Documentos secretos del gobierno de Estados Unidos revelan que JP Morgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas contra el lavado de dinero mediante el movimiento de grandes sumas ilícitas para redes criminales y personajes sombríos que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.
Los archivos muestran que cinco bancos globales –JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– se beneficiaron de poderosos y peligrosos personajes incluso después de que las autoridades de Estados Unidos multaran a estas mismas instituciones financieras por anteriores fallos a la hora de contener los flujos de dinero negro.
Las agencias de Estados Unidos encargadas de hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero en raras ocasiones han procesado judicialmente a los megabancos que han incumplido la ley, y las acciones que han tomado las autoridades apenas han repercutido en la avalancha de dinero posteriormente lavado a través del sistema financiero internacional.
Cómo se investigó la filtración que revela los informes secretos de los bancos
En algunos casos los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos incluso después de que funcionarios estadounidenses les avisaron de que se enfrentarían a acusaciones criminales si no pararan de hacer negocios con mafias, estafadores y regímenes corruptos.
JP Morgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y sociedades ligadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según revelan los documentos filtrados.
El banco movió más de 1.000 millones de dólares para el financista fugado que está detrás del escándalo conocido como el “1MDB de Malasia”, según muestran los archivos; y más de 2 millones de dólares para la empresa de un joven magnate de la energía que fue acusado de engañar al gobierno de Venezuela y ayudar a provocar apagones eléctricos que paralizaron gran parte del país.
De acuerdo con los registros, JP Morgan también gestionó pagos por más de 50 millones de dólares durante una década para Paul Manafort, el antiguo jefe de campaña del presidente norteamericano Donald Trump. El banco movió al menos 6,9 millones de dólares en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia de la campaña, en el marco de un sinfín de acusaciones de lavado de dinero y corrupción a partir de su trabajo con un partido político prorruso en Ucrania.
Transacciones contaminadas continuaron aparecieron en cuentas bancarias de JP Morgan pese a las promesas del banco para mejorar sus controles de lavado de dinero como parte de los acuerdos que alcanzó con las autoridades de Estados Unidos en 2011, 2013 y 2014.
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Dijo que ha asumido un "papel de liderazgo" en la búsqueda de "investigaciones proactivas" y en el desarrollo de "técnicas innovadoras para ayudar a combatir los delitos financieros".
HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también han continuado oscilando entre pagos sospechosos a pesar de promesas similares a autoridades gubernamentales, según muestran los documentos secretos.
La filtración periodística conocida como “FinCEN Files’, incluye más de 2.100 informes de actividades sospechosas completados por bancos y otras firmas financieras para la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La agencia, más conocida por sus siglas FinCEN, es una unidad de inteligencia en el corazón del sistema global para luchar contra el lavado de dinero.
BuzzFeed News obtuvo los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que lideró y formó un equipo de más de 400 periodistas de 110 medios en 88 países para investigar el mundo de los bancos y el lavado de dinero.
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En total, según un análisis del ICIJ, los documentos muestran transacciones por un importe total de más de 2 billones de dólares entre 1999 y 2017, que fueron observadas como potencialmente sospechosas de lavado de dinero u otra actividad criminal –incluyendo 514.000 millones [514 billones en el sistema americano] de JPMorgan y 1,3 billones [trillones en el sistema americano] de Deutsche Bank. Los informes de actividades sospechosas reflejan las preocupaciones de los vigilantes dentro de los bancos y no son necesariamente evidencia de conductas criminales o malas prácticas.
Aunque representan una gran cantidad, los 2 billones [trillones en el sistema americano] identificados en transacciones sospechosas en el marco de este grupo de documentos son solo una gota en un mayor océano de dinero sucio brotando a través de los bancos de todo el mundo. Los documentos de FinCEN Files representan menos del 0,02% de los más de 12 millones de informes de actividades sospechosas que las instituciones financieras cumplimentaron entre 2011 y 2017.
