Vouchers educativos: ¿Qué pasaría con la educación pública si gana Javier Milei?

Llega el momento de la definición. Y mientras nos aproximamos al inminente balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, un tema relevante para los votantes, a la hora de decantarse por un color de boleta, pasa por la educación..

Es que una de las propuestas que formaron parte de la agenda política los últimos meses es aquella que integra la plataforma de La Libertad Avanza, más precisamente en la novena página del documento entregado a la Cámara Nacional Electoral. Allí se plantea una reforma de nueve puntos con la unificación de Educación como ministerio junto a Desarrollo Social, Salud y Trabajo, para conformar el de Capital Humano, y la implementación de un "sistema de vouchers educativos".

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Según indica el escrito oficial, este permitiría "descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda".

En línea, un hipotético gobierno libertario tendría el objetivo de "generar competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular en todos los niveles de educación, incorporado más horas de materias como matemática, lengua, ciencias y tic, o por la orientación y/o la infraestructura".

Vouchers educativos: qué son y cómo funcionan

El esquema de 'vouchers educativos' se basa en que los fondos destinados a la educación por parte del Estado no van a la 'oferta', como pueden ser becas o salarios, sino a la 'demanda', a las familias o los estudiantes, en el caso de aquellos universitarios, por ejemplo, quiénes reciben un vale equivalente al dinero que la entidad gubernamental que dispone de dichos recursos considera que representa la escolaridad.

Con dicho 'cupón', se elige la institución deseada de acuerdo a las preferencias de cada caso particular, sin importar las características que estas posean. En este sentido, se habla de la "libre elección de escuela". Si una entidad educativa es pública, se entrega el 'voucher' y nada más; mientras que, en el caso de una privada, se debe abonar un "copago" adicional, a determinar por cada establecimiento.

Aunque, en este sentido, hay dos puntos a remarcar: la ausencia de un abono complementario en las instituciones del Estado será así a menos que haya una disposición que así lo indique, por lo que esto es maleable a cambios, mientras que, de aplicarse, esto también pondría fin a los subsidios a los colegios privados que rige en la actualidad.

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A partir de su aplicación, entonces, se da lo que se llama un "mercado educativo", en donde se genera una competencia para captar alumnos porque, sin ellos, el funcionamiento de las escuelas, ya sean públicas o privadas, laicas o religiosas, tecnológicas o tradicionales, es imposible. Si un colegio no recibe estudiantes y, con éstos, un 'voucher' con financiamiento y un copago adicional, en los casos que así lo requieran, debería cerrar por falta de capacidad para afrontar los costos operativos.

Sin embargo, el monto a pagar está delimitado por el gobierno de turno, quién decide cuánto es el dinero destinado por alumno a cada institución. Entonces, de aplicarse en Argentina, podríamos encontrarnos casos en donde el 'voucher' representa un ingreso menor que el subsidio actual, por lo que el "copago" sería incluso mayor en el caso de los privados. También, entidades públicas que, por su infraestructura y su capacidad humana, no logran cubrir los costos con éste, por lo que, por más de tener personas desempeñándose y aprendiendo allí, deberían cerrar sus puertas.

El referente original de este sistema fue el economista liberal estadounidense, y ganador del Premio Nobel de Economía de 1976, Milton Friedman. Sin embargo, quiénes impulsaron el concepto actual, cuya teoría se expandió a diversos países del mundo, fueron John Chubb y Terry Moe en la década de los 90'. Ambos fueron asesores de la reforma 'pro-mercado' de Margaret Thatcher, estrechamente vinculada a la Guerra de Malvinas, y a los crímenes de guerra acontecidos durante el conflicto con Reino Unido, cuya figura fue reivindicada por el liberal en reiteradas oportunidades.

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Sin embargo, hay un tema no menor y que interfiere en las aspiraciones del referente de La Libertad Avanza. Y es que, en la actualidad, y según indica la Constitución Nacional, la educación depende de cada una de las provincias y no del Estado Nacional.

El artículo cinco de la declaración de derechos expresa: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria".

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Asimismo, el artículo 75 del cuarto capítulo, en su apóstrofe decimoséptimo, atribuye al Congreso, entre otras, "sancionar leyes que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales".

'Osea, digamos', una frase reiterada por Milei, para instalar este modelo se debería dar, entre otras acciones, como la aprobación de una nueva Ley de Educación Nacional en el Congreso, una reforma constitucional, algo que ocurrió en Chile.

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Hay muchos países que han instalado este sistema de "mercado educativo". Sin embargo, no hay que viajar tanto para ver los efectos del mismo. Del otro lado de la Cordillera de los Andes, este modelo fue implementado a partir de los cambios en la Carta Magna de los 80' por parte de la dictadura de Augusto Pinochet.

Esto, a partir de la inclusión del objetivo de "consagrar la libertad de enseñanza como el derecho a abrir y mantener escuelas y el derecho de los padres a escoger el establecimiento de sus hijos". Aunque se consolidaría con la Ley Orgánica Constitucional de 1989.

Para justificar su desarrollo, la Junta Militar identificaba como problemáticas "la repitencia, deserción, centralización y estatización excesiva" y señalaba que la educación debía "orientarse a trasmitir valores patrios, favorecer la libertad de enseñanza, asegurar la educación obligatoria y fomentar el sistema privado, creando colegios públicos solo cuando fuera estrictamente necesario".

En los años posteriores, se realizaron modificaciones que colaboraron a su instauración. En 1993, se permitió que aquellas instituciones que reciben fondos públicos puedan cobrarle a las familias un copago incluso en las que son de carácter municipal. En 1995, por su parte, se alteró el estatuto docente para vincular las remuneraciones salariales con el desempeño académico. Estas reformas son significativas a la hora de analizar un hipotético caso argentino ya que son cuestiones que Milei ha planteado como ideas de campaña.

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Es que otro de los puntos de la plataforma electoral de La Libertad Avanza pasa por la "modificación del estatuto docente" para "reveer la posibilidad de eliminar licencias injustificadas e incluir la "posibilidad de despido".

En la actualidad, con algunas diferencias en comparación a finales del siglo pasado, impulsadas sobre todo durante el mandato de Michelle Bachelet, este es el esquema que se utiliza en el país limítrofe, uno que ha generado críticas en movimientos estudiantiles, llegando a ser punto clave del estallido social que explotó en el país en el 2019, impulsado, precisamente, por estudiantes secundarios.

Y respecto a los valores, son diversos dependiendo de los distintos factores y características que cada uno tenga. Por mencionar, y respecto al plano universitario, el arancel de este año (por lo que, de cara al año que viene, podría variar) para la carrera de Medicina en la Universidad de Chile es de $7.770.600 chilenos, lo que representa $3.087.950 argentinos. Mientras que estudiar Derecho en la Universidad de O'Higgins cuesta $4.544.000 chilenos, o $1.805.735 argentinos.

Si consideramos que el salario mínimo desde septiembre es de $460.000 chilenos, lo cual marca ingresos acumulados de $5.520.000 al año, gran parte de las carreras se alejan de la posibilidad del trabajador común; más si también tomamos en cuenta el dato de que el ingreso promedio durante el 2022 fue de $502.604 chilenos, unos $6.031.248 al año, bastante por debajo aún de lo que vale profesionalizarse, por mencionar, en un área tan importante como la salud.

LR