En su ciclo televisivo Periodismo Puro, el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, entrevistó al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz, quien consideró "poco felices" las afirmaciones de Alberto Fernández, el precandidato presidencial del kirchnerismo respecto de su pedido de "juzgar" a los magistrados que procesen a figuras importantes del espacio K. En ese mismo tramo de la entrevista, Rosenkrantz se refirió a los señalamientos que le hacen sus detractores por haber sido abogado de corporaciones.
A continuación, uno de los tramos de la entrevista:
— Que Alberto Fernández sea el abogado de Cristóbal López y al mismo tiempo sea el candidato a presidente del más numeroso partido de la oposición que dice que habrá que juzgar a los jueces que procesan a prominentes kirchneristas, ¿es un conflicto de intereses entre un abogado y un candidato a presidente?
- Creo que la distinción entre el rol que usted le adjudica como abogado al doctor Fernández y sus aspiraciones presidenciales se pueden distinguir. Creo, no obstante, que sus afirmaciones fueron un poco ambiguas y no muy felices.
- El profesor Charles Dunlap, de la Duke University School of Law estadounidense, creó el neologismo lawfare de law (ley) y warfare (guerra) para referirse a una “guerra jurídica” donde se usa la ley como un arma de guerra para desacreditar al adversario político. ¿Percibe un riesgo de que en la Argentina suceda algo así?
-La Argentina es un país muy conflictivo, muy divisivo, en el que las grietas son muy importantes. Creo, como dije antes, que es muy importante creer y actuar sobre la base de la convicción de que el derecho es un dominio autónomo de todo lo demás y en especial de la política. Uno de los grandes problemas argentinos ha sido la judicialización de la política y la politización de la justicia, creo que hay que terminar con eso. El derecho puede ser usado como un arma de choque al servicio de intereses sectoriales o partidarios. Para impedirlo estamos los jueces. Nuestra función es hacer que eso no suceda, generar desincentivos para que eso no suceda.
-Todavía en las acusaciones de que se está viviendo en un estado Low Fare que hace el kirchnerismo no llegaron esos casos a la Corte Suprema. Su perspectiva general es que puede darse en Argentina o que puede estar dándose en Argentina una situación como la que denuncia también la expresidenta Cristina Kirchner de que lo que estamos viviendo es un Low Fare.
-Mire, una de las convicciones pétreas que yo tengo es el diablo está en el detalle. Todo depende de los detalles. Uno no puede tener una opinión general sobre una situación judicial, un expediente, si no lo conoce en profundidad. Yo tiendo a creer que lo que hacen los jueces lo hacen por razones jurídicas, hasta que mi propia conexión con un expediente me convenza de lo contrario. Por lo tanto le diría que es absolutamente prematuro pensar de un modo o del otro
-No parecen detalles las afirmaciones de Alberto Fernández sobre los jueces de Comodoro Py, respecto de que van a tener que ser juzgados por sus decisiones judiciales. Me parece que está lejos de ser un detalle. Lo ve como una amenaza a la división de poderes?
-Ya dije que son desafortunadas, como mínimo.
-Se le atribuye ser un abogado de empresarios y tener una visión corporativista. ¿Cómo se siente con esa caracterización?
-En mi vida he hecho muchas cosas diferentes. De hecho, trabajé durante algún tiempo en el Estado. Hice política. Fui funcionario del presidente Raúl Alfonsín. Fui asesor de la Convención Constituyente del '94, de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires del '96. Representé intereses públicos como abogado. De hecho, trabajé por la Argentina en algunos juicios a los que la Argentina fue sometido en la década del 2000. Fui socio fundador de algunas asociaciones de defensa de los derechos civiles. Participé con mucha intensidad en la política de derechos humanos del presidente Alfonsín. Y trabajé como abogado. Fui rector de la Universidad de San Andrés, de lo que estoy orgulloso. Estoy orgulloso también de haber sido solicitado por muchos clientes diversos. Quienes identifican ese hecho como reprobatorio no terminan de entender lo que hace un abogado y mucho menos lo que hace un abogado de empresas. Yo representé en algunos casos a algunas empresas muy importantes en algunos litigios importantes pero no creo que haya nada denostativo. Un dato curioso de nuestra Constitución es que, para ser juez de la Corte, la Constitución exige ocho años de ejercicio de la profesión de abogado, lo que indica que los constituyentes pensaban que ejercer la profesión de abogado es una precondición de un buen desempeño judicial
-Su precedesor en la Presidencia de la Corte había sido abogado de un sindicato. Se puede presuponer que el tipo de clientes que uno ha tenido como abogado de alguna manera condiciona la cosmovisión con la que la persona luego llega a la corte?
-No creo. Es fácil hacer una distinción entre la responsabilidad que tiene un abogado de defender los intereses de su cliente dentro del derecho y la responsabilidad que tiene un juez. Muchos de mis predecesores fueron abogados exitosos. El doctor Carrió fue un gran abogado, el doctor Petracchi durante algún tiempo trabajo en el estudio galante que era un estudio de grandes empresas al que pertenecieron los mejores abogados de su generación. De hecho, el doctor Bacqué, que también fue ministro de la Corte Suprema de la Nación, trabajó con el doctor Petracchi en el estudio Galante. El doctor Bacqué era un hombre de una intensa actividad profesional, había trabajado en la bolsa de comercio. Nunca antes en la historia de la corte la comunidad se sintió agraviada en modo alguno por el hecho de que sus ministros de Corte hayan defendido intereses particulares. De hecho, creo que funciona de otro modo. Uno tiene una particular responsabilidad de ser absolutamente imparcial y que se note esa imparcialidad cuando tiene que juzgar intereses como los que alguna vez se los ha visto asociado.
JPA CP
