La ley ómnibus que impulsó el oficialismo terminó desguazada gracias a muchísimas conversaciones con la oposición más dialoguista. Así, de un proyecto original que constó de 664 artículos, quedaron menos de la mitad, 384 precisamente según dijo Oscar Zago, el presidente de bloque de La Libertad Avanza, quien admitió que el frente libertario negoció distintos artículos pese al discurso oficial que siempre trató de resaltar que no hubo “concesiones” ante las propuestas de otros sectores.
De este modo, el proyecto contó con bajas sensibles como el capítulo fiscal, que el Gobierno insistió en que se discutirá tras la sanción de la iniciativa, los cambios en la ley de movilidad jubilatoria y la reforma electoral. Las facultades delegadas al Poder Ejecutivo también tuvieron modificaciones como también las empresas públicas con posibilidades de ser privatizadas.
- Facultades Delegadas: En el texto original, el Ejecutivo pidió que el Presidente pueda tener superpoderes en once materias. Éstas se fueron reduciendo, primero a nueve, después a siete y finalmente a seis. Además, entre los cambios, en un principio debía dar informes al Congreso de forma trimestral, pero si la votación en particular avanza con cambios, pasará a hacerlo de manera mensual.
- Emergencia: el Gobierno apostó desde un primer momento a contar con la posibilidad de declarar la emergencia pública en diversas áreas (económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social), hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por otro año con aprobación del Congreso. Pero no cosechó acuerdos con los bloques parlamentarios y quedaron en pie la económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
- Régimen Federal de Pesca: por presiones de los mandatarios provinciales y de empresarios del sector, los negociadores libertarios decidieron retirar de la normativa diez artículos que proponían modificaciones en el sistema de licitaciones (que podía ser internacional según la letra original) y en las cuotas de captura para las especies merluza común, merluza de cola, merluza negra y polaca. Todas las cámaras industriales del área festejaron la decisión que eliminó los artículos del 211 al 220.
- Zona fría: sancionada bajo la gestión Alberto Fernández, la normativa vigente determina descuentos en las facturas de gas para ciertas regiones del país, como la Patagonia y el sur de la Provincia de Buenos Aires por ejemplo. Milei quiso derogar la ley a través del artículo 292, pero no logró construir consensos con gobernadores.
- Reforma electoral: Estaba estipulada en distintos artículos del proyecto original que se retiró por completo. La idea es discutir el proyecto aparte y desde marzo, en sesiones ordinarias. “Nunca tuvimos consensos y tampoco tiene urgencia, es un apartado que puede esperar”, expresó un legislador de LLA sobre la marcha atrás que existió. Había propuestas de eliminar las PASO, de cambiar el sistema de votación y de cambiar el régimen para el financiamiento de las campañas electorales.
- Privatizaciones: las empresas con chance de pasar a manos privadas pasaron de 41 a 27. Mientras se determinó que en el caso del Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina SA, y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA, el Estado deberá quedarse con la participación mayoritaria de las acciones, pero podrá vender el resto. Para su privatización deberán pasar por una Comisión Bicameral conformada por doce miembros que evaluarán la propuesta del Poder Ejecutivo.
- Capítulo fiscal: se retiró por la falta de entendimiento con los gobernadores que nunca se mostraron de acuerdo con los cambios propuestos por el oficialismo, como por ejemplo, las retenciones para las economías regionales, con diferencias entre productos como hidrocarburos, con tributo del 8%, y harina de trigo, que la ley establecía en un 15%. Ante el fracaso en la negociación, la Casa Rosada promete discutir un nuevo paquete en las próximas semanas.
- Jubilaciones: el Ejecutivo buscó en principio, imponer aumentos a discreción, una idea que no cayó bien. Después, quiso consagrar una formula de movilidad jubilatoria indexada a la inflación del Indec a partir de marzo, algo que no cayó bien en la oposición. Finalmente, los artículos 71 y 72 pasaron a mejor vida. La Coalición Cívica pidió en el recinto, al momento de la votación en general, que en los próximos días se incorpore una nueva fórmula para ser aprobada por el Congreso.
- Seguridad: se dieron de baja distintos artículos que modificaban el Código Penal. En el texto original, estaban el pedido de autorización a la congregación intencional y temporal de tres personas en un espacio público que generó una fuerte polémica y la propia Patricia
Bullrich cuando defendió el proyecto, anunció que el texto quedaría afuera. También había un artículo referido a una solicitud con la mayor antelación posible ante la manifestación “espontánea” y las sanciones por afectar “derechos de terceros” constitucionales. También, la ley contemplaba sanciones especiales a aquellos organizadores de reuniones que violen la normativa.
Hasta el último minuto, los gobernadores buscaron más fondos. El Gobierno, a último momento, volvió a meter en discusión con los gobernadores el Impuesto País para tratar que la denominada ley “Bases para la Reconstrucción” logre sanción. Pese a los esfuerzos oficiales, que siempre señalaron que el tema nunca se discutió ni se iba a discutir con los gobernadores, desde el bloque libertario admitieron contactos y hasta remarcaron que podría haber un anuncio.
De hecho, Guillermo Francos, ministro del Interior, y uno de las caras que dispuso el oficialismo para negociar la ley, se reunió con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, el día de ayer y tomó contacto con espadas parlamentarias. Del lado del funcionario lo niegan, pero en el bloque violeta de legisladores, ante la consulta de PERFIL, dijeron que el tema efectivamente entró en conversación y con chances de avance.
“Está en la mesa, pero todavía no se terminó de cerrar, vamos a ver qué pasa en las próximas horas”, reconoció un integrante de la fuerza oficialista. Hay más: diputados de Córdoba trataron de presionar por el proyecto aunque sin resultados concretos. La chance de coparticipar el Impuesto País, con un porcentaje exacto, el 30%, para mejorar las arcas de las provincias fue eje de polémica en los últimos días. Gobernadores y legisladores opositores dijeron que el oficialismo lo colocó como carta de negociación para destrabar la ley ómnibus que consiguió media sanción. No obstante, en la Casa Rosada, a través de distintos dirigentes, trataron de negar esa posibilidad. Manuel Adorni, el vocero oficial, fue el más enfático y comentó que el tema nunca se consideró.
