Cristóbal López, acorralado por la Justicia y las cifras en rojo

El embargo de los ingresos en el canal de noticias C5N para afrontar demandas laborales de extrabajadores, primicia que PERFIL publicó este jueves, se suma a una complicada lista de avatares judiciales que el empresario kirchnerista Cristóbal López enfrenta en los últimos meses.

López, junto a otros imputados, afronta el cargo de presunta  "defraudación a la administración pública" por unos 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles SA, que el empresario cobró a sus clientes pero no habría depositado a la AFIP, según la denuncia ante la Justicia.

El 26 por ciento de cada litro de nafta que paga un automovilista debe ir a la AFIP a través del "agente recaudador" -la empresa que vende el combustible-, pero la empresa de López se habría quedado con ese dinero, sin que la AFIP se lo reclamara, entre 2012 y 2015, lo cual representó un presunto desvío de 8 mil millones de pesos. La actual gestión de la AFIP afirma que se habría simulado una "delicada situación financiera", aunque contaba con fondos para pagar el impuesto, y haber obtenido de la AFIP planes de pago "del articulo 32" para empresas con dificultad, que aprobaba Echegaray.

El juez Julián Ercolini sospecha que López habría usado ese dinero para adquirir medios de comunicación y hacer más inversiones, por lo que dispuso la inhibición general de bienes del empresario, de su socio De Sousa y de todas las firmas del Grupo Indalo.

Ésta es una de las causas más difíciles que afronta López por lo que semanas atrás trató de despegarse. Aseguró a fines de septiembre ante la Justicia federal que "jamás" integró el directorio de la empresa Oil Combustibles SA y que nunca se ocupó de los tributos de la firma ni de los planes de facilidades fiscales. En este mismo expediente, el socio de López, Fabián de Sousa, entregó un escrito de descargo a la Justicia donde denunció que esta es una "causa política".

Una parte de esa causa quedó en la justicia ante el juez federal Julián Ercolini, como ya se ha reseñado más arriba, mientras que López enfrenta una derivación de dicho expediente ante el fuero Penal Económico, en donde la jueza Verónica Straccia lo investiga por presunta apropiación indebida de impuestos por más de 60 millones de pesos.

A la par, en la última de agosto, la Justicia porteña también complicó las cuentas de López. Embargó por 2,5 millones de pesos a la empresa Indalo por "apropiación indebida" del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza María Araceli Martínez, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 29, ordenó embargar "los fondos y valores existentes así como los que ingresen en el futuro en cualquiera de las cuentas u operaciones en todo el sistema financiero hasta cubrir la suma de $2.500.000 de la firma D.H. COM S.A. del grupo Indalo en concepto de capital e intereses".

López es investigado además en el marco de la causa Los Sauces, impulsada por la diputada nacional Margarita Stolbizer, en la que se analiza la presunta relación de testaferro de Osvaldo Sanfelice con los Kirchner. Sanfelice es titular de diferentes empresas cuyo objetivo primordial habría sido "hacer negocios y facturar millones de pesos a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López". Se señaló que Sanfelice y su esposa son propietarios de varios inmuebles en Río Gallegos y en la Ciudad de Buenos Aires, y que en 2012 adquirieron una quinta en Zarate por la suma de $3.118.826, "la cual fue ocupada por el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa".

"Se tratan de las mismas personas y empresas que siempre se entrelazan a los fines de constituir negocios millonarios sin antecedentes en el rubro. Las mismas sedes sociales para múltiples empresas, los mismos socios que a su vez se vinculan con negocios con la familia Kirchner y los mismos empresarios beneficiados con negocios con el Estado que se mezclan con empresas fantasmas a los fines de retornar sumas millonarias", explicó la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez.

Por último, la presunta evasión de aportes previsionales durante 2015 es otro de los expedientes que sacan el sueño a López. El planteo fue formulado por el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y alcanza a varias empresas relacionadas el año pasado con el grupo, entre ellas Oil Combustibles y la productora de contenidos para TV Ideas del Sur. La causa se inició a raíz de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sobre la base de una investigación que permitió detectar una supuesta falta de aportes del orden de los 300 millones de pesos. El dinero destinado a aportes era descontado de los haberes de los trabajadores pero las empresas del grupo "habrían omitido efectuar el depósito de los recursos de la seguridad social retenidos a sus dependientes", entiende la justicia. La causa en el fuero Penal Económico es independiente de la que afrontan López y De Sousa en el fuero penal federal.

En total, la inhibición general de bienes afectó a todas las empresas del Grupo Indalo, las cuales son: "Alcalis de la Patagonia SA", "Argentina Corre SA", "Consulplan SA", "CPC SA", "CV1 Concesionario Vial SA", "Desarrollo Electrónicos Informáticos SA (DEISA)", "DH Com SA", "Establecimiento Santa Elena SA", "Esluvial SA", "Ganadera Santa Elena SRL", "Gestiones Tallion Arg SA", "Ideas del Sur SA", "IGD SA", "Imagen Radial SA", "Indalo Inversiones de Argentina SA", "Inverco del Cono Sur SA", "Inversora M&S SA", "La Salamandra SA", "M&S Consulting SA", "Oil Combustibles SA", "Oil Construcciones SA", "Oil M&S SA", "PAQARIY SA", "Parador Diez SA", "Paraná Metal SA", "Petrolera Cerro Negro SA", "Promet SA", "Radio Productora 2000 SA", "Serma SA", "South Media Investments SA", "South Mineral SA", "Urbanizadora Gea SA", "Telepiu SA" y "Votionis SA".