FinCEN y su matriz, el Departamento del Tesoro, no respondieron una serie de preguntas enviadas el mes pasado por ICIJ y sus socios. FinCEN le dijo a BuzzFeed News que no comenta sobre la “existencia o no existencia” de informes de actividades sospechosas específicas, a veces conocidas como SAR. Días antes de la publicación de la investigación por parte de ICIJ y sus socios, FinCEN anunció que estaba buscando comentarios públicos sobre formas de mejorar el sistema contra el lavado de dinero de EE. UU.
El conjunto de informes de actividades sospechosas, junto a cientos de hojas de cálculo con nombres, fechas y cifras, detallan flujos de transacciones potencialmente en más de 170 países, que fueron identificados como involucrados en transacciones potencialmente ilícitas.
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Además de examinar los FinCEN Files, ICIJ y sus medios asociados obtuvieron más de 17.000 archivos adicionales de empleados y denunciantes, archivos judiciales, solicitudes de acceso a la información y otras fuentes. El equipo entrevistó a centenares de personas, incluyendo a expertos en crímenes financieros, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y víctimas.
Según BuzzFeed News, algunos de los archivos filtrados fueron reunidos como parte de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Otros fueron reunidos tras solicitudes de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley a la FinCEN, según hizo saber BuzzFeed.
FinCEN Files ofrece una visión sin precedentes del secreto mundo del sistema bancario internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, el crimen financiero.
Los documentos muestran a los bancos moviendo ciegamente dinero a través de sus cuentas en favor de personas que no pueden identificar, fallando a la hora de informar de transacciones con las características habituales del lavado de dinero hasta años más tarde del hecho, e incluso haciendo negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y en escándalos públicos de corrupción.
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Autoridades de Estados Unidos, -país que juega un rol principal en la batalla global contra el lavado de dinero-, han ordenado a los grandes bancos a reformar sus prácticas, los han multado con cientos e incluso miles de millones de dólares, y los han amenazado con cargos judiciales como parte de los conocidos como acuerdos de procesamiento diferidos.
La investigación de 16 meses de ICIJ y sus medios asociados muestra que estas tácticas no han funcionado. Los grandes bancos continúan desempeñando un papel central en el movimiento de dinero ligado a la corrupción, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo.
“Al fallar por completo en prevenir transacciones corruptas a gran escala, las instituciones financieras han abandonado su papel como defensas en primera línea contra el lavado de dinero”, afirmó a ICIJ Paul Pelletier, un ex alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscal de delitos financieros.
Señaló que los bancos saben que “operan en un sistema en gran parte sin dientes”.
Cinco de los bancos que aparecen más habitualmente en los FinCEN Files –Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC- violaron en repetidas ocasiones sus promesas oficiales de buen comportamiento, según muestran los archivos secretos.
El HSBC
En 2012, la sede de Londres del HSBC, el banco más grande de Europa, firmó un acuerdo de procesamiento diferido y admitió que había lavado al menos 881 millones de dólares de cárteles de droga de América Latina. Los narcotraficantes usaron especialmente cajas con una forma que se ajustaba a las ventanillas de los cajeros del HSBC para dejar enormes cantidades de dinero de la droga que estaban empujando a través del sistema financiero.
Mediante el acuerdo con los fiscales, HSBC pagó 1.900 millones de dólares y el gobierno acordó poner las acusaciones criminales contra el banco en cuarentena y desistir de ellas a los cinco años si HSBC mantenía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio.
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Como muestran los FinCEN Files, durante esos cinco años de periodo de prueba HSBC continuó moviendo dinero de personajes cuestionables, incluidos sospechosos de lavar dinero de Rusia y una estafa piramidal [esquema Ponzi] bajo investigación en varios países.
Pese a ello, el gobierno de Estados Unidos permitió a HSBC anunciar en diciembre de 2017 que había “cumplido con todos sus compromisos” establecidos en el pacto de procesamiento diferido, y que los fiscales habían desistido de los cargos criminales para siempre.
