Andrés Gil Domínguez: "Es tan suicida este cambio en la Corte Suprema como el DNU"
El abogado constitucionalista aseguró que las postulaciones responden a una modalidad del Presidente: "Este gobierno necesita enfrentarse con dirigentes o instituciones y este es el primer paso para poder enfrentarse a la Corte".
Andrés Gil Domínguez |
Cedoc
Andrés Gil Domínguez afirmó que la postulación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla desconocen la perspectiva de género y la federal que debe tener la Corte Suprema de Justicia: “Al Gobierno no le gusta esta modalidad de la Corte en la que deja que la política resuelva sus conflictos porque el Gobierno desprecia a la política”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)
Andrés Gil Domínguez es abogado, se desempeña en el área de derecho constitucional y es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
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¿Cómo recibe la decisión del Gobierno de postular a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia?
Más allá de los antecedentes de los candidatos, estas dos nominaciones están desconociendo la normativa vigente, que es el 222 del 2003, dictado oportunamente por Néstor Kirchner como respuesta a todo un movimiento de organizaciones no gubernamentales y provenientes de distintos espectros ideológicos que había realizado un documento que se llamó "Una Corte para la democracia". El expresidente Kirchner, con la potestad de proponer un candidato o candidata a la Corte Suprema, estableció determinados parámetros en la selección de estos candidatos o candidatas. Uno de esos parámetros era la diversidad de género y la otra la perspectiva federal. Creo que existiendo dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, la postulación de dos hombres está desconociendo estos parámetros, tanto el de la perspectiva de género, como también (viendo la trayectoria de los candidatos) de perspectiva federal.
La nominación me parece regresiva de una construcción convencional y constitucional de la cual se había hecho una práctica, en donde estas dos variables tenían una importancia de peso, habida cuenta de nuestra historia constitucional y de la protección al universo de las mujeres que le da nuestra Constitución y varios tratados sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía.
¿Es obligatorio que haya un cupo de mujeres o es una recomendación que el Ejecutivo puede ignorar?
En el artículo 75 inciso 23 de nuestra Constitución se determina que el Congreso puede legislar en acciones positivas para proteger a determinados grupos que han estado sometidos a una desigualdad estructural histórica como las mujeres. Nosotros tenemos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que establecen claramente la necesidad de que el Estado adopte políticas de no discriminación con motivo de género y de promoción de la paridad de la perspectiva de género.
En ese sentido, tener una Corte exclusivamente de hombres es una regresión y un incumplimiento claro de normas constitucionales y normas internacionales. No sé si hay una obligación expresa, lo que hay es la obligación constitucional y convencional, y una norma vigente que lo establece y va a tener que ser evaluado y ponderado por la Cámara de Senadores.
¿Por qué se proponen dos miembros de la Corte y no un procurador?
Creo que terminó el tiempo que le dio el Gobierno a la Corte Suprema de Justicia para que se alinee con las políticas que está desarrollando, resuelva las causas de inconstitucionalidad que se han planteado sobre el Decreto 70/2023 y lo valide, o resolver los planteos que han hecho muchos gobernadores sobre la cuestión fiscal.
Estas designaciones buscan reformular el funcionamiento de la Corte y darle sesgo ideológico de una derecha muy alejada del centro. Este gobierno necesita enfrentarse con dirigentes o instituciones y este es el primer paso para poder enfrentarse a la Corte. Al Gobierno no le gusta esta modalidad de la Corte en la que deja que la política resuelva sus conflictos porque el Gobierno desprecia a la política.
El primer paso es esta nominación anticipada. La metodología correcta es que empiece el proceso de selección una vez que el puesto está vacante. El cargo deJuan Carlos Maqueda, para mí uno de los mejores jueces de la historia de la Corte Suprema de Justicia, estará vacante en diciembre de este año. El Gobierno se anticipa un candidato que responde a una de las facciones de la Corte y el otro a la otra facción, más allá de que los dos tengan una tendencia de derecha y muy alejada del centro. Es un claro primer paso para marcarle la cancha a la Corte.
¿El Gobierno podía esperar que la Corte fallara a favor del DNU?
No sé qué es lo que espera el Gobierno en términos de funcionamiento institucional porque me parece que al Gobierno no le interesa el funcionamiento de las instituciones. Tienen un proyecto refundacional y mesiánico donde cualquier institución que signifique un límite es descalificada. Creo que esta movida está dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia que, en caso de darse estas dos nominaciones, quedaría en una situación minoritaria.
