El caso de un grupo de abogados y financistas que cometieron estafas por más de US$ 90 millones es la clave que puede salvar a los empresarios arrepentidos del mayor juicio de corrupción en la obra pública: cuadernos. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes con acceso directo a la causa.
En los tribunales federales siguen atentamente el desarrollo de un caso que está en la Corte Suprema, sin fecha de tratamiento. Eugenio Curatola es un financista condenado por liderar una asociación ilícita dedicada a estafar a inversores entre 2001 y 2005.
En los tribunales nacionales, donde los magistrados y los expedientes tienen bajo perfil, se sorpenden por el interés en la causa. “¿Qué pasa que nos consultan tanto por este caso?”, le respondió a PERFIL uno de los protagonistas del juicio. La respuesta está en la estrategia que utilizaron los fiscales y que avaló el tribunal para que la mayoría de los acusados fueran condenados sin llegar a juicio.
Es el escenario que imaginan en Comodoro Py 2002 para el caso de los cuadernos, con más de cien imputados, decenas de arrepentidos y empresarios de alto calibre que admitieron haber realizado pagos ilegales a funcionarios de los Kirchner.
La solución que estudian los fiscales del caso es la posibilidad de que los acusados que admitieron su culpa firmen juicios abreviados y así solo vayan a juicio los imputados que se declaran inocentes.
Los empresarios también ganan: no se exponen al juicio, se garantizan una pena menor y cierran el capítulo
Es una solución salomónica. La Justicia se ahorra recursos, tiempo y la situación de tener que condenar en un proceso oral y público a poderosos hombres de negocios. Los empresarios también ganan: no se exponen al juicio, se garantizan una pena menor y cierran el capítulo. Sus empresas sufren menos las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, el sistema plantea una traba legal. Los hechos del caso de los cuadernos ocurrieron entre 2008 y 2015, y corresponde aplicar las leyes vigentes en ese momento, explica una fuente del caso. Si bien el nuevo Código Procesal Penal habilita juicios abreviados parciales, es decir con sólo algunos de los acusados, el viejo código vigente en esos años no lo permite: todos los acusados deben acordar el abreviado para que sea posible. Para eso, sería necesario que los ex funcionarios, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se declararan culpables. No es un escenario viable. Por eso, el Ministerio Público Fiscal espera que la Corte Suprema confirme la decisión de un tribunal que sí aprobó los abreviados parciales en el caso conocido como “Curatola”.
Comodoro Py especula cómo convivir con una posible victoria kirchnerista
En 2015, los fiscales Carlos Gamallo y Gabriel González Da Silva y los abogados defensores acordaron juicios abreviados parciales para este caso de estafas millonarias a inversores. Con 16 de los miembros de la organización acordaron tres años de prisión en suspenso y tareas comunitarias. Con Curatola, cinco años de prisión. A la esposa del financista, supuesta organizadora de la asociación ilícita, le ofrecieron cinco años.
Silvina Amestoy se negó a aceptar el acuerdo, según consta en el expediente. “Reconoció las estafas pero niega haber cumplido el rol de organizadora. Además, planteó que si el tribunal aprobaba los abreviados del resto, estaría prejuzgando su caso”. Su decisión obligó a los fiscales a idear una segunda estrategia. Siguieron adelante con el juicio y con los abreviados, sosteniendo que, si el nuevo Código Procesal habilitaba los abreviados parciales, había una ventana legal para realizarlos. “La clave fue que los acuerdos con el resto de los imputados no fueran aprobados o desaprobados por el tribunal hasta que no terminaran de juzgar a Amestoy, para evitar el supuesto prejuzgamiento”, explicaron en la fiscalía.
Los imputados no tuvieron que asistir al juicio pero sus casos siguieron abiertos hasta el final. A Amestoy la condenaron a siete años y luego aprobaron los abreviados del resto. La Cámara de Casación Nacional confirmó los abreviados parciales y bajó la pena de la mujer a cinco años. Pero la acusada llevó el caso a la Corte.
Actualmente, el máximo tribunal tiene pendiente tratar el caso y decidir si sienta jurisprudencia sobre los juicios abreviados parciales. El caso se encuentra en la Procuración General de la Nación, confirmaron fuentes del organismo. El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, debe pronunciar su posición sobre el caso y enviar su dictamen a la Corte. Hay un equipo trabajando el tema. Si bien su decisión no es vinculante para los jueces del máximo tribunal, tiene gran peso para los fiscales de cuadernos. Marcará un precedente.