En un comunicado dirigido a ICIJ, HSBC rechazó contestar las preguntas sobre clientes específicos o transacciones. HSBC dijo que la información de ICIJ es “histórica y anterior” al final de su acuerdo de procesamiento diferido de cinco años. Durante este tiempo, según el banco, “se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad de combatir los delitos financieros. HSBC es una institución mucho más segura de lo que era en 2012”.
HSBC apuntó que, al decidir liberar al banco de la amenaza de cargos criminales, el gobierno estadounidense tuvo acceso a informes de un supervisor que revisó las reformas y prácticas del banco.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a contestar preguntas específicas. En un comunicado, un portavoz de la división criminal del departamento afirmó: “El Departamento de Justicia respalda su trabajo, y mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros –incluyendo el lavado de dinero-, donde sea que lo encontremos”.
“Todos lo están haciendo mal”
El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas.
El flujo libre de dinero sucio ayuda a sostener bandas criminales y a desestabilizar naciones. Y es un conductor de la desigualdad económica global. Fondos lavados a menudo se desvían entre cuentas que son propiedad de oscuras sociedades fantasma, registradas en secretos paraísos fiscales, permitiendo a las élites esconder grandes cantidades de dinero de la vigilancia de las autoridades.
Un análisis de ICIJ ha encontrado que los bancos que aparecen en FinCEN Files a menudo procesan transacciones a sociedades registradas en jurisdicciones secretas y lo hacen sin saber el último beneficiario de carne y hueso de la cuenta. Los propietarios de estas cuentas corporativas a menudo ofrecen direcciones en Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los informes tienen un cliente con una dirección en las Islas Vírgenes Británicas.
El análisis de ICIJ encontró que en la mitad de los informes los bancos no tenían información sobre una o más entidades detrás de las transacciones. En más de 680 informes las instituciones financieras solicitaron más información sobre las entidades y en más de 160 ocasiones otros bancos no respondieron. Algunos bancos o sucursales en países como Suiza citaron las leyes de secreto local en sus jurisdicciones para negar la información.
Estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen estiman que 2,4 billones de dólares en fondos ilícitos son lavados cada año; es una cifra equivalente a casi el 2,7% de todos los bienes y servicios que se producen cada año en el mundo. Pero la agencia estima que las autoridades detectan menos del 1% del dinero negro mundial.
“Todos lo están haciendo mal”, admitió en una entrevista con ICIJ David Lewis, secretario ejecutivo de Financial Action Task Force, con sede en París, una asociación de gobiernos de todo el mundo para establecer estándares contra el lavado de dinero.
Los informes de evaluación de países de su organización, que analizan qué tan bien los bancos y las agencias gubernamentales cumplen con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, muestran muchos casilleros pero pocos avances prácticos. “Muchos países parecen más preocupados por verse bien en el papel que por tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero”, dijo.
Incluso una asociación de los mayores bancos mundiales se quejó el año pasado de que los reguladores se centran más en el “cumplimiento técnico” en vez de en si los sistemas “realmente están marcando la diferencia a la hora de luchar contra el crimen financiero”.
El Standard Chartered y un bombardeo en Jerusalén
Para algunas instituciones financieras, el problemático cliente es otro banco.
Una mañana de 2003, Steven Averbach estaba en el autobús número 6 en Jerusalén, cuando un hombre se apresuró a subir mientras el coche se alejaba.
“Había demasiadas cosas fuera de lugar” respecto al hombre, recordó Averbach, que creció en New Jersey pero emigró a Israel cuando era adolescente. El hombre vestía unos pantalones negros largos, una camisa blanca y una chaqueta negra, el típico atuendo de un judío ortodoxo, pero llevaba “zapatos de punta” que no encajaban con el típico atuendo ortodoxo, y su chaqueta estaba abultada. En su mano derecha había un dispositivo que parecía un timbre.
