El mercado laboral argentino es en esencia profundamente heterogéneo y diverso. Embolsar en un único grupo el análisis de toda su situación y desafíos puede resultar pues imperfecto. Uno de sus principales subconjuntos es el del empleo público.
Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en octubre de 2020 los asalariados públicos representaban el 27% del total de trabajadores registrados en nuestro país. Porcentaje que a nivel provincial presenta significativas diferencias (por caso, picos muy por encima de este promedio en Santa Cruz, Formosa, Catamarca, La Rioja, San Luis o Santiago del Estero). Hay un consenso generalizado que sostiene que en Argentina hace una década que no se crea sostenidamente empleo privado de calidad. Prueba de ello, de octubre de 2012 a octubre de 2020 se destruyeron 270.000 puestos de asalariados privados, cayendo su participación en el mercado del trabajo formal de casi 54,8% a un 48,7%. Sin embargo, y aquí la cuestión, en ese mismo período, los asalariados públicos crecieron en 575.000 vacantes, alcanzando hoy los 3.223.000, un 3,2% más en el mix que en octubre 2012 (23,9%). Una curiosa tendencia que ni el Covid-19 ni la pandemia, increíblemente, pudieron torcer. A pesar de que en todo el mundo el desempleo creció, nuestro empleo público resistió. Así pues, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 el asalariado público se mantuvo en un +0,3% (3.219 millones de personas); mientras que los asalariados privados retrocedieron 4,4% (destrucción de 280.000 puestos). Moraleja final: el empleo global sufre como nuca por el Covid-19 y sus consecuencias, en Argentina el empleo privado de calidad no logra despegar, nuestro empleo público todo lo resiste.
Pero además de sostenerse, el sector público pareciera orbitar en otro sentido y con otras reglas. La cuarentena empujó intempestivamente a todos las personas a trabajar desde su hogar. Nuestros legisladores, veloces como pocas veces, aprobaron una necesaria ley de teletrabajo. Más rápidos aún de reflejos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acordó con la Secretaria de Gestión y Empleo Público que la recientemente aprobada ley de teletrabajo no será aplicada en el sector público; su secretario, Rodolfo Aguiar, estampó: “el sindicato siempre sostuvo que no puede existir un Estado presente con sus trabajadores ausentes".
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En la gran mayoría de las empresas privadas que operan bajo una gestión profesional existe un proceso formal para incorporar un empleado. Un equipo de selección que asegura realizar un preliminar mapeo del mercado target a reclutar, una serie de entrevistas a un grupo calificado de potenciales candidatos, una comparación objetiva, un pedido de referencias y hasta una evaluación psicotécnica. Hace pocas semanas, Victoria Donda, titular del INADI, resumió: "La verdad es que he tomado a mucha gente que conozco porque es lógico que uno toma a la gente que tiene más cerca". Demás está aclarar que lo lógico sería incorporar al profesional objetivamente mejor calificado. Y no al vecino más cercano o al mejor amigo de la infancia.
Mayúsculo capítulo aparte para los salarios del sector público. Asumiendo que quienes optan por una carrera en este sector deberían estar primariamente movilizados por una genuina vocación de servidor público, la remuneración estatal debiera tener una mayor y mejor correlación con la del sector privado. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Septiembre de 2020 el sueldo del presidente Alberto Fernández era de $ 354.000 y de la mayoría de sus ministros $ 312.646. Una remuneración, en cualquiera de los casos, que apenas se equipara con la de un gerente senior en una compañía privada importante. Y la que un CEO de una multinacional de primera línea cómodamente triplica. De nuevo, se entienden las diferencias de objetivos y propósitos, pero el gap parece demasiado amplio para soñar con armar un equipo de elite en el estado.
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Cae de maduro a esta altura que en el sector público existen aún muchas oportunidades de mejora en la gestión profesional de sus recursos humanos. Importantes avances ha logrado la extensa gestión de Cambiemos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este sentido. En cambio, los logros a nivel nacional durante la era Macri parecen evaporarse con el paso del tiempo. La lista de pendientes es corta pero profunda. Establecer una política de remuneraciones que asegure la competitividad externa con todo el mercado del trabajo y la equidad interna en nuestro particular laberinto público. Incorporar personal a través de un proceso de selección profesional y objetivo, y gestionado por especialistas. Promocionar a aquellos profesionales con el mejor desempeño, medido éste a través de evaluaciones formales y recurrentes. Entrenar y capacitar sistemáticamente.
Resolver la profunda crisis laboral argentina impone encarar y meter mano, de una buena vez, también en el universo del empleo público. Revisar y sentar las pautas para acercarlo a la dinámica profesional del trabajo del futuro. Un desafío que excede las ideologías políticas y gobiernos de turno. Y que, hasta hoy, nadie se ha animado a encarar en serio.
*General Manager de GhidiniRodil. Autor del libro: Mi Trabajo Ahora. Twitter: @JMGhidini
