liderazgo de CFK?).
El peronismo ha entrado en una dinámica de recomposición interna, lo que implica cambios extraordinarios en cuanto a los núcleos de poder, más allá de que no se visualicen intentos efectivos de renovación partidaria en materia doctrinaria y de cultura política. Como ha sucedido a lo largo de la historia, el peronismo se verticaliza cuando controla el Poder Ejecutivo, pues “todos corren presurosos en auxilio del ganador”, como me enseñó un viejo ministro de trabajo noventista. “Peronismo es ganar, se perdona todo menos la derrota”, son otras frases hechas que completan el rico y pragmático manual no escrito del sentido común justicialista.
Cambios. Los grandes reacomodamientos tienen lugar cuando el presidente pertenece a otro signo político. El control del territorio constituye un elemento vital, sobre todo desde que la desindustrialización y la pérdida de influencia y prestigio convirtieron a los dirigentes sindicales en actores cada vez más residuales dentro y fuera del peronismo. Conservan una evidente capacidad de bloquear reformas en la legislación laboral en alianza con los abogados especializados, dentro y fuera del Poder Judicial. Eso explica, junto con el cambio tecnológico, que en la incipiente recuperación económica se genere tan poquito empleo: los empresarios prefieren invertir en sectores capital-intensivos para eludir el drama de los costos de la mano de obra y sobre todo los litigios. En este contexto de cambios estructurales y con un futuro amenazado por la tasa de destrucción de empleo por la inteligencia artificial, el sindicalismo vio acotada su influencia, como quedó en evidencia en la repartija de cargos en este turno electoral. Ese espacio es entonces llenado por líderes con control territorial y, en menor medida, algunos movimientos sociales con capacidad de capturar y manejar recursos del Estado. De este modo, luego de la derrota del 2015, y carente de un liderazgo claro, emerge una inédita pelea de fondo entre los gobernadores y los intendentes, batalla que si bien quedó visible tras la candidatura de Cristina, aún permanece oculta para buena parte de la ciudadanía. La historia reciente indica que los presidentes del PJ fueron antes gobernadores: Menem en La Rioja, Rodríguez Sáa de San Luis, Duhalde de Buenos Aires, Néstor de Santa Cruz. La excepción a la regla sería la propia Cristina, que por su condición de comodín para que regrese su marido no llega a romper del todo la secuencia. El destino la puso luego en el epicentro del poder con su extraordinario triunfo del 2011, que ella misma se encargó de dilapidar en poco tiempo.
Hoy Cristina reaparece casi como una empleada de los intendentes bonaerenses, convertidos en actores fundamentales de su candidatura. Necesitan de su popularidad para ratificar el control en sus respectivas comunas. Algunos están identificados genuinamente con ella. La mayoría, por el contrario, la usan para garantizar su supervivencia. Los intendentes no tienen, como los gobernadores, la chance de emitir deuda en los mercados. Por el contrario, ganan más en el vínculo con el presidente. Esto explica, al menos en parte, por qué ninguno de los mandatarios provinciales peronistas apoyó hasta ahora a la candidata de Unidad Ciudadana. Algunos incluso prefieren, hasta sueñan, con una transversalidad liderada por Macri: ser los socios tardíos, con poder real, que consoliden a Cambiemos. Esto desvela a los sensibles radicales, que saben que antes de fin de mes, una decena de gobernadores discutirán este tema en Buenos Aires.
Privilegiados. Los intendentes, sobre todo los del GBA, han sido los principales beneficiarios del festival de subsidios, créditos artificialmente baratos y proteccionismo extremo que implementó Cristina. Junto con las redes de la economía informal (también “social”, como le gusta a los seguidores del Papa), en esas zonas se multiplicaron las pymes vinculado al boom del consumo y a las frágiles bonanzas del anabólico inflacionario. Por eso Cristina se volvió la candidata de la desilusión monetaria: la gente de carne y hueso que la acompañan ahora en el escenario para validar su discurso cuentan sus historias actuales de privaciones y las añoranzas de ese pasado bucólico donde la inclusión implicaba consumo
El poder de los intendentes fue aumentando de forma gradual en los últimos años. Las corrientes migratorias, muchas de ellas de países limítrofes, se han desplazado mayormente hacia el GBA. Allí, los punteros se apresuran a facilitarles la documentación necesaria para que puedan votar lo más pronto posible. Fue precisamente el kirchnerismo el que simplificó los trámites de residencia de ciudadanos de la “patria grande”. Así se alimentaron, en simultáneo, los negocios de la pobreza y de las tierras ilegales, se fomentaron la toma y los punteros extendieron su oferta clientelista, fuente vital de su poder territorial y, por carácter transitivo, el de los intendentes, que les entregan recursos y materiales financiados con dinero público (en parte, transferidos desde la presidencia mediante ATNs y otros mecanismos que debilitan a los gobernadores).
Antes, las provincias del norte actuaban como “amortiguador”, a partir de su amplia demanda de fuerza de trabajo en sectores como el algodón, el azúcar, la madera, el tabaco o la yerba mate. Las crisis de las economías regionales, más el avance tecnológico y la automatización, redujeron la cantidad de vacantes de manera drástica y rompieron ese dique inicial.
En simultáneo, la reforma constitucional de 1994 determinó que la Argentina fuese un distrito electoral único y disolvió el Colegio Electoral, lo que hizo que las provincias perdieran su peso relativo en el juego político: las elecciones, a partir de entonces, se ganan y se pierden en los grandes centros urbanos.
Este creciente poder de los intendentes encierra otras paradojas. Por ejemplo, desde 1999, la provincia de Buenos Aires no tuvo ningún gobernador con peso organizacional en ese distrito. De hecho, todos vinieron de (y vivían en) la Capital Federal: Ruckauf, Solá, Scioli y Vidal. Graciela Fernández Meijide abrió un puerta en la que incluso se coló, fugazmente, Francisco de Narváez. Cristina también cumple con ese requisito.