Averbach, que anteriormente había trabajado como instructor jefe de armamento para la policía de Jerusalén, sacó su arma. Cuando el antiguo policía se volvió hacia el hombre, éste “se inmoló”, según testificó Averbach más tarde en una declaración en vídeo.
La explosión mató a siete personas e hirió a otras 20, dejando a Averbach paralítico del cuello para abajo. Murió en 2010 por los efectos de sus heridas a largo plazo.
Por aquel entonces, él y su familia se convirtieron en demandantes en un proceso judicial en Estados Unidos, acusando a una institución financiera de Jordania, el Arab Bank, de mover fondos que habían ayudado a financiar el atentado del autobús y otros ataques terroristas.
Los FinCEN Files muestran que, a medida que el litigio arrojaba una sombra al Arab Bank, al mismo tiempo se estaba beneficiando de una relación laboral con un banco más grande e influyente: el Standard Chartered.
El banco con sede en Reino Unido ayudó a los clientes del Arab Bank a acceder al sistema financiero de Estados Unidos después de que los reguladores encontraran deficiencias en los controles del Arab Bank contra el lavado de dinero en 2005, obligándole a reducir sus transferencias de dinero hacia Estados Unidos.
Standard Chartered continuó su relación con el Arab Bank a medida que la demanda contra el banco jordano proseguía su curso por los tribunales de Estados Unidos – e incluso después de que las autoridades americanas avisaran a Standard Chartered que debía detener el procesamiento de transacciones en favor de clientes sospechosos.
Los reguladores de Nueva York concluyeron en 2012 que Standard Chartered había “conspirado con el Gobierno de Irán” durante casi una década para mover 250.000 millones de dólares en transacciones secretas, obteniendo “cientos de millones de dólares en comisiones” y dejando “el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y regímenes corruptos”.
Este patrón de conducta le costó a Standard Chartered casi 670 millones de dólares en multas en la segunda mitad de 2012 como parte de dos acuerdos de enjuiciamiento diferido y otros acuerdos con las autoridades de Nueva York y Estados Unidos.
Pese a sus promesas oficiales de mantenerse alejados de clientes sospechosos, Standard Chartered procesó 2.055 transacciones por un importe total de más de 24 millones de dólares en favor de clientes del Arab Bank entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, según muestran los FinCEN Files.
Después, a finales de septiembre de 2014, Standard Chartered tuvo otra razón para alejarse del Arab Bank. En la demanda derivada de la bomba del autobús de Jerusalén en 2003 y otros ataques, un jurado de Brooklyn encontró al Arab Bank responsable de apoyar a sabiendas al terrorismo al transferir dinero camuflado como donaciones caritativas en beneficio de Hamas, el grupo militante palestino al que Estados Unidos clasifica como organización terrorista.
Más de un año más tarde, personal de cumplimiento de Standard Chartered envió a FinCEN un informe de actividad sospechosa admitiendo los acuerdos del banco con el Arab Bank hasta algunos días después del veredicto de Brooklyn y expresando su preocupación por “el potencial financiamiento del terrorismo”.
Pero ese no fue el final.
Standard Chartered movió casi 12 millones de dólares más en transacciones para clientes del Arab Bank desde después del veredicto hasta febrero de 2016, según un informe de seguimiento de actividades sospechosas incluido en los FinCEN Files. Muchas transferencias se referían a “beneficencia”, “donaciones”, “apoyo” o “regalos”, afirmó el banco.
El informe de seguimiento advirtió que los registros de pagos aumentaron la preocupación –como en el caso judicial de Brooklyn—de que “actividades ilícitas” estaban siendo financiadas "bajo la apariencia de la beneficencia”.
El veredicto civil contra el Arab Bank se anuló cuando un tribunal de apelación encontró fallas en las instrucciones del jurado de primera instancia. Arab Bank alcanzó posteriormente un acuerdo con casi 600 víctimas y familiares por una cantidad no revelada.
