| Carta confidencial de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ahora hecha pública. |
Cuando Lanata se refiere a los artistas y periodistas de los programas oficialistas como “esos que creen que están bajando de Sierra Maestra” retrata con agudeza una moda de época.
Hay una diferencia entre Página/12 y los diarios oficialistas aparecidos exclusivamente por la publicidad oficial. Tanta diferencia como la que hay entre Horacio Verbitsky y muchos de los opinadores que hacen de periodistas en esos programas oficialistas. Verbitsky defiende al kirchnerismo más y mejor que ellos porque, entre muchos otros atributos, cuenta con la autoridad de quien actuó siempre de igual manera.
¿Dónde estaban estos actuales defensores de la pluralidad en los 90, cuando mataron al fotógrafo José Luis Cabezas o Menem les daba la razón a los carapintadas, dejando sin efecto las condenas de Alfonsín a los comandantes?
Lo mismo podría decirse de los políticos pingüinos que hoy se abrazan a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Recuerdo sí a Pino Solanas, baleado en sus piernas por un reportaje publicado por la revista Noticias en 1990, donde criticó duramente a Menem. Y, obviamente, también a Horacio Verbitsky marcando época con su libro Robo para la corona y su trabajo como alma máter en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Fue en los 90 que ante una persecución judicial de Menem, quien había iniciado más de treinta juicios de él, su familia y sus principales funcionarios, reclamando en suma más de diez millones de dólares a Editorial Perfil, Verbitsky promovió desde el CELS la defensa de esta editorial, del director de Redacción y del director de la revista Noticias –en ese momento, Héctor D’Amico y yo mismo– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, nexo con los tribunales del Pacto de San José de Costa Rica a los que Argentina adhirió.
Por entonces, Editorial Perfil solía ganar los juicios en primera instancia, pero luego una cámara o si no la Corte Suprema –con voto siempre igual de los cinco jueces de la “mayoría automática”– la condenaba a pagar sumas costosas. Es a uno de esos casos al que se refiere el dictamen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público el día previo a Navidad.
El CELS, el Estado argentino y Editorial Perfil conocían el fallo desde el 11 de agosto pasado, pero como lo explica la carta que se reproduce a modo de imagen en esta columna, se le dio dos meses al Gobierno para que acatara su cumplimiento y durante ese período no se podía hacer público el contenido de la sentencia que obliga al Estado argentino a lo siguiente:
1. Que, como medida de restitución, deje sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico y todas las consecuencias que de ella se deriven, incluyendo el reintegro de las cantidades pagadas en ejecución de la condena civil impuesta.
2. Que otorgue una reparación integral a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por la violación de su derecho a la libertad de expresión, tanto en el aspecto material como moral, incluyendo medidas de satisfacción de los daños ocasionados.
3. Que como garantía de no repetición, el presente informe se divulgue en el Poder Judicial.
Pasaron 15 años entre la publicación de aquella nota de Noticias y este fallo. Obviamente, ni al CELS ni a Editorial Perfil los motivaba la coyuntura sino generar precedentes para el ejercicio de un periodismo más libre.
En medio de tanto oportunismo con el pasado y los medios, es alentador que instituciones como el CELS contribuyan a construir políticas de Estado más democratizantes: otro fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con patrocinio del CELS fue el caso Kimel, que obligó al Estado argentino a abolir la pena de cárcel para delitos de calumnias e injurias.
Y aunque muy cuestionadas últimamente por los opinadores kirchneristas por tratarse de cámaras empresarias, instituciones como Adepa o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también contribuyen a aumentar la libertad en el ejercicio del periodismo.
PERFIL no sólo participa de esas organizaciones, además debe reconocer que fueron la SIP y Adepa quienes salieron en su defensa en el juicio al Estado por el uso discriminatorio de la publicidad oficial, el asesinato de Cabezas, la persecución judicial menemista, las bombas en los edificios de Perfil y, durante la dictadura, la desaparición y la posterior puesta a disposición del Poder Ejecutivo de quien suscribe.
Hipocresía. Ante esos hechos, no recuerdo a los que Lanata califica como “revolucionarios de hace ocho minutos” denunciando un atentado a la pluralidad y al ejercicio democrático del periodismo. Casualmente, José Martí fue quien dijo: “La libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía”.
