La Cámara de Apelaciones de Jujuy ordenó anoche que Milagro Sala deberá volver a la cárcel de inmediato. La líder de la Tupac Amaru cumple prisión domiciliaria desde el 31 de agosto en una de sus casas en las afueras de la capital provincial. Pero el tribunal entendió que los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no son obligatorios y que en este caso alterarían el orden jurídico porque Sala no cumple los requisitos para la domiciliaria. “No tiene más de 70 años, no es discapacitada y no tiene un hijo menor a los 6 años”, explicó una fuente judicial jujeña a PERFIL. La decisión de los jueces jujeños no cayó bien en la administración nacional. Funcionarios de Macri dijeron a este diario que mover el avispero con este caso puede traer ruido internacional innecesario, en un momento en que el Gobierno intenta resolver el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.
Los abogados de Sala recurrirán la medida y consideraron que el traslado de la dirigente al penal debe quedar sin efecto hasta que el recurso de la defensa se resuelva. Sin embargo, otras fuentes de los tribunales dijeron que creen que Sala tiene obligación de cumplir el fallo de la Cámara. Es decir, que tiene que volver a prisión. Hasta el cierre de esta edición, eso no había sucedido. El beneficio de la morigeración de las condiciones de detención había sido consensuado por los dos jueces que intervienen en las causas en contra de Sala, Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos. Después de un año y medio de su detención, la líder de la Tupac Amaru había conseguido, con mucha presión internacional e interna, que se cumpliera con el dictamen de la Comisión Interamericana, que recomendaba su salida de la cárcel.
La revocatoria puede complicar la situación del Gobierno y del Estado argentino ante los organismos de derechos humanos locales e internacionales. La CIDH ya había advertido que Argentina tiene la obligación de cumplir con sus recomendaciones dado que está suscripta a la Convención Interamericana.
Pero el problema se agravó cuando la Corte Suprema argentina resolvió, en un caso que afecta a Editorial Perfil, que ningún fallo de la CIDH puede tener efectos revisorios sobre la jurisdicción local. El fiscal Diego Cussel fue el que recurrió la domiciliaria de Sala con el argumento de que el beneficio alteraba la legislación penal argentina. Sala es investigada por quedarse con dinero que estaba destinado a viviendas sociales, que eran construidas por su organización social. También es investigada por episodios violentos y amenazas. Está procesada y muy complicada: hay varias pruebas en su contra.
Su defensa sostuvo, desde el principio, que más allá de su inocencia o culpabilidad, el principal problema era que su detención había sido arbitraria, porque la encarcelaron por un acampe. Sala siempre denunció persecución política. Sin embargo, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, lo negó.
