El frente judicial que desafía a Milei en plena campaña, y sus planes para Comodoro Py

A Javier Milei la Justicia no lo desvela como la economía, su tema de cabecera, pero eso no quiere decir que no le preocupe, al contrario. El candidato a presidente por La Libertad Avanza tiene una hoja de ruta sobre qué hacer con el Poder Judicial, con un nombre capaz de monitorear los cambios que pretende, mientras mantiene un frente abierto en ese plano, con dos denuncias en curso que pueden tener avances en los próximos días.

En línea con sus expresiones, cree que “la casta política” tomó de rehén a la Justicia y si asume el mando de la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre quiere sacarle “los pies de encima”, por lo cual no prevé ningún tipo de conflicto a corto plazo con Comodoro Py. Eso sí: apostará fichas a completar la vacante que hoy tiene la Corte Suprema, con un magistrado que se ajuste a las ideas de Juan Bautista Alberdi, pero chocará con Eduardo Casal, actual procurador general de la Nación desde la era Cambiemos: el postulante a la presidencia quiere que el puesto deje de estar en manos de un interino, como lo es Casal, y pase a ser liderado por un fiscal “apartidario”.

Cómo piensa implementar esos cambios el espacio de Milei una vez en el poder es una incógnita ya que para completar el máximo tribunal necesita del visto bueno del Senado, precisamente de dos tercios de sus miembros presentes. Y en LLA no parecen dispuestos a negociar con las fuerzas que hoy pisan fuerte en la Cámara alta. Pero tampoco anticipan un decreto. En el caso del jefe de los fiscales, también requiere del consenso de los dos tercios del Senado.

A su vez, el economista pretende cubrir todas las vacantes que existen en los tribunales federales del país con un perfil bien claro: que los jueces estén alejados de la política, sean apegados a la Constitución y se encuentren en línea con los conceptos de Alberdi. Planea impulsar, además, el juicio por jurados y quiere reformar el Consejo de la Magistratura en pos de reducir “el peso político” que hoy considera que tiene el órgano que se encarga de la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

Las modificaciones estarán supervisadas por Guillermo Montenegro, candidato a diputado nacional y uno de los hombres de confianza de Victoria Villarruel, la compañera de fórmula del libertario. Abogado, titular del estudio Montenegro y Asociados, y secretario general del Partido Demócrata de Buenos Aires, es quien tendrá además la misión de entablar un nexo con Comodoro Py.

Por otro lado, LLA afronta dos acusaciones. Una es contra la candidata a vicepresidenta del frente por presunta falsificación de firmas del Partido Demócrata bonaerense. La acusación cayó en el Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Según pudo saber PERFIL, los que denunciaron a Villarruel,  Alejandro Varela, Laura Jensen, Javier Escudero y Raúl Casal, ratificarán la denuncia en la audiencia que será este  lunes a partir de las 10.30. En esa cita estará presente Juan Carlos Blumberg para dar apoyo a los denunciantes.

El empresario insiste en que en el espacio de Milei se vendieron candidaturas y se motorizó un pacto con Sergio Massa. Una versión que rechazan desde la fuerza liberal, donde se muestran totalmente convencidos de que la Justicia demostrará que no hubo ilícitos en el armado de las listas.

La otra incriminación en marcha está en Pilar. En el distrito bonaerense, la candidatura a intendente se dirimió en una interna entre Juan Martín Tito y Martín Maganas que no terminó en buenos términos. Maganas, que perdió, se presentó ante la Justicia para afirmar que su contrincante se encargó de realizar maniobras en escuelas para tapar sus boletas.

Desde su entorno, señalan que habría novedades en los próximos días. En tanto, el expediente que indaga la presunta venta de postulaciones se encuentra en pausa y los denunciantes esperan que el fiscal los llame.

Cargos políticos, afuera

El diputado nacional no suele hablar del tema judicial en sus entrevistas. Aunque en una de sus últimas apariciones adelantó que quiere “independencia económica para el Poder Judicial”. De hecho, criticó lo que pasa con el financiamiento que depende de Jefatura de Gabinete, el área que autoriza partidas presupuestarias, lo que genera desde su visión una presión del Ejecutivo a la Justicia. Si llega a la jefatura del Estado, ese mecanismo llegará a su fin.

“Lorenzetti planteó en un proyecto que el presupuesto no dependa de la Jefatura de Gabinete sino del Congreso. Pero yo soy más radicalizado: quiero independencia total, que exista un conjunto de partidas para financiar al Poder Judicial y que la Justicia tenga autonomía total”, sostuvo.

Entre sus ideas, también figura eliminar organismos, institutos y entes descentralizados dentro del Ministerio de Justicia, una de las pocas carteras que sobrevivirá en caso de alcanzar la presidencia. “Lo que vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023, anticiparon desde la fuerza que se impuso en las primarias del 13 de agosto. Asimismo, van a promover la celeridad de todos los procesos judiciales a través de la oralidad y transferir la Justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hay otra línea que aparece en el radar de acción del “león” si llega a imponerse en la próxima cita electoral: prohibir entre los jueces cualquier afiliación o participación político partidaria.