Antes de tomarse unos días de licencia, el juez Federal Julián Ercolini dio el visto bueno para que el fiscal Gerardo Pollicita avance en la recolección de nuevas medidas de prueba en la megacausa por presunta asociación ilícita que involucra al matrimonio presidencial, funcionarios de la mesa chica, y grupo de empresarios que aumentaron considerablemente sus arcas desde que Néstor Kirchner llegó al poder en 2003, según consta en la denuncia de Elisa Carrió.
Los investigadores del caso tienen varias líneas de exploración, una de ellas es la pista venezolana. En esa senda, la lupa está puesta sobre el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y Claudio Uberti, el ex director del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y principal involucrado en el cajoneado caso de los 800 mil dólares que intentó ingresar ilegalmente al país el enigmático empresario venezolano Antonini Wilson.
En ese marco, la Justicia solicitó a la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) el listado de todas las empresas que exportaron productos a Venezuela desde 2003 a la fecha. También se requirió al Ministerio de Exterior y al Ministerio de Planificación los detalles de todos los convenios que firmó Argentina con Venezuela, las normas de los fideicomisos en las que participan ambos países, y que se especifique cuál es sistema de selección que utiliza el Estado argentino a la hora de bendecir a las empresas que participan en los lucrativos negocios con la nación bolivariana.