En un comunicado, Arab Bank dijo a ICIJ que "aborrece el terrorismo y no apoya ni fomenta las actividades terroristas". El banco dijo que las acusaciones en su contra datan de hace casi 20 años, cuando las leyes, herramientas y tecnologías contra el lavado de dinero eran diferentes de lo que son ahora.
“En todos los países en los que opera, Arab Bank está al día con los reguladores del gobierno y cumple con las leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero”, dijo el banco. Los límites regulatorios estadounidenses de 2005 contra el banco se levantaron formalmente en 2018.
Standard Chartered dijo a la BBC, un socio de ICIJ, que "inició el cierre de la cuenta" en relación con Arab Bank poco después del veredicto del jurado. “Este proceso puede llevar tiempo en algunos casos”, dijo el banco, “pero en todos los casos el banco continúa cumpliendo con sus obligaciones regulatorias” mientras sale de las cuentas.
Arab Bank señaló que "disfruta de una relación de larga data con Standard Chartered que continúa hoy".
Standard Chartered ya no procesa transacciones en dólares estadounidenses para Arab Bank, pero aún brinda otros servicios bancarios para la institución financiera jordana, dijo Arab Bank a ICIJ.
JP Morgan: recompensas y riesgos
¿Por qué los bancos mueven dinero sospechoso? Porque es rentable.
Los bancos reciben comisiones que cobran a medida que el dinero se mueve a través de redes de cuentas mantenidas a menudo por usuarios corruptos del sistema financiero. JPMorgan, por ejemplo, obtuvo un estimado de 500 millones de dólares en beneficios por ser el banquero jefe de Bernie Madoff, según se presentó en el caso de bancarrota generado por el colapso de su multimillonario esquema Ponzi.
Tratar con clientes turbios tiene sus riesgos.
JPMorgan pagó 88,3 millones de dólares en 2011 para solventar los reclamos de los reguladores de que había violado las sanciones económicas contra Irán y otros países sujetos a embargos de Estados Unidos. Funcionarios del Tesoro golpearon al banco con una orden de “cese y desistimiento” en 2013 que detalló “deficiencias sistémicas” en sus esfuerzos contra el lavado de dinero, apuntando que el banco había “suspendido a la hora de identificar volúmenes significativos de actividades sospechosas”.
Después, en enero de 2014, el banco pagó 2.600 millones de dólares a agencias de Estados Unidos para resolver investigaciones sobre su papel en el esquema de Madoff. JPMorgan registró ganancias por encima del doble de esta cantidad solo en ese trimestre, acercándose a los casi 22.000 millones de dólares de beneficios aquel año. Madoff se declaró culpable y cumple una sentencia de 150 años en una prisión federal.
Después de estas acciones delictivas, JPMorgan continuó moviendo dinero para personas envueltas en supuestos delitos financieros, según muestran los FinCEN Files.
Entre ellos: Jho Low, un banquero acusado por las autoridades de varios países de ser el autor intelectual de un fraude de 4.500 millones de dólares a partir de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad, o 1MDB. Low movió unos 1.200 millones de dólares a través de JPMorgan entre 2013 y 2016, según muestran los archivos.
En un primer momento, Low ganó popularidad por salir de fiesta con Paris Hilton, Leonardo DiCaprio y otros famosos. Una noche en un club de la Costa Azul, participó en una puja por un lote de champán Cristal, ganando la subasta con una oferta final de 2 millones de euros, según ‘Billion Dollar Whale’, un libro best-seller sobre la estafa de 1MDB.
La primera vez que salió en los medios de comunicación fue a principios de 2015 como figura clave del escándalo 1MDB, también conocido como “el atraco del siglo”. Singapur emitió una orden de arresto en abril de 2016. Autoridades de Estados Unidos, Malasia y Singapur todavía lo están intentando capturar.
JP Morgan también movió dinero de empresas y personas relacionadas con escándalos de corrupción en Venezuela que ayudaron a crear una las peores crisis humanitarias del mundo. Uno de cada tres venezolanos no tiene acceso a suficiente comida, según informó Naciones Unidas este año, y millones han huido del país.
