SOCIEDAD
instalaran 4 mil unidades

El gobierno porteño sumará cámaras de vigilancia en colectivos

Son parte de un plan que busca integrar los sistemas de monitoreo de la Ciudad para aumentar los 2.150 dispositivos que hoy tiene la Policía y llegar a 10 mil a fin de año. También sumarán las filmaciones privadas.

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Colectivos. Como en el subte, se sumarán al sistema de monitoreo en vivo en el transporte público. | Gza ministerio de justicia y seguridad porteño
“En dos años, la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en una de las más monitoreadas de América”, así lo aseguró a PERFIL el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta planea incluir en el monitoreo las cámaras privadas de la vía pública e instalar otras en colectivos y subtes, un hecho que marca la expansión más grande del sistema de seguridad en la historia de la Ciudad.

Estas medidas forman parte del Sistema Integral de Videovigilancia, un plan desarrollado en base a las experiencias de los sistemas de gestión territorial aplicados en Londres, Nueva York y San Pablo, pero acorde a las necesidades de Buenos Aires.

El plan se ejecutará en dos fases. Se prevé que a fin de este año haya 10 mil cámaras conectadas al sistema de monitoreo de la Ciudad. En la actualidad, son 2.150. 

En la primera fase se integrarán todos los sistemas de Videovigilancia de la CABA: de la Policía de la Ciudad, Sbase, Tránsito, Anillos Digitales, Custodia de Bienes (hospitales, ministerios, colegios estatales, museos) y AUSA. Se espera, en ese orden, que para diciembre de este año estén integradas unas 10 mil cámaras.

Las cámaras en los subterráneos ya se están instalando y 4 mil colectivos, de los 10 mil que circulan diariamente por Buenos Aires, contarán con sistemas de videovigilancia. 

La expansión continuará en 2018: según el registro que lleva el gobierno local, hay al menos 35 mil cámaras de particulares que apuntan a la vía pública que se pueden integrar al sistema.

Estas cámaras se podrán monitorear en vivo, grabar lo que monitoreen, pero el almacenamiento va a correr por cuenta del dueño de esa cámara. El propietario del equipo no podrá negarse. La nueva ley lo obliga a asistir al moderno esquema de seguridad planteado por el equipo del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo. 

¿Por qué aumentar la vigilancia?
“Para lograr mayor seguridad, necesitamos una cobertura territorial más integrada. Uno de los recursos son las cámaras, que se complementan con patrulleros, personal en la calle y comisarías. Estas son las cuatro capas de la gestión del territorio que se desplegarán en base a un mapa del delito dinámico y en tiempo real”, explica Ocampo. También se tendrá en cuenta la densidad demográfica y los puntos de conflictividad.

“Las cámaras de seguridad –continúa el funcionario– tienen tres funciones: una función persuasiva o preventiva, una función forense (por ejemplo, un juez que pide las imágenes de determinado punto para buscar pruebas de un ilícito) y la tercera es la de intervención, es decir, la respuesta en el momento de las fuerzas de seguridad. En 2016, hubo 13 mil intervenciones”.

Una de las prioridades de Rodríguez Larreta es la urbanización de las villas, y ahí también proyectan instalar cámaras. “A medida que avance la urbanización, se colocarán cámaras”, indica el ministro.

Se prevé, además, la creación de centros comunales de monitoreo por comuna (CMC), pequeños centros que harán relevamientos locales de hurtos, arrebatos, robos de automotor, estupefacientes al menudeo, cuidacoches y limpiavidrios. Se usarán a tal fin cinco ex centros de monitoreo de la Policía Federal transferida y se construirán otros tres.
Además, se creará el Centro Integral de Monitoreo y Comunicaciones, donde interactuarán Emergencias, Pcaba, Tránsito, Servicios Públicos, para atender integralmente una situación como manifestaciones masivas, piquetes, toma de rehenes, catástrofes, emergencias e investigaciones.
El Gobierno de la Ciudad confía en que el nuevo plan contribuirá a revertir la alta tasa de hechos delictivos no denunciados y, así, reformular el sistema estadístico y obtener números reales de los ilícitos.