Ya es sabido. Los años impares, en la Argentina, son electorales y éste, en particular, con más cosas en juego: la Presidencia y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad, entre otras. Quizás por eso esta semana, como pocas, la política pasó raudamente en el escenario económico. Cuando el ministro Filmus anunciaba el aumento del mínimo en el sueldo docente de $ 840 a $ 1.040, el candidato a jefe de Gobierno apostaba a arrimar agua a su molino electoral con un tema que encabeza las preocupaciones de la sensibilizada ciudadanía electoral. También hablaba casi como un dirigente de la oposición en ese feudo anti K que es la Ciudad de Buenos Aires: elevar el mínimo salarial le preocupa mucho menos a una jurisdicción sin urgencias de caja y con las remuneraciones más altas del país. De hecho, en voz baja, muchas provincias vieron en esto una maniobra para ganar prestigio a costa de sus presupuestos, ya que desde la provincialización de la educación primaria y secundaria, en 1980, son ellas las que sufragan los gastos del rubro, con los sueldos a la cabeza. Pero la provincia de Buenos Aires pegó el grito de disconformidad: así avisaba que no estaba dispuesta a financiar la campaña electoral del candidato oficial a costa de sus finanzas, ya en rojo antes de la medida, con lo que se hizo acreedora a una ayuda nacional extra por $ 300 millones, de los $ 500 millones que se destinarían a compensar la medida. El segundo coletazo de esta escena será el impacto que tendrá en las cuotas de los colegios privados (casi la mitad del alumnado de la Ciudad) y cómo lo recogerá el INDEC en marzo. Podrá tomar los incrementos como en la medicina prepaga (eludiéndolos) o buscando “creatividad” para cerrar los números. Tiene razón la ministra Miceli cuando dice que muchos que antes cuestionaban el funcionamiento del INDEC ahora defienden a los funcionarios (y sus métodos) desplazados. El problema es que si antes lo censurable era el juego perverso de impactar en los índices como política de precios, ahora la misma mano mató el único indicador para seguir precios: el IPC. Los abogados dirían que no hay que invocar la propia torpeza.
Tantos provinciales. El fondo de la cuestión sigue siendo el de la asimetría entre los ingresos y los gastos en el sistema federal. Mientras una jurisdicción percibe impuestos crecientes (la Nación), el resto vive a expensas de impuestos provinciales más rígidos y de una coparticipación federal cuya modificación está en deuda. El cálculo actual castiga a todas la provincias cuando las excluye de las gabelas más jugosas, como las retenciones, y en particular a Buenos Aires, que recibe casi 10% menos que el proporcional de su población. Las matemáticas legislativas y la verticalidad política partidaria dificultaron, hasta ahora, el tratamiento del tema. De todos modos, los resultados operativos de enero anuncian un lento pero inexorable declive del superávit fiscal: fue 43% menor que en 2006 pero con los gastos aumentando 15% más que los ingresos. Por lo tanto, la dadivosa mano K no podrá acudir siempre a esta caja para salvar desequilibrios. Algún día deberá solucionar tantos con las provincias.
Tribuna. Más lejana en el espacio pareció la tribuna venezolana de los actos con que Néstor Kirchner y Hugo Chávez celebraron en Caracas y en Puerto Ordaz una nueva fase en las relaciones bilaterales con el nuevo rico de la región. No hubo sorpresas en los anuncios, que en realidad formalizaron decisiones anteriores en materia comercial, financiera y de inversiones, pero los actos sirvieron para demostrar el dinamismo de la economía argentina. Quedará para el detalle la implementación de las ideas bolivarianas: la emisión del empréstito Bono del Sur, la creación de una entidad crediticia de fomento a inversiones, el Banco del Sur; la explotación conjunta entre las petroleras estatales PDVSA y Enarsa; la implementación del rescate financiero de la cooperativa láctea SanCor y otros acuerdos de la más variada índole. La luminosidad de los objetivos planteados no alcanza a tapar las dudas que provoca la letra chica de la puesta en marcha de todas estas intenciones. En el caso del Banco del Sur, flotan interrogantes sobre su capitalización, el destino de los fondos, la auditoría de su funcionamiento, la selección y evaluación de sus directivos y la viabilidad de los emprendimientos a los que los fondos conseguidos (de los presupuestos nacionales) van dirigidos. Más si a su creación ya se le coloca un objetivo principal: la financiación del Gasoducto del Sur, calculado en US$ 20.000 millones de costo. Algunas preguntas más que las que surgen de leer la información de prensa de la Agencia Bolivariana de Noticias (*), una suerte de Granma light, que nos invita a mirar el futuro con tanto optimismo como el de los docentes argentinos… si el problema de la educación se hubiera solucionado con dos gritos y el manido aumento salarial. La diferencia es que los periodistas llevamos en nuestro ADN el espíritu crítico, y los maestros, el optimismo. Sin él, su tarea sería tan llana como la de una prensa que ve en el affaire del INDEC o las aventuras empresariales con Venezuela un simple juego de intereses, dígitos y millones.