Uno de los venezolanos que recibieron ayuda de JP Morgan fue Alejandro ‘Piojo’ Isturiz, un antiguo funcionario gubernamental que ha sido acusado por las autoridades de Estados Unidos como un actor en el esquema internacional de lavado de dinero. Los fiscales alegaron que entre 2011 y 2013 Isturiz y otros pidieron sobornos para manipular los contratos de energía del gobierno. El banco movió más de 63 millones de dólares para empresas relacionadas con Isturiz y el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016, según muestran los FinCEN Files.
Los archivos secretos también muestran que JP Morgan proveyó de servicios bancarios a Derwick Associates, una empresa energética que ganó miles de millones de dólares en contratos sin licitación para reparar el defectuoso sistema eléctrico de Venezuela.
JP Morgan también movió dinero de empresas y personas relacionadas con escándalos de corrupción en Venezuela que ayudaron a crear una las peores crisis humanitarias del mundo. Uno de cada tres venezolanos no tiene acceso a suficiente comida, según informó Naciones Unidas este año, y millones han huido del país.
Un análisis de 2018 por la oficina venezolana de la organización Transparencia Internacional concluyó que esta empresa falló a la hora de suministrar la potencia eléctrica esperada, además de sobrefacturar al gobierno de Venezuela al menos 2.900 millones de dólares.
Alejandro Betancourt tenía 20 años cuando cofundó Derwick con un primo más joven.
Artículos de noticias y publicaciones en Internet de 2011 plantearon acusaciones sobre Derwick. Posteriormente, la empresa presentó una demanda que alegaba que era víctima de una campaña de difamación que la acusaba falsamente de ser parte de un "grupo criminal". La demanda se resolvió en términos no revelados.
Los FinCEN Files muestran que Derwick utilizó cuentas en JPMorgan para mover al menos 2,1 millones de dólares en 2011 y 2012 y el banco procesó otras transacciones de cantidades no detalladas para Derwick y sus directivos al menos en 2013.
En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un alto ejecutivo de Derwick, Francisco Convit Guruceaga, en un supuesto plan de soborno y lavado de dinero de $1.200 millones. Betancourt fue citado en la denuncia penal como un co-conspirador no identificado, según informó el Miami Herald. Un abogado de Betancourt dijo: "Mi cliente niega haber actuado mal". El abogado de Convit se negó a comentar.
En un comunicado genérico, JPMorgan señaló que en 2014 había reconocido que necesitaba mejorar sus controles antilavado y que desde entonces ha invertido “numerosos recursos” para este esfuerzo. “Hoy, miles de empleados y cientos de millones de dólares se dedican a ayudar a apoyar los esfuerzos de las fuerzas de la ley y orden y la seguridad nacional”, afirmó el banco.
‘Jefe de jefes’
Como muestran los documentos secretos, a menudo los bancos que manejan transacciones internacionales tienen poca idea de con quién están tratando, incluso cuando están moviendo cientos de millones de dólares.
Tomemos el caso de una misteriosa empresa fantasma llamada ABSI Enterprises. ABSI envió y recibió más de 1.000 millones de dólares en transacciones a través de JP Morgan entre enero de 2010 y julio de 2015, según muestran los archivos de FinCEN.
Este monto incluía transacciones a través de una cuenta bancaria directa con JP Morgan, que ABSI cerró en 2013, y a través de los llamados acuerdos de banca corresponsal, en los que un banco con operaciones importantes en Estados Unidos, como JP Morgan, permite a los bancos extranjeros procesar transacciones en dólares estadounidenses a través de su propias cuentas.
Los organismos de control de cumplimiento con sede en el centro de operaciones del banco en Columbus, Ohio, decidieron tratar de averiguar quién era el propietario real de ABSI en 2015, después de que un sitio de noticias ruso informara que una empresa fantasma de nombre similar, que según los registros de JPMorgan era la matriz de ABSI, estaba vinculada a una figura oscura llamada Semion Mogilevich.
