El juez federal Claudio Bonadio tenía claro lo que buscaba cuando allanó Enarsa, YPF y la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación. PERFIL accedió a las órdenes que el magistrado envió a la Policía Metropolitana para recabar datos sobre uno de los puntos débiles del ministro Julio De Vido: la polémica importación de gas natural licuado (GNL). Con la documentación busca demostrar si el Gobierno ideó una maniobra para pagar sobreprecios en la importación de gas utilizando empresas intermediarias entre las exportadoras y la estatal Enarsa. Y se enfocó en una intermediaria en particular: la firma Diligentia, del ex ministro menemista Roberto Dromi y ex asesor de Julio De Vido.
El 16 de julio, el juez había sido desplazado de la causa Hotesur, en la que investigaba a la familia presidencial. Al día siguiente, la Metropolitana se presentó en Enarsa, YPF y el Ministerio para secuestrar documentos sobre “las financieras que intervinieron en los pagos, las licitaciones, acuerdos, convenios o contratos de compraventa, corretaje y de locación de servicio para el asesoramiento y consultoría”. Bonadio apuntó directo a Dromi, que fue consejero de De Vido en la redacción del sistema regulatorio de importación de gas.
El magistrado se llevó toda la documentación que encontró sobre Diligentia SA, confirmaron fuentes de la causa a este medio. Se trata de una de las empresas de Dromi que actuó como intermediaria en este negocio, porque además de asesorar al Gobierno, Dromi asesoraba a los proveedores del Estado.
Diligentia está en Buenos Aires, pero su hermana, Dromi y San Martino Consultores, está radicada en España, más precisamente en Velázquez 75, Madrid. La empresa de Dromi fue la intermediaria entre Enarsa -entonces dirigida por Ezequiel Espinosa- y proveedores. El ex ministro de las privatizaciones reconoció que trabajó “asesorando a empresas internacionales” y que tuvo como clientes a Gas Natural de España y Gas Natural Fenosa.
La presencia de Diligentia como intermediaria se mantuvo durante cuatro años y la sospecha es que la consultora era el vehículo puesto por De Vido para que las exportadoras pagaran “servicios” a Dromi. Estos “servicios” podrían utilizarse para blanquear sobreprecios.
En 2012, tras la estatización de YPF y el apartamiento de De Vido del manejo del área, Dromi habría quedado fuera del negocio. Por eso dijo en una entrevista con La Nación el año pasado que el proceso de importación de gas “ya no era transparente”, lo que originó la causa de Bonadio, que ahora avanza en contra de Dromi. Eso no quiere decir que el juez no vaya a investigar también la gestión actual. La intermediaria sigue existiendo, pero es YPF.
Próximos pasos. El 16 de septiembre Bonadio buscará confirmar un informe lapidario sobre Enarsa realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2010, que abarca sólo el análisis de la gestión de 2008 y 2009. Ese día deberá declarar como testigo el responsable de ese estudio, que resaltó varias irregularidades en el manejo de fondos de la empresa estatal en la compra de gasoil y gas natural, y remarcó que se estaban pagando sobreprecios.
En ese informe consta que Enarsa evadió entregar el contrato con la empresa de Dromi a la Comisión Fiscalizadora de la empresa. El organismo de control resaltó las diferencias entre el precio pagado por Argentina y el valor promedio del mercado. Hay varias irregularidades, según la AGN, que hablarían de un modus operandi en las importaciones: “Los precios de gasoil verificados en la documentación suministrada por Enarsa incluyen un valor de premio que excede los valores razonables de flete y seguro”, dice el informe. En 2009, el “exceso” rozó el 200%. Por eso, Bonadio pidió secuestrar “todos los expedientes de aseguro y reaseguro vinculados a la compra de gas licuado”, según los documentos que vio PERFIL. La AGN detectó que faltaban $197.412.984 en las cuentas de Enarsa de 2009. Además, se detectó “que una operación de compra de gasoil se concretó por encima del precio de mercado”.
