Reformar la Justicia realmente sería mejorarla y sacarla del estado de emergencia tecnológica y de infraestructura en las que está desde octubre de 2019; sería denunciar a quienes la deshonran, acelerar los procesos, redefinir el mapa judicial con una mirada federal, que garantice el acceso al servicio de Justicia a todos los ciudadanos. Esa es la necesaria reforma de la Justicia, pero no es la que nos está proponiendo el gobierno.
No está claro qué mapa judicial tienen en mente al propiciar un incremento de cargos y de costos, pero sin cambiar lo que hoy funciona mal. Porque, es importante aclararlo, lo que hoy existe va a permanecer. La reforma agrega estructura, no cambia la que está.
En ese contexto, el tema presupuestario es crítico: a partir de agosto el sistema federal se quedará sin recursos para pagar sueldos y gastos de funcionamiento y deberá ser auxiliado por el Poder Ejecutivo. Pero esta reforma implicará unos 4000 millones de pesos anuales, sin resolver los verdaderos problemas de la Justicia.
En otras palabras: ¿Hace más eficiente y digitalizado el servicio? No. ¿Distribuye mejor el presupuesto? No. ¿Permite superar la emergencia en infraestructura y tecnología? No. ¿Hace funcionar mejor la estructura existente que no funciona o está estancada? No. ¿Reduce plazos en los procesos? No. ¿Crea un mapa judicial más equitativo y accesible para todos? No. Si todas las respuestas son negativas, evidentemente esta no es la reforma que necesitamos.
Aunque compartamos el diagnóstico de que es fundamental cambiar el sistema, los medios que emplea el gobierno no resuelven los problemas que dicen que quiere resolver, y la reforma se vuelve inútil o, al menos, una oportunidad perdida.
*Representante de los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