Mogilevich ha sido descrito como el "jefe de jefes" de los grupos mafiosos de Rusia. Cuando en 2009 el FBI colocó a Mogilevich en su lista de las 10 personas más buscadas, la agencia afirmó que su red criminal estaba involucrada en el tráfico de armas y drogas, extorsión y asesinatos mediante sicarios.
A través de un portavoz, Mogilevich dijo que no tenía conocimiento de ABSI. Anteriormente había dicho: "No soy líder ni participante activo de ningún grupo delictivo". Mogilevich – que apareció en ‘Los más buscados del mundo’, una serie documental de Netflix publicada en agosto.
Los archivos muestran que los empleados de cumplimiento buscaron en vano en sus documentos sobre la sociedad pantalla, incapaces de determinar quién se escondía tras la firma o cuál era su verdadero propósito.
Mientras estos detalles todavía son poco claros, JP Morgan tuvo muchas razones para examinar a ABSI años antes de esto, por operar como una sociedad fantasma en Chipre, considerado como uno de los principales centros de lavado de dinero en aquel momento y que movía cientos de millones de dólares a través de JP Morgan.
El poderoso dólar
BuzzFeed utilizó la filtración de informes de actividades sospechosas en 2018 para publicar informaciones desvelando pagos secretos a sociedades pantalla controladas por Manafort, que ahora está cumpliendo una sentencia de prisión federal en arresto domiciliario en un proceso sustentado en su mayoría por estas transacciones.
Una antigua funcionaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Natalie Mayflower Sours Edwards, se declaró culpable en enero de conspirar para revelar ilegalmente documentos de FinCEN a BuzzFeed News.
BuzzFeed no ha realizado ningún comentario sobre su fuente.
FinCEN y otras agencias americanas juegan un importante papel en los esfuerzos contra el lavado de dinero en todo el mundo, en gran parte porque los lavadores y otros delincuentes comparten el mismo objetivo que otros muchos clientes bancarios que operan a través de las fronteras: convertir su dinero a dólares de Estados Unidos, la moneda global ‘de facto’.
Un grupo de élite de bancos en su mayoría estadounidenses y europeos con grandes operaciones en Nueva York realizan este truco, aprovechando su acceso privilegiado a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pasar por las operaciones estadounidenses de estos bancos también es la única forma de transferir fondos que ya están en dólares entre titulares de cuentas en diferentes países.
La ley americana confía a los bancos la responsabilidad en primera línea de prevenir el lavado de dinero, a pesar de que sus incentivos financieros se dirigen completamente para que el dinero –sucio o limpio—continúe moviéndose. Si bien los bancos están autorizados para detener una transacción si parece sospechosa, no están necesariamente obligados a ello. Simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa a la FinCEN.
FinCEN y otras agencias americanas juegan un importante papel en los esfuerzos contra el lavado de dinero en todo el mundo, en gran parte porque los lavadores y otros delincuentes comparten el mismo objetivo que otros muchos clientes bancarios que operan a través de las fronteras: convertir su dinero a dólares de Estados Unidos, la moneda global ‘de facto’.
El FinCEN, con aproximadamente 270 empleados, recopila y analiza, cada año, más de 2 millones de nuevos informes de actividad sospechosa procedentes de bancos y otras firmas financieras. Comparte información con las agencias estadounidenses de cumplimiento de la ley y con unidades de inteligencia financiera de otros países.
Dentro de los grandes bancos, los sistemas para detectar flujos ilícitos de dinero dependen de personal con exceso de trabajo y falta de recursos, que normalmente trabajan en oficinas internas lejos de la sede central y con poca influencia dentro de sus organizaciones. Documentos en los FinCEN Files muestran que los empleados de cumplimiento en los grandes bancos a menudo dependen de búsquedas básicas en Google para intentar saber quién está detrás de transferencias de cientos de millones de dólares.
