El 21 de diciembre de 2016, el caso Odebrecht se transformaba en la mayor investigación de corrupción en América Latina. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que contó Perfil en Argentina, revelaba las confesiones de seis ejecutivos de la constructora más grande de Brasil y sacaba a la luz sobornos por US$ 439 millones a funcionarios públicos de 12 países del continente y Africa, además de otros US$ 599 millones en Brasil. Un año después, el capítulo argentino de este caso dejó una impronta singular en los tribunales federales, hizo sentir expuestos a varios jueces y fiscales y puso el ojo sobre actores esenciales en los casos de corrupción: los empresarios.
El Lava Jato -como se conoce al caso en Brasil- mostró también cómo los ritmos judiciales son el perfecto juego de las diferencias cuando se trata del poder económico versus el poder político. A doce meses de las revelaciones, sólo dos referentes de la elite empresaria de la obra pública fueron indagados por el presunto pago de sobornos. Tienen sus cuentas bancarias congeladas. Los casos se dividen en siete causas judiciales, repartidas entre cuatro jueces, que incluyen sospechas de pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas, direccionamiento de licitaciones, irregularidades en los contratos y cartelización de la obra pública. Hay al menos 58 ex funcionarios, ejecutivos y empresarios imputados, según el relevamiento de PERFIL. Ninguno está procesado, aún.
Además de Odebrecht y sus socias locales, la brasilera Camargo Correa también quedó el ojo de una investigación por la y la argentina Electroingeniería, una indiscutible aliada de los Kirchner que logró acomodarse a los tiempos de Cambiemos, está involucrada en el caso Transener, en el que se investigan supuestos sobornos al ex ministro Julio De Vido.
Los ejecutivos de Odebrecht confesaron que la compañía habría pagado sobornos por US$ 35 millones a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El caso no admite doble vara: involucra tanto a kirchneristas como a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, cuya entonces constructora Iecsa es socia de la brasileña en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El fiscal Franco Picardi pidió embargarlo por $ 54 millones, al igual que otros de los involucrados en el caso. El juez Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir el próximo año si lo aprueba.
Otro hombre cercano a Macri, el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, corrió mejor suerte. Sospechado de recibir pagos de un valijero de Odebrecht, fue sobreseido en tiempo exprés a pesar de los documentos que prueban las transferencias recibidas en su cuenta suiza
Las pruebas de las supuestas coimas nunca llegaron a la Justicia. PERFIL reveló en junio las planillas con los detalles de algunos de los pagos de coimas en donde los destinatarios argentinos están identificados con seudónimos. Pero las idas y vueltas entre Brasil y los jueces argentinos frenaron el avance de la mayoría de las causas. Los magistrados optaron por cambiar el foco de las investigaciones locales y se concentraron en las presuntas irregularidades en las obras. A diferencia de las confesiones sobre pago de sobornos, las pruebas sobre irregularidades en las obras están aquí, en los documentos internos del ex ministerio de Planificación. Solo por caso: PERFIL reveló que durante un año, el gobierno de Néstor Kirchner y Odebrecht pactaron las condiciones para que la constructora brasileña se quedara con el contrato de los gasoductos de 2006-2008 por al menos US$ 2.300 millones. Las autoridades armaron luego una licitación exprés que sólo Odebrecht podía cumplir.
Un año singular. Nunca antes habían pisado los tribunales. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner, dos referentes de la construcción y la obra pública, fueron indagados el 18 y 19 de diciembre por el juez federal Sebastián Casanello, quien debe decidir si los procesa, junto a otros 26 indagados por el caso de las plantas potabilizadoras de Aysa en Tigre y Berazategui. Allí, las empresas Roggio Hermanos y Esuco fueron socias de Odebrecht y Camargo Correa. Hay más socias locales en la mira: Supercemento y Cartellone, otras dos grandes.
Otros empresarios no corren la misma suerte. Los casos más lentos son los que apuntan contra la más grande: Techint, un emblema que parece difícil de tocar. La empresa de los Rocca tiene dos frente judiciales. La compañía ítalo-argentina está siendo investigada en Brasil, Italia y Argentina por el presunto pago de sobornos a funcionarios brasileños supuestamente ordenados desde la conducción central de la empresa, en Buenos Aires.
