La realización del segundo juicio oral del caso AMIA entró en cuenta regresiva: el juez federal Ariel Lijo elevó a esa instancia la causa por el encubrimiento del ataque a la mutual judía, por el que deberán estar en el banquillo el ex magistrado Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE menemista Hugo Anzorreguy y el ex reducidor de autos Carlos Telleldín, entre otros.
La lista se completa con la ex pareja y el abogado de Telleldín, Ana Boragni y Víctor Stinfale, respectivamente, que participaron activamente en el cobro de 400 mil dólares para el reducidor de autos -que salieron de los fondos de la SIDE y fueron gestionados por el juzgado-, con vistas a que el entonces único detenido por la AMIA acusara a un grupo de policías bonaerense por la masacre.
También serán juzgados los ex fiscales del caso, Eamon Müllen y José Barbaccia; el ex integrante de la SIDE Patricio Finnen y Rubén Beraja, ex titular de la DAIA (la representación política de la comunidad judía), quien -según la fiscalía- actuó de "soporte psicológico" del juez durante el pago de los 400 mil dólares.
El primer juicio oral que se hizo entre 2001 y 2003 -y por el que terminó absuelto un grupo de policías bonaerenses- permitió sacar a luz las graves irregularidades del expediente principal por la voladura de la mutual judía que mató a 85 personas el 18 de julio de 1994.
Ahora, entonces, habrá un segundo juicio, donde se les exigirá explicaciones penales a la mayoría de los investigadores e impulsores de la causa.
Todos están procesados por "peculado", pero los cargos más graves recaen sobre Galeano, quien fue destituido y ahora podría ser condenado por gravísimas penas ya que -además de ese delito- debe enfrentar acusaciones por privaciones ilegítimas de la libertad y prevaricato.
"Se encuentra acreditado que la investigación del atentado se caracterizó por la realización de entrevistas informales, filmaciones clandestinas, escuchas telefónicas ilegales, resoluciones sin el debido respaldo probatorio, manejo arbitrario de categorías procesales, formación de legajos con la finalidad de ocultar pruebas de cargo a las partes, declaraciones testimoniales bajo identidad reservada a procesados, coacciones a testigos e imputados para que declaren en determinado sentido", sostuvo el juez Lijo en la resolución.
Pero el hecho más controvertido, sin embargo, tuvo que ver con la decisión de gestionar, promover y conseguir unos 400 mil dólares que salieron de la SIDE para Carlos Telleldín, con el fin de que ampliara sus dichos en la causa, luego de reiteradas entrevistas informales donde el propio juez le mostraba al entonces detenido fotos de los policías a los que después acusaría.
"Recuérdese que en ese momento histórico no existía conformidad de Telleldín a exponer hechos diferentes de los que había declarado. Esto adquiere una particular relevancia en la maniobra final, por cuanto, fue recién cuando se comenzaron a cumplir sus exigencias que declaró en la forma convenida con el ex magistrado", dijo Lijo.
Según el auto de elevación a juicio, se pudo acreditar "fehacientemente la forma en que Galeano fue creando y acordando con Telleldín el tenor de la declaración que éste debía prestar y la imputación que finalmente se haría en contra de los policías y delimitando quienes serían los responsables para proseguir la investigación".
Además, afirmó Lijo, "pudo acreditarse el conocimiento que poseían Galeano, Anzorreguy (jefe de la SIDE en el gobierno de Carlos Menem), Beraja, Telleldín, Stinfale, Brousson, Finnen, Boragni sobre la finalidad del pago a Telleldín y las circunstancias que rodearon dicha maniobra" El propio Lijo citó los argumentos de la Fiscalía para acusar a los ex representantes del Ministerio Público de la causa, al aludir al concepto de "complicidad en cadena".
"El andamiaje ilegal construido por Galeano no hubiera alcanzado sus objetivos si no hubiese contado con la participación y el aporte de los por entonces funcionarios del Ministerio Público", había dicho en su momento el fiscal Patricio Evers.
