Los nuevos dueños de Indalo acusan a Abad de dejarlos al borde de la quiebra
El fondo inversor que se adjudicó la compra del grupo advirtió que la AFIP no permite saldar la deuda que contrajo López. Alertó que si no se concreta el traspaso de mando, no podrán pagar los sueldos de los empleados.
Ignacio Rosner, el empresario que compró Indalo a Cristóbal López. |
Cedoc
El fondo inversor que compró las empresas de Cristóbal López denunció que la AFIP impide el pago de la deuda multimillonaria que el grupo Indalo tiene con el Estado. Acusó a su titular, Alberto Abad, de estar condenando al conglomerado de empresas a la “quiebra”. Y advirtió que si la justicia comercial no autoriza el traspaso de las acciones no podrán pagar los sueldos de los 4 mil empleados de las distintas compañías.
El ex Grupo Indalo tiene empresas de petróleo, construcción, fabricación de carbonato de sodio y medios de comunicación. Es, entre otras cosas, propietario de C5N y Radio 10. En la actualidad, los empleados tienen incertidumbre: si la justicia no aprueba el plan de inversión de OP Invesments para recuperar el grupo, podrían quedar en una situación delicada.
“Los anteriores accionistas no conservan participación alguna en la conducción de las sociedades que integran el grupo. Hemos designado en los directorios nuevas autoridades”, explicaron fuentes oficiales de OP, el fondo que en Argentina es representado por el financista Ignacio Rosner.
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La incógnita sobre la titularidad del Grupo Indalo surgió tras el despido de Víctor Hugo Morales de C5N, porque si bien la determinación fue tomada por los empresarios del fondo inversor que se adjudicó la compra de las empresas, la justicia todavía no dio el aval para que la adquisición se concrete.
Oil Combustibles, una de las empresas del ex grupo Indalo, le debe al fisco más de 10 mil millones de pesos, porque por orden de Cristóbal López se retuvo durante cuatro años el impuesto al combustible, que es el que el consumidor paga cuando va a cargar nafta. Con ese dinero, dijo la justicia, se fondearon otras empresas del grupo.
Esta semana, la Cámara de Casación dejó a Cristóbal López al borde de la detención, cuando confirmó que ese delito de retención impositiva no es tributario sino penal, y que deberá ser investigado por la justicia federal.
En este contexto, el fondo inversor norteamericano busca que tanto la justicia comercial como la AFIP den luz verde a la transferencia de acciones de López a OP Invesments. Prometen una inversión inicial de 300 millones de dólares, de la mano de la petrolera rusa Lukoil, y el pago de todas las deudas que las empresas tienen con el fisco.
