El lamentable episodio del “vacunatorio VIP” que se destapó la semana pasada es el resultado, en primer lugar, una serie de responsabilidades individuales de funcionarios y políticos que fallaron en sus deberes como tales. Estas responsabilidades fueron parcialmente subsanadas con la partida del Ministro de Salud, responsable directo de esta inmoralidad.
Sin embargo, el “vacunagate” es también reflejo de algo más grande y profundo que atraviesa la manera en la que los argentinos (y especialmente los políticos) nos vinculamos al Estado. Me refiero ala percepción que tenemos de que el Estado no es un conjunto de recursos que en una sociedad democrática debería funcionar con reglas claras. Por el contrario, los argentinos creemos que esos recursos pueden usarse en beneficio particular. Esto define el tipo de Estado que tenemos en Argentina: un Estado patrimonial.
Hace aproximadamente un siglo, el sociólogo alemán Max Weber acuñó el término “patrimonialismo” para hacer referencia a un tipo de dominación tradicional “no-racional”. En otras palabras, una dominación no basada en reglas racionalmente concebidas mediante procedimientos claros, sino un Estado que funciona como una estancia en donde el patrón es (valga la redundancia), amo y señor. El estado es “patrimonio” del soberano. Así, el manejo del mismo se define por actos discrecionales puramente personales del soberano. A su vez, el cuadro administrativo formal se encuentra disminuido, ya que los puestos en la burocracia se definen no por mérito sino por vínculos personales con el gobernante.
Por supuesto, Weber estaba pensando en los estados tradicionales previos a la modernidad. Pero aun así, desde entonces, en la literatura específica sobre el Estado se utiliza el término patrimonialismo para hacer referencia a instanciasen las que las disposiciones legales escasean o no se cumplen y la burocracia formal se encuentra disminuida.
Vacunados, por Horacio Verbitsky Redacción Perfil
Los eventos recientes en nuestro país muestran de qué manera el término “patrimonialismo” le cabe a la manera en que se gestiona el Estado. Lo que ocurrió con las vacunas es sintomático de las características ya mencionadas: por encima de las reglas formales, los amigos de los funcionarios tienen prioridad para vacunarse. El Ministro separa una partida de vacunas compradas con el presupuesto público (es decir, con el dinero de todos) para que él distribuya discrecionalmente. El resultado, además de la profunda inmoralidad del caso particular, es que los que se vacunan primero no son los que más lo necesitan sino los que tienen acceso y saben tocar las puertas del Estado. Como en las viejas cortes reales de las monarquías absolutas, son los contactos y no las reglas las que importan.
Unos meses atrás, Victoria Donda confesó sin pruritos que le había ofrecido “colaborar en el INADI” a la empleada de su casa particular. Aquí vemos otra vez el patrimonialismo: los puestos en el Estado, reservados en teoría para individuos que llegan mediante mecanismos transparentes, es usado por una funcionaria a título personal. Como en las viejas cortes reales (otra vez) el acceso a un puesto en el Estado depende de “los contactos”.
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En ambos casos (y hay muchos más, los lectores recordarán seguramente otros) lo sorprendente es que ni Verbitsky ni Donda parecían darse cuenta de que habían obrado mal. Y esto es muy representativo de la manera en que los argentinos (no todos, claro está) nos relacionamos con el Estado. Naturalizamos los contactos y los privilegios por encima de las reglas claras y transparentes para todos.
No debiera sorprender, entonces, que el Estado argentino sea mayormente ineficaz para las tareas que debe llevar adelante. En el fondo, es el reflejo de la baja profesionalización y la utilización particularista y patrimonial que hacemos de él.
* Juan Negri (UNSam-UTDT). Twitter: @jjnegri4
