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Agitación explosiva

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Alberto Fernández. | Telam

Aunque el fenómeno no sea novedoso y luzca hasta gastado, gran parte del círculo rojo argentino continúa embarcada en agitar monstruos con o sin justificación y en nombre de causas nobles, pero con la intención de horadar al rival.

El terreno de la Justicia volvió a ser escenario por enésima vez de ese lodo, donde lo real y lo ficcional se entremezclan y confunden. No es casualidad, claro, ya que allí se zanja lo que los bandos agrietados no pueden o no quieren acordar.

Esta semana, entregó su informe al Presidente la comisión de juristas a la que le pidió recomendaciones sobre el funcionamiento judicial, en especial respecto de la Corte Suprema y la Procuración.

Llamada despectivamente “Comisión Beraldi”, porque entre sus integrantes figura un notable penalista que aceptó ser abogado de Cristina Fernández de Kirchner, se preveía desde el sector agitador que semejante pecado original llevara a que el grupo siguiera los dictados de la vicepresidenta.

Así, en lo previo y durante el trabajo de la comisión, se aseguró por ejemplo que iba a proponer cambiar la Corte mediante el aumento del número de sus miembros.

No fue así: recomendó mantener la cantidad actual y, en todo caso, aliviarles el trabajo mediante la creación de una cámara previa (como es Casación en el fuero penal) que filtre los casos que llegan al máximo tribunal del país.

Sobre la Procuración, la comisión sugirió por amplia mayoría que quien la ocupe tenga un mandato de equis años, en vez de ser un cargo vitalicio como hasta ahora pese a que cada gobierno eyecta a quien hereda de la gestión anterior.

Por un margen de casi total división, el grupo de juristas también señaló que la elección de la jefatura de las fiscalías podría hacerse por mayoría simple en el Senado, lo que implica un cambio a los dos tercios tradicionales.

Cada vez que a Alberto Fernández se le pregunta, en los excesivamente numerosos reportajes que brinda, por esta tarea de la comisión, aclara que sus conclusiones no son vinculantes y que él verá qué le parece mejor para armar proyectos que trate el Congreso.

Es más, fuentes oficiales dejaron trascender que el Presidente no coincide con que el o la que ocupe la Procuración llegue a través del voto por simple mayoría.

En este tema de la jefatura del Ministerio Público, como en muchos otros, las tensiones no son solo entre fuerzas opuestas, sino que se desarrollan dentro del mismo espacio.

Alberto F promovió al juez Daniel Rafecas como nuevo procurador, en reemplazo del interinato de Eduardo Casal desde 2017. Cristina K no se entusiasma con esa nominación, pero argumenta que no se acelera con su tratamiento en el Senado porque la oposición no da su aval para obtener los dos tercios.

Rafecas sostuvo públicamente que le encantaría ser procurador, pero no si el método de elección se modificara. Sin embargo, los senadores y las senadoras de Cristina, perdón, del Frente de Todos avanzan hacia la aprobación de un proyecto que valide la elección por mayoría simple. “Si Rafecas se niega, es un problema de él. A nosotros no nos va a decir él qué tenemos que hacer”, cuenta un senador de peso en privado.

El problema no sería tanto lo que diga Rafecas, sino el Presidente, que es quien manda, según Cristina. En esta cuestión, no pareciera.