Horacio Rosattiha sido muy claro en estos años y ha tenido una línea coherente con su vida académica como convencional constituyente y su vida jurisprudencial en la Corte, especialmente en términos de federalismo y en términos de resguardo del orden socioeconómico previsto por la Constitución. Ha sido muy claro en declaraciones públicas que un gobierno, por más mayoría que tenga, tiene que respetar la Constitución, no puede dolarizar, no puede desconocer el federalismo, la protección de usuarios y consumidores, y el rol que tiene el Estado en la regulación de una economía. Creo que esta decisión pasa por romper esta estructura de la Corte y rearmar una en la que Rosatti quede en minoría.
¿Hay algún paralelismo entre estas nominaciones y el DNU en la desproporción entre los medios y los fines?
Este es un gobierno voluntarista y decisionista que no tiene un interés de hacer un análisis ponderado del funcionamiento institucional para conseguir determinado fin, de forma tal que resguarde la institucionalidad, no se dañe al sistema y pueda alcanzar ese fin. Lo que está haciendo el Gobierno desde que asumió es utilizar herramientas de excepción, sustituir el Congreso por la voluntad del Poder Ejecutivo y no ha encontrado un límite razonable en las instituciones. Toda cuestión institucional que se oponga a este gobierno es arrasada para concretar este proyecto fundacional que nos llevaría a la tierra prometida.
¿Es viable que un presidente que tiene apenas un puñado de senadores aspire a nombrar dos jueces de la Corte Suprema o es apenas un gesto?
En el campo de la política Argentina uno nunca puede hacer un pronóstico certero sobre el futuro. Yo lo veo difícil por el perfil de ambos candidatos. Más allá de los antecedentes de los candidatos, sería una corte integrada exclusivamente por hombres como en el siglo pasado y estos dos candidatos no tienen perspectiva federal. Además, hay una cuestión política. No es fácil reunir dos tercios en el Senado.
Al gobierno no le interesa esto, lo que le interesa es el gesto de autoridad en la construcción de un nuevo orden y que, si no se logra esa construcción, la culpa será de "la casta" que le impide desarrollar este proyecto fundacional de la República Argentina. La idea es ganar perdiendo: "yo propongo, me dicen que no y la culpa es de la casta y de los hombres del mal que desconocen las fuerzas del cielo".
Alejandro Gomel: Me gustaría que nos contara quién es el juez Lijo y qué significa su postulación.
Siempre que hablamos de la justicia argentina y analizamos su funcionamiento decimos que existen dos justicias: la justicia argentina y la justicia de Comodoro Py que tiene su propio Código Penal, su propio Código Procesal y su propio régimen interno. La idea de que alguien de primera instancia de Comodoro Py llegue a la Corte Suprema de Justicia es llevar a la Corte este régimen tan particular y especial que reina en Comodoro Py.
¿Qué implica esta jubilación anticipada a Juan Carlos Maqueda?
Nunca se ha hecho un reemplazo anticipado en la Corte Suprema. El proceso de proposición y designación siempre se ha hecho una vez que un juez o jueza deja su cargo por distintos motivos. Hoy, la normativa vigente establece que este proceso que debe iniciar el Ejecutivo comienza una vez que se ha celebrado una vacante en el plazo de 30 días.
El presidente Javier Milei va a tener que modificar este decreto para poder llevar adelante este proceso de forma anticipada y poder prescindir de variables tan importantes como la perspectiva de género y la perspectiva federal. No es habitual y forma parte de este mensaje que se está dando a la Corte como crítica por responder en los tiempos y formas que el gobierno pretende sobre las medidas que está tomando. Es un mensaje ideológico porque los candidatos expresan una visión del derecho muy particular que es de derecha y alejada del centro.
¿Puede ser un acto suicida por parte del gobierno si es que no logra imponer a sus candidatos en el Senado y predispone aún peor a la actual Corte?
Podría ser, como también fue un acto suicida publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica 83 leyes o mandar una Ley Ómnibus con tantos artículos. Es tan suicida este cambio en la Corte Suprema como el DNU. También podría ser suicida que el 24 de marzo se tomen disposiciones que vayan contra alguno de los grandes consensos democráticos que es la política del Nunca Más y la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Parece que esta es la propuesta del gobierno: jugar al suicidio. El problema es que está en juego la sociedad argentina y años de historia.
