Hay un efecto psicológico engañoso en pagar con tarjeta de crédito: da la sensación de que lo que compramos no nos va a costar. Ese efecto se produce también en otras situaciones.
Cuando en las cámaras de diputados y senadores se aprueban leyes de salud sin presupuesto previsto, está sucediendo eso. Todos celebramos que un nuevo derecho es reconocido, que más personas accederán a tratamientos, pero lo que no pensamos es en el lado B de esa decisión.
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Alguien va a tener que pagar los medicamentos, las consultas, los estudios y la tecnología, solo que no está establecido quién. Entonces, comienza un largo camino. En general, los casos terminan definiéndose en el fuero judicial, con demoras y enormes costos legales adicionales. Casi siempre el fallo apunta a las obras sociales, mutuales y prepagas. Pero lo que nadie tiene en cuenta es que quienes pagan la cuenta finalmente son los afiliados a esas entidades a través del deterioro de su obra social o del aumento de la cuota. Es una simple cuestión matemática de ingresos y gastos: el presupuesto no es elástico. Y hoy hay tratamientos que pueden costar un mes entero de recaudación de una mutual o una prepaga chica.
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De esta forma se dictaron ya 30 leyes aumentando la cobertura o agregando más beneficios a las coberturas existentes, sin contar con una previsión de financiamiento.
Lo que pocos ven, es que en realidad hay dos derechos en conflicto. Porque ampliando derechos por un lado, están recortando por otro, afectando gravemente la sustentabilidad de todo el sistema de salud.
Cabe aclarar en este punto, que no es el hecho de reconocer nuevas coberturas el problema. Eso es totalmente legítimo y esperable en una sociedad justa, con deseo de brindar una salud más equitativa, accesible y un mayor bienestar a la población.
De hecho, la lista de coberturas a incluir en el futuro puede ser infinita: derecho a la recreación, cirugías estéticas, repelentes, alimentos veganos, actividad deportiva, suplementos dietarios, bloqueadores solares, implantes dentales, entre otras. Cada una de estas prestaciones puede ser más o menos importante y su incorporación más o menos prioritaria. Lo que no se podrá eludir es el costo. Alguien va a tener que pagar la cuenta y eso hay que preverlo.
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El legítimo derecho a la salud no se debería convertir en un mecanismo demagógico que termine perjudicando a otros pacientes o usuarios del sistema en su acceso a una salud de calidad.
Es necesario, entonces, que las autoridades definan y ordenen el alcance de las coberturas. Que se establezca, con claridad, de dónde saldrán los fondos para aquellas prestaciones que hoy terminan en expedientes judiciales porque su costo es impagable, o porque exceden lo sanitario (como el caso de reformas edilicias, transporte y educación especial para personas discapacitadas).
El Estado debe asumir sus responsabilidades antes de que colapse totalmente el sistema de obras sociales, mutuales y medicina prepaga.
* Farmacéutico y Bioquímico. Postgrado en Administración Sanitaria. Presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA).
