Fue un ejercicio casi circular el ir registrando el conflicto suscitado por la policía de Buenos Aires y su repercusión en los medios. Tanto los gráficos como los electrónicos (radio, televisión, portales informativos en internet, agencias), con la suma de las redes sociales, fue un ir y venir sin pausa entre la condena y el aplauso, las críticas y los respaldos implícitos o explícitos.
En un comienzo fue cierto asombro no disimulado por la creciente virulencia, incluyendo la concentración a las puertas de la residencia presidencial de Olivos. Asombro que trocó con rapidez en posturas casi opuestas: las de quienes, desde sus funciones periodísticas, justificaban esas manifestaciones de uniformados con armas y vehículos de la institución; y en sentido inverso, las de los que afirmaban que el movimiento evocaba otros alzamientos con pistola a la cintura que derivaron en consecuencias más graves.
En el medio, buena parte de la oferta periodística buscó un equilibrio difícil, porque en el conflicto se filtró rápidamente la grieta y sus voceros de uno y otro lado, en un ring donde el buen boxeo estuvo ausente. Quedó expuesto así que los medios que acostumbran apoyar a este gobierno y a criticar el anterior (o a sus referentes supérstites) denunciaron intentos de golpe, calificando la acción de los policías amotinados como un ejercicio de complicidad en tal sentido. Y los medios afines a la oposición comenzaron justificando el accionar de los huelguistas, aunque con cierta alarma por la exhibición de armas, y cerraron la semana hablando de coparticipación y la relación Casa Rosada-CABA.
En medio, los ciudadanos (la opinión pública) en fin recibieron la influencia de unos y otros con cierta desorientación por la diversidad de posturas y opiniones periodísticas. Sucedió algo semejante a lo de asonadas anteriores, que no fueron pocas desde el retorno de la democracia en 1983. Inquieta cuando las armas reemplazan a las ideas, y por eso la conmoción pública que provocaron los policías bonaerenses alzados hasta el viernes. Un estudio realizado por Nueva Mayoría reveló que desde 1986 (año del primer registro) hasta 2013 (cuando fue publicado), la Argentina sufrió un total de 217 huelgas y/o motines policiales que concluyeron, por lo general, en exitosos resultados para los uniformados en paro. El gobierno de Raúl Alfonsín sufrió 77 en tres años, con un máximo de 23 en los meses previos a su renuncia. No hizo falta sacar los tanques a la calle para poner fin a un gobierno constitucional: la policía hizo lo suyo, queda claro.
En los diez años de gestión de Carlos Menem, el total de paros policiales fue 63, con una curiosidad: en 1994 y 1996 los policías argentinos parecieron vivir un período floreciente porque no hicieron huelgas. Las comisarías mostraron una calma relativa durante el gobierno de De la Rúa, y la mantuvieron (con algún que otro conato) durante el mandato de Néstor Kirchner y la primera parte del gobierno de Cristina Fernández. En 2013, todo estalló: la huelga policial abarcó durante una semana a 21 de 24 provincias y provocó una conmoción pública de gran magnitud.
No es gratis la solución para este conflicto en medio de la pandemia, que excede lo salarial según estiman expertos en materia de seguridad. No se trata de dinero, solamente, sino de poder. Y el poder policial no está en el agente de la esquina sino en los escritorios de sus superiores y en sus contactos con sus referentes políticos.
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