Hoy en día existen dos tipos de pensiones por invalidez. Las contributivas, que se otorgan a trabajadores que se encontraban realizando aportes al momento de sufrir una discapacidad, y las no contributivas, que son para personas que no realizaron aportes y que su situación económica no les permite subsistir. Actualmente asciende a $20.300.
Entre 2001 y 2021 hubo un crecimiento atípico en el número de beneficios no contributivos que se otorgaron, en especial entre el año 2009 y 2014. Se pasó de 76 mil a más de un millón, es decir, del 0,2% de la población argentina al 2,4%.
La información se desprende de un informe realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que sostiene que el hecho de que se registre un aumento tan pronunciado sin que hubiese ocurrido una catástrofe natural o guerra; parece indicar que hubo discrecionalidad y fraude en el otorgamiento de las pensiones por invalidez.
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La teoría toma mucha más fuerza aun cuando provincias con estructuras de población similares tienen porcentajes de beneficiarios tan dispares, llegando algunas al 8%, y habiendo municipios en los cuales se llega al 38%.
¿Cómo se consumó el fraude?
Según el IDESA, el mecanismo de asignación posibilitaba que se falsifiquen datos y el gobierno no hizo mucho por detectar esos casos irregulares. Estos beneficios se tramitan en el Ministerio de Desarrollo Social nacional y para obtenerlos se requiere de un Certificado emitido por un hospital público, algo no muy difícil de conseguir.
A partir de 2016, los controles se reforzaron en ese sentido y el número de beneficiarios comenzó a caer.
¿Qué consecuencias causó en la sociedad?
El IDESA destaca en el relevamiento que tiene dos implicancias directas:
- Perpetúan la pobreza: debido a que son incompatibles con un empleo formal, condenan a sus perceptores al asistencialismo para toda su vida.
- Suman presión al sistema provisional: aunque no son el principal factor que explica el déficit provisional, su magnitud no es minúscula ni pasa inadvertida, ya que representan el 10% de la recaudación de aportes y contribuciones, y sus efectos empeoran a largo plazo.
Otra forma de medir su impacto es que, para financiar una pensión por invalidez, se necesita de los aportes jubilatorios de dos trabajadores.
Entonces, la asignación de estos beneficios que se otorgaron discrecionalmente, sin seguir criterios técnicos de evaluación adecuados, maximizaron el rendimiento político, pero no garantizó que el beneficio vaya a quien en realidad debería percibirlo.
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El IDESA sostiene que el proceso de revisión de las pensiones no debe desactivarse para las personas que no son inválidas. Pero si están en situación de vulnerabilidad, es necesario poner a disposición otros programas que faciliten el acceso al empleo.
Por último, si bien se trata de pensiones no contributivas, se generan erogaciones que sobrecargan el sistema provisional o en última instancia al déficit fiscal. Y son un ejemplo de cómo las decisiones que se toman hoy pueden generar erogaciones hasta en varios años después.
SE cp