Según muestran los documentos secretos, el resultado es que los bancos a menudo completan los informes de actividad sospechosa sólo después de que una transacción o un cliente se convierten en protagonistas de un artículo informativo negativo o de una investigación del gobierno – generalmente después de que el dinero se perdiera bastante lejos.
En entrevistas con ICIJ y BuzzFeed, más de una docena de antiguos empleados de cumplimiento en HSBC cuestionaron la eficacia de los programas del banco contra el lavado de dinero. Algunos dijeron que el banco no les dio lo suficiente para ir más allá de una mirada superficial sobre los grandes flujos de dinero y que las oficinas de HSBC fuera de Estados Unidos a menudo los ignoraban cuando solicitaban información sobre quién se escondía detrás de las grandes transacciones.
“Ellos decían: ‘Claro, te volveremos a contactar’. Pero nunca se ponían en contacto de nuevo”, recuerda Alexis Grullon, quien supervisó la actividad sospechosa internacional para HSBC en Nueva York entre 2012 y 2014.
Según una demanda judicial presentada en diciembre de 2019 en un tribunal federal de Nueva York, empleados del Standard Chartered Bank que se opusieron a que transacciones ilegales fueran ignoradas fueron amenazados, acosados y despedidos.
Julian Knight y Anshuman Chandra, los demandantes, afirman que se vieron obligados a abandonar sus trabajos después de que el banco se enterase de que habían cooperado con una investigación del FBI sobre transferencias de dinero que Standard Chartered había realizado a través de empresas de Irán, Libia, Sudán y Myanmar sancionadas por Estados Unidos.
Según la demanda, Standard Chartered participó en un “esquema de lavado de dinero altamente sofisticado”, alterando los nombres de las partes sujetas a sanciones en Estados Unidos en los documentos de las transacciones y creando una solución tecnológica que permitió que estas transacciones ilegales pasaran inadvertidas para el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Según una demanda judicial presentada en diciembre de 2019 en un tribunal federal de Nueva York, empleados del Standard Chartered Bank que se opusieron a que transacciones ilegales fueran ignoradas fueron amenazados, acosados y despedidos.
Chandra, que trabajó en la filial del banco en Dubai entre 2011 y 2016, concluyó que la eliminación de las sanciones ayudó a financiar ataques terroristas “que mataron e hirieron a soldados que servían en la coalición liderada por Estados Unidos, así como a muchos civiles inocentes”.
La demanda afirma que el esquema permitió al banco beneficiarse de la “alta comisión” que Irán y sus agentes estaban dispuestos a pagar para convertir los riales iraníes –la depreciada y sancionada moneda del país— en dólares.
“Se puede ejecutar un programa como este probablemente durante unos pocos meses sin ser detectado, si se trata de un grupo pequeño el que lo coordina dentro del banco”, manifestó Chandra en una entrevista con BuzzFeed, socio de ICIJ. “Pero algo como esto sucedió durante un periodo de años y generó miles de millones de dólares; alguien en la cima debería haberse preguntado: ¿Cómo estamos ganando este dinero?”
Chandra y Knight afirman que el banco admitió sólo una parte de sus incumplimientos y mintió sobre cuándo se detuvieron las transacciones ilegales cuando asumió las sanciones como parte de su acuerdo de procesamiento diferido de 2012 con las autoridades de Estados Unidos.
La agencia prorrogó el periodo de prueba del banco una y otra vez durante varios años. Finalmente, en 2019, el banco pagó 1.100 millones de dólares más por incumplimientos reiterados de sanciones contra Irán y otros países, y acordó ampliar su pacto de procesamiento diferidos por dos años más.
Standard Chartered no contestó a las preguntas remitidas por ICIJ y sus socios sobre las declaraciones de sus antiguos empleados. En documentos judiciales, Standard Chartered afirmó que estas alegaciones son inverosímiles y sin mérito.
Crédito traducción: Jesús Escudero (El Confidencial, España)
