El Colegio Público de Abogados de la Capital se presentó ante la justicia en lo Contencioso Administrativo y pidió que se rechace la acción del Estado Nacional que busca impedir las acciones colectivas contra las subas de los servicios públicos. Presentada por el ministro Sergio Bergman (con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías), la presentación contra los reclamos colectivos comenzó puntualmente contra uno que fue impulsado por el Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS) y recayó en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico. Ahora, en el despacho del magistrado, junto a la oposición del Colegio, que llevó la firma de su presidente, Jorge Rizzo, también se registró la de la ONG Gente de Derecho, y la del constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, quien también pidió que se rechace la demanda del Estado Nacional.
Con su presentación ante la justicia, el macrismo buscó tener un paraguas legal para impedir que avancen los amparos que podrían aparecer por los aumentos de tarifas. Con la representación de Saravia Frías, Bergman interpuso la acción colectiva de certeza para que se considere e improcedente la presentación de CEPIS pero también contra "cualquier otro que invoque legitimación colectiva" contra las resoluciones que cuestionen el nuevo cuadro tarifario. La presentación del CEPIS fue realizada en un juzgado de La Plata, para cuestionar específicamente la fecha de aplicación de los aumentos de gas.
En diálogo con PERFIL, Rizzo, también titular de la ONG Gente de Derecho, disparó contra Lavié Pico y aseguró que “siempre falla a favor del gobierno”. En su escrito ante la justicia, en duros términos, Rizzo pidió el rechazo in limine de la acción entablada por el oficialismo que, sostuvo, “persigue, lisa y llanamente, establecer un “cepo judicial” que impida el dictado de medidas cautelares contra el Estado Nacional, en todo el territorio de la Nación, lo que genera un perjuicio que se proyecta hacia todos los legitimados colectivos que instaren acciones contra actos o normas que afecten los legítimos derechos del colectivo que cada uno representa”.
El juez Lavié Pico es el magistrado que esta semana comenzó a ser investigado en el Consejo de la Magistratura, tras una denuncia de Elisa Carrió presentada en diciembre pasado. Fue luego de que se conociera que el magistrado había beneficiado al presidente de Boca Juniors en el negocio de sus bingos, con una decisión judicial a nivel impositivo. Carrió apuntó al patrimonio del juez, que se presentó espontáneamente en el Consejo y ofreció pruebas para despejar dudas sobre su situación.
En el marco de la causa de tarifas, Lavié Pico pidió días atrás a la justicia Federal de Dolores que le remita la causa iniciada por “Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e información”, en la que el juez Alejo Ramos Padilla dispuso el cese de los cortes de suministro de gas por falta de pago por un plazo de 90 días.
