Las imágenes shockearon al mundo. El 6 de enero de 2021, hace un año, miles de seguidores de Donald Trump tomaron por la fuerza el Capitolio de los Estados Unidos. Allí, las cámaras de Senadores y Representantes certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tras decenas de recursos judiciales desestimados por los tribunales y nuevos recuentos de votos en estados clave que confirmaron la victoria de Biden.
"El 6 de enero de 2021 seguirá siendo para siempre esta mancha indeleble en la historia de nuestra democracia estadounidense", afirmó muy serio el líder de los demócratas en el Senado Chuck Schumer días antes del aniversario del asalto. "Intentaron hacer tambalear nuestra democracia. Gracias a Dios, ellos fracasaron", agregó.
Facebook ayudó al gobierno de EEUU a identificar a los atacantes al Capitolio
"Detén el robo" ("Stop the Steal") fue el lema de los partidarios de Trump en la manifestación del 6 de enero al denunciar un fraude masivo que habría permitido a Biden derrotar al líder republicano en las elecciones del 3 de noviembre de 2020. Los demócratas, que calificaron de "gran mentira" estos fraudes nunca fueron probados, denunciaron que la toma del Poder Legislativo fue una "insurrección" y un "intento de golpe de Estado".
En la Casa Blanca, Trump arengó a sus filas afirmando que las elecciones fueron "amañadas" y presionando al vicepresidente Mike Pence para que bloqueara el proceso en el Congreso, lo cual se negó a hacer alegando que su papel era estrictamente protocolario. Para el presidente republicano se trató de una "manifestación sin armas" de "patriotas" contra unas elecciones "robadas", en una batalla ideológica sin precedentes para la principal democracia del mundo.
El presidente electo Biden denunció rápidamente la "insurrección" en el Capitolio, una expresión que luego utilizaron los principales medios de comunicación para describir el día: "Nuestra democracia vive una agresión sin precedentes", dijo, y llamó a Trump a pedir "el fin de este asedio".
El asalto al Capitolio se coordinó desde un lujoso hotel de Washington
Más de 700 personas fueron detenidas por actos violentos o por haber entrado ilegalmente en un edificio público, pero ninguna por el delito de "insurrección", y Donald Trump fue sometido a un proceso de destitución - el segundo de su mandato - por "incitación a la insurrección" y a la "violencia contra el gobierno" estadounidense. Evitó, sin embargo, la destitución durante una votación en el Senado.
En el libro "Peligro", Bob Woodward y Robert Costa revelan algunos planes de la Casa Blanca y de los asesores del presidente para mantener a Trump en el poder y la creación de una "célula de crisis" en el hotel de lujo Willard en los días anteriores al 6 de enero. Para el abogado Laurence Tribe y los congresistas demócratas, estas maniobras formaron parte de un intento de golpe de Estado constitucional y una de ellas consistía en que Trump presionara personalmente a las autoridades del crucial estado de Georgia para que revirtieran el resultado de las elecciones a su favor.
El abogado conservador John Eastman redactó un memorando de seis puntos en el que esbozó un plan que habría hecho que Pence recusara a suficientes electores de Biden durante la certificación de los resultados para darle la victoria de Trump. "Este plan parece un golpe de Estado", afirmó el congresista republicano anti-Trump Adam Kinzinger, quien forma parte del comité de investigación parlamentario del 6 de enero.
Trump afirmó recientemente que fue una "manifestación sin ningún arma" y aseguró que la "insurrección se produjo el 3 de noviembre", en las elecciones. En marzo declaró a Fox News que sus partidarios no representaban "ninguna amenaza". "Entraron, no debieron haberlo hecho, y abrazaron y besaron a policías", dijo, y aseguró que la policía hizo "gestos de bienvenida" hacia los manifestantes.
A la caza de los culpables
Desde el mismo 6 de enero, los agentes federales se pusieron manos a la obra buscando en las redes sociales, analizando videos y verificando delaciones anónimas para depurar responsabilidades después del asalto al Capitolio, el templo de la democracia estadounidense. Este "enorme trabajo", "masivo", es "una de las mayores investigaciones en la historia del FBI", dijo Lorenzo Vidino, director del "Programa sobre el Extremismo" de la Universidad George Washington.
Las investigaciones permitieron, en casi un año, detener y acusar a más de 725 seguidores Donald Trump y casi todos los días se agregan nombres a la lista: la policía federal mencionó inicialmente a 800 participantes pero ahora cree que al menos 2.000 personas estuvieron "involucradas en el asedio".
Ratifican el rol negativo del algoritmo de Facebook en el ataque al Capitolio
Los acusados son sobre todo hombres (87%), blancos, con una media de edad de 39 años, que proceden de todo el país y tienen perfiles socioeconómicos variados (abogado, paisajista, agente inmobiliario, etc) pero abundan las personas con experiencia militar y en situación de quiebra. Entre ellos hay militantes de extrema derecha, conspiradores pero también simples simpatizantes de Donald Trump que están convencidos de la necesidad de librar una cruzada poselectoral.
La mayoría de los implicados, que aparentemente se conformaron con recorrer el edificio del Capitolio, están procesados por delitos menores, como violación de una prohibición de entrada o alteración del orden público. Los procesos judiciales son rápidos y alcanzan con un acuerdo de declaración de culpabilidad: unas 165 personas ya se acogieron a este sistema y se dictaron unas 50 sentencias.
La mayoría de las sentencias son leves y las penas más duras recayeron en las aproximadamente 225 personas acusadas de haber cometido actos violentos, sobre todo contra los policías del Capitolio. Unas 40 personas están siendo juzgadas por "asociación de delincuentes", lo que implica haber planeado el ataque, cargo dirigido en particular a miembros de los grupúsculos de extrema derecha Proud Boys, Oaths Keepers o Three Percenters.
Un año después, todavía nadie fue acusado de "sedición" o "insurrección", unos cargos difíciles de probar, ya que los fiscales "intentan ser todo lo imaginativos que pueden dentro de un marco legal restrictivo", según explicó Vidino. En Estados Unidos, recuerda el experto, se puede investigar a grupos extremistas extranjeros pero no a organizaciones estadounidenses con una ideología radical y violenta.
Un año después, el gobierno de Biden dijo que tiene la intención de perseguir a los participantes del asalto al Capitolio, independientemente de su estatus, afirmó el miércoles el secretario de Justicia, Merrick Garland. "Rendirán cuentas, cualquiera que sea su estatus, tanto si estuvieron presentes ese día como si fueron responsables penalmente del asalto a nuestra democracia", dijo el funcionario.
Un comité de investigación de la Cámara de Representantes intenta dilucidar qué papel desempeñaron Trump y sus colaboradores. Si logra reunir pruebas para acusarle, los fiscales podrían utilizarlas. Entonces podría abrirse una nueva página de esta extensa investigación.
