A una semana de la audiencia entre la Argentina, los fondos buitre y el resto de los holdouts previa a que la Corte Suprema defina si toma la apelación del Estado nacional, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se reunió en Washington con los abogados a cargo de la defensa.
Acompañado por la embajadora Cecilia Nahón y el secretario de Finanzas Pablo López, Kicillof recibió en la sede diplomática argentina a Paul Clement, el ex procurador del Tesoro contratado en la última etapa por su expertise en llevar casos al máximo tribunal de Justicia de los Estados Unidos, y también a los abogados del estudio Clearly Gottlieb Steen & Hamilton.
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El encuentro ante el tribunal de la Corte Suprema está previsto para el lunes 21 a las 10 am en Nueva York, que definirá después de escuchar a las partes si acepta el caso argentino. Para esto, tanto la Argentina como los fondos buitres presentaron en el último mes apoyos a sus causas. La defensa sumó los “amicus curiae” de distintos países como Brasil y México, y Estados Unidos aclaró que intervendría en caso de que la Corte lo solicite. También se sumaron -como en las instancias anteriores- los bonistas reestructurados y fondos de inversión que alertaron sobre el riesgo que una decisión a favor de los fondos buitre implicaría para los pagos actuales y para el sistema financiero, en línea con los argumentos oficiales.
“Si prevalecen sus conductas predatorias, los holdouts se asegurarían una herramienta que transformaría a los procesos de restructuración de deuda en virtualmente imposibles, con efectos negativos para la estabilidad y predictibilidad financiera global”, advirtió Kicillof en las reuniones de ministros de Economía y Finanzas del G-20 y G-24.
En la última jornada en Washington, a donde viajó para participar de la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Kicillof dijo a la agencia Télam que la Argentina es el “espejo del porvenir de algunos países que están preocupados” por la reestructuración de deuda ante el vacío legislativo internacional.
En su declaración final el G-24 tomó el reclamo argentino y estableció que cualquier resolución de la Justicia estadounidense “que incentive un comportamiento predatorio” de los holdouts “podría socavar la arquitectura básica para préstamos soberanos y resolución de deuda”. El G-20, en cambio, no recogió el guante en su declaración final.
Más allá del litigio con los buitres, el titular del Palacio de Hacienda consideró que en las reuniones del FMI y BM se evidenció que “hay riesgos fuertes que ponen en peligro la recuperación a la que nadie está dispuesto a apostar demasiado como segura”.
La relación entre la Argentina y el Fondo se debatió entre cruces por la medición del PBI -el Fondo presentó un 4,3% de crecimiento para 2013, por arriba del 3% del nuevo PBI del INDEC corregido sobre base 2004-, y felicitaciones por el recorte de subsidios y la suba de tasas.
